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La mano de la justicia, en el contexto de la contratación pública para mitigar el COVID-19, tiene al gobernador de Chocó Ariel Palacios en graves problemas penales y disciplinarios. Siendo la máxima autoridad del departamento, está bajo detención domiciliaria, acusado ante la Corte Suprema de Justicia y en juicio en primera instancia ante la Procuraduría. Un ramillete de investigaciones que confluyen en la misma hipótesis: Ariel Palacios habría malversado millonarios recursos públicos para combatir la pandemia.
En contexto: Tribunal ordenó detención domiciliaria a gobernador del Chocó, Ariel Palacios
Empecemos por lo más reciente. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el pasado 23 de marzo la detención domiciliaria contra el gobernador Palacios. La magistratura encontró que el funcionario público debe apartarse de su cargo mientras avanza un reciente proceso penal que anunció la Fiscalía. A principio de mes, tras indagar en el contrato N°3 de abril de 2020, el ente investigador lo imputó por los delitos de prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Ese contrato tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad para frenar la llegada del COVID, el cual entonces aparecía como una seria amenaza y que, a la fecha, en Chocó ha dejado 427 muertos según el Instituto Nacional de Salud; además, han sido reportados más de 18.000 casos. Sin importar el desarrollo que ha tenido la enfermedad en la región, la Fiscalía cree que Palacios incumplió gestiones básicas como publicar, en un término de tres días y no tres meses después, como al parecer pasó, el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
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“Las evidencias dan cuenta de que el mandatario celebró el citado contrato, cuyo valor superó los $220 millones, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”, señaló el ente investigador el pasado 10 de marzo.
Las cifras se multiplican en la pesquisa que ya está adelantada en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. El 15 de marzo de 2021, la Fiscalía lo acusó y lo llevó a juicio por presunta celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa. Esta vez, las irregularidades rodearían el contrato N° 198 de abril de 2020, por el valor de $2.000 millones.
En contexto: Procuraduría suspende al Gobernador del Chocó por supuesta corrupción
Se trata de un acuerdo de prestación de servicios firmado a favor, y al parecer de manera directa, de la Fundación Chocó Saludable, para “realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”. Además, se buscaba la difusión de mensajes en pasacalles, vallas, plegables, cuñas y hasta piezas audiovisuales. Un proyecto para atenuar una enfermedad que, para entonces, crecía como espuma por el país.
Aparte de una presunta escogencia a dedo, el fiscal Gabriel Jaimes en su momento dio otros detalles de la acusación: “La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación en virtud de la coyuntura. Se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas instituciones prestadoras de salud del departamento. De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de la población priorizada y desatendió las deficiencias en salud pública”.
Opinión: Contratocracia
El contrato N° 198 de abril de 2020 sí que le ha traído dolores de cabeza a Palacios. Días después de que la Gobernación tranzó el trato, en un expediente disciplinario, la Procuraduría suspendió por tres meses al funcionario público. Encontró que, presuntamente, la mayoría de las actividades a desarrollar no eran imperiosas y tampoco podrían considerarse como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia. El ente de control agregó que había, entonces, necesidades urgentes como el pago de salarios y dotación de elementos de bioseguridad a personal médico y de enfermería.
Por tres meses, así como ahora, Ariel Palacios quedó alejado de sus funciones. Luego, para noviembre de 2020, la Procuraduría formuló el pliego de cargos contra el gobernador, lo cual significó situarlo en posición de juicio y, por tanto, dejarlo ad portas de una posible destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. “El contratista al parecer carecía del atributo que le permitiera ejecutar el negocio jurídico, ya que aparentemente iba a subcontratar con otras personas el desarrollo de las actividades del contrato”, concluyó el Ministerio Público.
Antecedentes: Los números de la Procuraduría sobre contratos irregulares para mitigar el COVID-19
Aparte, en la Procuraduría tiene en curso otra indagación a raíz de una columna de opinión del periodista Yohir Akerman, del 3 de mayo de 2020. En el texto se pone de presente que aparte de los acuerdos COVID, Palacios podría dar explicaciones por presuntos amiguismos en la contratación pública. Se enseñó el contrato N° 1 del 26 de marzo de 2020, suscrito entre Palacios y la empresa Distribuidora Jifar SAS. El representante de esa organización es Jefferson Edwin Jiménez, quien al parecer habría apoyado la campaña del detenido gobernador.
Ayer 24 de marzo, funcionarios de la Fiscalía tomaron las huellas del gobernador Ariel Palacios y gestionaron su captura con fines de detención domiciliaria. Su periodo inició en 2020, va a la mitad de camino y ya tiene a cuestas una acusación y una imputación en el ámbito penal. Además, un juicio disciplinario, en cuyo expediente quedó registrada una suspensión de tres meses. Ariel Palacios, un funcionario público en problemas.
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