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Pasaron casi 20 años desde la última vez que la familia Martínez fue la propietaria oficial del predio El Bajo, en San Onofre (Sucre). En ese momento, la brutal carrera paramilitar por conquistar el norte del país y aferrarse a las mejores rutas para el narcotráfico, mientras se expulsaba a las guerrillas, obligó a la familia Martínez a vender su tierra para, al menos, rescatar algo en medio de tal panorama desolador. En una zona de la geografía nacional que, si no fuera por la avaricia de poder de los actores armados, sería una de las más paradisíacas del país. En 2005, los Martínez tuvieron que venderle a la reforestadora industrial Tekia, una filial del grupo Argos, que aprovechó el temor que recorría las venas de las víctimas para comprarles a precio de huevo. Este 28 de febrero, Tekia restituyó El Bajo a los Martínez por orden judicial.
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En el marco del proceso de restitución de tierras, Tekia hizo entrega oficial del predio El Bajo a víctimas del conflicto. En este caso, a la familia encabezada por Miguel Ramón Martínez, un hombre ganadero que abandonó el predio en 2004 y quien solo pudo regresar, un año después, para vender como último recurso a una empresa que venía con un único próposito: crear, como lo hizo por dos décadas, un imperio a base de explotación de madera tipo teca, en un macroterritorio ubicado allí y en 20 predios cercanos que compraron y acumularon justo cuando la guerra espantaba a centenares de campesinos inocentes. “Es el cierre de una herida abierta por años en nuestros corazones. Volvimos a la tierra que es de nuestros padres. ¡No somos ningunas falsas víctimas! Aquí estamos nuevamente los Martínez, dispuestos a quedarnos”, señaló José Benavides, representante de las víctimas durante el evento.
La entrega material contó con la presencia de la magistrada del caso, así como de la Fuerza Pública, la Alcaldía de San Onofre y la Unidad de Restitución. El señor Miguel Ramón Martínez decidió no asistir por motivos personales, pero su hijo, con el mismo nombre, recibió el predio en nombre de la familia. “Estamos felices. Sentimos que es el cierre de un capítulo del que necesitábamos justicia. Pero, no estoy del todo conforme”, explicó. Como lo constató Martínez, hijo, el predio El Bajo necesita arduas adecuaciones, pues por década y media fue utilizado para la industria de la teca, cuyos rebrotes quedaron sembrados. Por tanto, Tekia y las autoridades locales firmaron un acuerdo para que este conglomerado económico invierta en un proceso de recuperación y fortalezca los proyectos productivos a los que accederán los Martínez.
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La entrega material hace parte de un capítulo particular del conflicto: la participación de empresas en el despojo o el aprovechamiento de este. Según la Unidad de Restitución, el grupo Argos y sus filiales han perdido en 19 expedientes fallados por jueces y magistrados quienes, en general, consideraron que este conglomerado no compró de buena fe y con la debida honradez que le correspondía a un inversionista que busca entrar con tal fuerza en una zona del país. Incluso, las estadísticas permiten probar que fue una actividad sistemática, pues a 17 empresas les reclaman tierras despojadas en la zona de los Montes de María, recordada por eventos así de trágicos como la masacre de El Salado, en el 2000, en El Carmen de Bolívar. Los paramilitares jugaron fútbol con las cabezas de las víctimas.
En el caso particular del predio El Bajo, la historia judicial da cuenta de que hace parte de un expediente en el que se acumularon 21 casos de restitución, de extensos predios que terminaron a la postre en manos de Tekia y su gran proyecto industrial de 2.000 hectáreas. Como constató el Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia de agosto de 2023, las víctimas de esta historia tuvieron que abandonar sus respectivas tierras entre 2003 y 2005, en medio de secuestros extorsivos, incidentes con minas antipersona, el constante hurto de animales y los recurrentes combates de guerrilleros y paramilitares. Campesinos y ganaderos como Miguel Ramón Martínez pagaban vacunas a cada uno de los grupos y, dependiendo del control, cedían sus predios para el disfrute de los armados, a cambio de conservar su vida.
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El momento clave del desplazamiento data de enero de 2003, cuando guerrilleros y paramilitares se enfrentaron en un combate feroz. A partir de entonces, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y el Urabá controlaron la región, en donde luego se reunirían con el Bloque Héroes de los Montes de María. Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, se ubicó como jefe máximo de San Onofre, al punto que en su finca “El Palmar” se castigaba a todo enemigo, colgándolo del cuello y siendo enterrado en fosas comunes que hoy son del máximo interés de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Según la Defensoría, entre 2003 y 2012, más de 1.165 víctimas terminaron expulsadas del municipio.
En ese contexto, Valentín Viera Fernández, representante legal de la entonces denominada Reforestadora del Caribe (hoy Tekia), convenció a las víctimas de firmar contratos de compraventa en marzo de 2004. Así declaró Muguel Ramón Martínez sobre si le pareció justo vender: “Yo pensé que sí podía ser un poquito más, aunque la verdad es que nosotros la vendimos por la situación que estábamos viviendo en el momento”. El Tribunal Superior de Cartagena le reprochó a la filial de Argos que era absolutamente palpable la situación de violencia como para hacer negocios jurídicos. Y que nunca hubo —ni hay— una época de postconflicto en la región, porque, tras la salida de la guerrilla y la desmovilización paramilitar, las riendas quedaron en manos de Los Urabeños, hoy Clan del Golfo.
Este caso particular tomó connotaciones nacionales el año pasado, cuando el presidente Gustavo Petro refirió los antecedentes, en una entrega de predios abanderada por la Agencia Nacional de Tierras en los Montes de María. “Se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, señaló el mandatario. En respuesta, el grupo Argos comentó que siempre “actuaron de buena fe”. Una respuesta, a todas luces, falsa. Asimismo, durante el proceso de restitución, señalaron que contaron con el pleno consentimiento de los vendedores, quienes “hicieron negocios de forma voluntaria y libres de amenazas”. Que, para cuando compraron, fueron invitados por el entonces gobierno Uribe a invertir en la zona, según el Conpes 3237 de 2003. Y que algunos campesinos estuvieron tan a gusto de vender que “invitaron a sus casas a los representantes de la Reforestadora a celebrar el negocio”. Llegaron a decir que le compraron a estudiados, pero, según el Tribunal, eso de ninguna manera exime a una víctima de su condición.
Aunque las víctimas se abrazaron y, de cierta forma, cantaron victoria después de casi dos décadas, este cuento judicial sigue siendo de terror. Aunque el Tribunal de Cartagena probó la condición de víctimas de campesinos en 21 expedientes, solo tres solicitantes decidieron volver a la zona rural de San Onofre. Los demás tienen un miedo arraigado en los huesos que los obligó a solicitar la compensación económica, pues aquí siguen mandando los alzados en armas y son los miembros del Clan del Golfo, conformado, a propósito, de reductos paramilitares. En términos de la Ley colombiana, se hizo justicia. El problema, ahora, es que esta violencia reciclada sigue creciendo, como crecieron árboles de teca en estos predios marcados con sangre en los Montes de María.
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