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En junio de este año, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución de 1991 para permitir la pena de prisión perpetua en Colombia, en casos de homicidios dolosos y violación de menores de 18 años. Lo que es considerado un logro por el gobierno Duque y un objeto de crítica para la academia y sectores políticos está hoy en manos de la Corte Constitucional, que admitió tres de ocho demandas que se han presentado para tumbar el Acto Legislativo 01 de 2020. Los argumentos que estudiará el alto tribunal apuntan a que no solo no se va a proteger de manera efectiva y eficaz a los niños y niñas, como se dijo en el Congreso, sino que, con una medida populista, se están sustituyendo elementos fundamentales de la carta política como la dignidad humana.
Las demandas las presentaron por separado Andrés Sánchez Molina, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana, que lidera el profesor Norberto Hernández Jiménez, y los juristas Paula Barragán Palacios y Sebastián Sánchez Gallo. En diálogo con El Espectador, los demandantes, ante todo, fueron enfáticos en señalar que sus intenciones no son desproteger a los menores de edad ante delitos tan atroces como los sexuales ni favorecer a los abusadores, sino combatir una medida populista que se presenta como la única forma para combatir estos crímenes, cuando en realidad —exponen— no incide en forma favorable para reducirlos.
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“Hay que proteger a los niños de delitos gravísimos, pero recurrir a la herramienta fácil del derecho penal es insuficiente. El Estado debe hacer programas de políticas públicas, de pedagogía, en los cuales las víctimas se sientan más seguras para denunciar. Decir que ya se protegió a los niños porque se creó la cadena perpetua es superficial, no abarca el problema de fondo y no llega a una solución concreta”, dijo el profesor Hernández. “Se está dando contentillo, pero sacrificando principios constitucionales”, apuntó Andrés Sánchez. Mientras que Barragán y Sebastián Sánchez dijeron que los únicos beneficiados son quienes necesitan votos: “Los congresistas”.
Y es que, en su criterio, la pena perpetua no soluciona los altos grados de impunidad ni tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, el potencial violador de menores se encuentra en la familia. En cambio, la reforma cambia puntos esenciales de la Constitución de 1991, como la dignidad humana, la supremacía constitucional, la prohibición de penas imprescriptibles que se derivan del derecho a la libertad, entre otros, excediendo las facultades que tienen para ello los congresistas. ¿Por qué la dignidad humana? Porque la pena no solo está creada para castigar y prevenir delitos, sino también para lograr la resocialización. “No es apartar al condenado como algo inservible, sino buscar su transformación y que vuelva a ser un elemento valioso para la sociedad”, señaló Andrés Sánchez. “Se instrumentalizan a las personas pensando que son incorregibles cuando el derecho no admite esa posibilidad”, agrega Hernández.
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Paula Barragán y Sebastián Sánchez agregaron que los detenidos tendrían que estar sometidos a perpetuidad en un sistema carcelario hacinado y con precarias condiciones, que fue declarado en estado de cosas inconstitucional por la misma Corte Constitucional en fallos de tutela: “Doblegar a una persona a vivir en esas condiciones anula el objeto de protección que emana de la dignidad humana constituyéndose como una pena cruel, inhumana y degradante”. De esta forma, se estarían vulnerado la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son mandatorios por cuenta del bloque de constitucionalidad y podría traer como consecuencias posibles demandas de reparación por privaciones injustas de la libertad (uno de los ítems por cuales el Estado debe indemnizaciones) y mayor congestión en el sistema judicial.
Un elemento clave de la reforma es que permite revisar la pena perpetua impuesta por una sola vez, a los 25 años. Para los demandantes es claro que si la revisión falla, también el fin resocializador de la pena (que se volvería indeterminada). “Esto además tiene un efecto psicológico importante para las personas privadas de la libertad que terminan siendo condenadas a muerte en vida, pues es una posibilidad remota y difícil de aplicar”, dijo Hernández. Y sería de alguna forma contradictoria que la pena por graves crímenes contra menores de edad quede zanjada en 25 años, cuando actualmente la ley contempla penas hasta por sesenta años para estos y más cuando los congresistas lo que buscaron fue realmente incrementar las penas existentes para esos delitos, explicó el abogado Sánchez.
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Las demandas fueron admitidas por el magistrado Luis Javier Moreno, quien reemplaza temporalmente a Luis Guillermo Guerrero. Este último terminó su período a comienzos de septiembre pasado y en ese despacho se posesionará el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de estirpe conservadora, elegido el pasado 27 de agosto. Previo a ello, Guerrero había ordenado a los demandantes corregir algunos puntos de sus escritos porque —en su criterio— no se tenía en cuenta que la pena perpetua está avalada por el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, del cual Colombia hace parte y que allí también se contempla el período de 25 años para la revisión. Pero para los demandantes, esta es una postura insuficiente
Primero, según Andrés Sánchez, porque la propia Corte Constitucional, al pronunciarse sobre ello en 2002 puntualizó que, en el eventual escenario, “dicha pena no puede ser impuesta por jueces colombianos ni en territorio colombiano. Además, la pena perpetua es superexcepcional en la CPI y para llegar allá es necesario que las instancias internas no hayan trabajado, que haya habido incapacidad para juzgar criminales o que no se haya querido hacerlo”. Hernández agregó que en el Estatuto de Roma se contempla la pena perpetua como una menos gravosa que la pena de muerte, mientras que en Colombia se está imponiendo la pena perpetua como una más grave a las existentes para delincuentes sexuales de menores.
(“La academia contra la cadena perpetua”, análisis de Rodrigo Uprimny)
Para los demandantes, el Acto Legislativo 01 de 2020 tiene otros problemas, pues no se enfoca en las víctimas en ningún aparte , no tiene un sustento científico que demuestre que aplicarla disminuye los delitos sexuales y no explica por qué entonces otros hechos más gravosos, como el genocidio, por ejemplo, no están penados de esta forma, lo que sería violatorio al derecho a la igualdad. Por ahora, la Corte Constitucional les pidió conceptos sobre este tema a la Corte Suprema, la Defensoría, la Comisión Colombiana de Juristas (cuya demanda no fue admitida), varias universidades del país y la Procuraduría General. Este álgido debate apenas comienza.
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