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Hace exactamente siete días, el pasado 28 de septiembre de 2023, la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General le envió un corto documento a la Corte Suprema de Justicia argentina relacionado con el proceso contra un ciudadano de ese país que es señalado de financiar a la guerrilla del ELN. Se trata de Roberto Jorge Rigoni, un ingeniero civil que, según el ente investigador, financió al ELN entre 2010 y 2013, mientras él dirigía la construcción del Oleoducto Bicentenario, entre los departamentos de Casanare y Arauca. En ese momento, Rigoni era uno de los funcionarios más antiguos de la multinacional Sicim, una reputada constructora de oleoductos fundada por el empresario italiano Gian Pietro Riccardi, quien falleció en medio de la pandemia del Covid-19.
Los documentos conocidos por El Espectador señalan que la Fiscalía acogió uno de los argumentos que la defensa de Rigoni había sostenido ante las autoridades colombianas para no ser extraditado: su delicado estado de salud. Desde febrero de 2021, su abogado en Colombia presentó una tutela que llegó a la Corte Constitucional en la que indicaba que “las especiales condiciones de salud y avanzada edad (80 años), en específico, presenta un estado de salud deteriorado -mediado por padecimiento de diabetes, un accidente cardio vascular, cáncer e hipertensión crónica-, es decir, circunstancias por las cuales fue alegado que se le impediría afrontar tanto el traslado hasta el país requirente, como el ser recluido en un establecimiento penitenciario en razón del estado de cosas inconstitucional que afronta Colombia″.
Una hoja firmada por la funcionaria Tatiana García Correa el pasado 28 de septiembre, cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, señala que además del delicado estado de salud de Rigoni, este tampoco tiene una orden de captura vigente y el proceso penal avanza de manera virtual. “En tal sentido, solicito que a través de su conducto se informe sobre la mencionada decisión a dicha representación diplomática (Argentina), con el fin de que procedan a tomar las decisiones pertinentes frente a la situación del Roberto Jorge Rigoni, teniendo en cuenta el retiro presentado por la Fiscalía General”, dice el documento de García Correa enviado a la Cancillería colombiana y que esta, a su vez, envió al alto tribunal argentino hace apenas dos días.
El proceso contra Rigoni
Su captura se realizó el 10 de mayo de 2019, luego de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra. Su detención causó tal revuelo, que el presidente Iván Duque destacó su captura y dos detenciones de miembros del ELN, en un contexto en el que el país todavía adelantaba investigaciones sobre el atentado perpetrado en enero de 2018 por ese grupo criminal a la Escuela General Santander en Bogotá, donde 22 miembros de la Policía murieron. Aunque la Fiscalía dice que Rigoni era un alto funcionario de Sicim, su abogado, Jhonny Díaz Ortega, asegura que él cumplía labores de capataz en la obra de 230 km de oleoducto entre los municipios de Yopal (Casanare) y Saravena (Arauca).
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De quien sí está comprobado que fungía como alto directivo de la compañía en ese momento era el argentino Francisco Elizondo, CEO de Simci en Colombia, que era procesado por la Fiscalía, pero falleció hace seis años. Aunque en diciembre de 2019 un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires aprobó en primera instancia la extradición de Rigoni, la Corte Suprema de ese país no había resuelto la apelación que presentaron los abogados del empresario para frenar el eventual envío a Colombia a responder por los hechos que se le acusan.
En 2012, a Rigoni le incautaron $180 millones que, según las autoridades, supuestamente le iba a entregar al ELN como pago de la llamada vacuna de protección. La investigación de la Fiscalía apunta a supuestos nexos de Sicim con las finanzas del Frente Oriental de Guerra del grupo criminal, comandado por alias Pablito: uno de los líderes más beligerantes de la estructura ilegal, que es parte del Comando Central (COCE) y a quien se le atribuyen secuestros, hostigamientos y constantes ataques al oleoducto Caño Limón – Coveñas. La Fiscalía explicó que este supuesto vínculo con los funcionarios de Sicim se produjo con alias la Gorda y Leidy, quienes crearon una fundación cívica en Arauca, a través de la cual habrían manejado personal y dinero de la guerrilla.
En medio de este proceso, también ha sido mencionado personal de Ecopetrol. La propia petrolera tuvo que despedir en 2015 a su gerente de transporte y logística de la estatal petrolera y que ofició como jefe de la construcción del Oleoducto Bicentenario. Su salida se dio porque habría recibido dinero por parte del CEO de Sicim Colombia, Francisco Elizondo, en un contexto que aún no ha sido aclarado por las autoridades, pero que, para la petrolera, viola el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo. El exgerente le dijo a la Fiscalía que sus reuniones con alias La Gorda fueron públicas y que no sabía de las supuestas conexiones que tenía con la guerrilla.
Fuentes del caso señalan que la supuesta relación de Sicim con la guerrilla ha girado en torno a si los pagos que se habrían hecho eran extorsiones o un pacto. Se trata de un viejo debate que también involucra a otras multinacionales como la Drummond, Prodeco, empresas bananeras y palmeras, que operaron durante años en regiones donde los grupos al margen de la ley eran la autoridad o se la disputaban con la Fuerza Pública. En el caso de Sicim, varios de sus contratistas y operarios sufrieron atentados por parte del ELN. Por ejemplo, en 2012, dos funcionarias fueron secuestradas y un ingeniero fue asesinado.
Incluso, en cruce de correos entre altos mandos del Ejército en Arauca y directivos de Sicim, quedó consignado el plan que tenía el ELN en 2012 de secuestrar a Rigoni, a otro argentino y a un turco que trabajaban para la multinacional. “Es clara y manifiesta la intención del ELN de secuestrar a personal extranjero de las compañías de la industria petrolera para presionar políticamente al Estado colombiano y además tener réditos económicos”, dice el correo electrónico de un alto oficial del ejército a la compañía italiana y recomienda que los empleados en riesgo sean reubicados y no se movilicen por tierra.
Así las cosas, el proceso contra Rigoni, quien desde 2019 se encontraba en detención domiciliaria, podría terminar con una condena en su contra, pero no tendría efectos restrictivos de la libertad en su contra en nuestro país. Además, los demás funcionarios que tenían una responsabilidad superior a Rigoni y posiblemente habrían tenido conocimiento de estos pagos fallecieron en los últimos años. Por lo que parece que este episodio de posible financiación de grupos armados por parte de grandes empresas estaría cursando su recta final.
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Por David Escobar Moreno
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