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El asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez volvió a poner en el mapa nacional la difícil situación de orden público que afronta Cúcuta desde hace décadas. El crimen, perpetrado en la mañana del pasado 14 abril, causó tanto revuelo que incluso el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía investigar el asunto a fondo, ya que el hecho ocurrió en un contexto en el que confluyen varios grupos criminales que tendrían nexos con la ilegalidad. Incuso, el propio Vásquez denunció recientemente varios de estos hechos en su canal de Facebook y en los que advertía posibles amaños de contratos en la Gobernación de Norte de Santander.
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Además, la cercanía con la frontera entre Venezuela y Colombia, permite que la ilegalidad se refugie allí y, a su vez, permitiera que durante años distintas estructuras ilegales se disputen el territorio. El Espectador conoció informes de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que advierten como más de una decena de bandas y grupos criminales tiene injerencia en Cúcuta y su zona metropolitana, que comprende los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Los documentos conocidos por este diario, que hace una radiografía de lo que ha sucedido en esta zona entre 2023 y 2024, advierten que además del Clan del Golfo y el ELN, hay cuatro bandas transnacionales en esta pugna mafiosa.
Se trata de los Porras, AK47, los Lobos y Carlos Pecueca, que tienen origen venezolano, pero han extendido su tentáculo más allá de la frontera con Colombia. La primera de ellas tiene control en varias comunas de Cúcuta, pero principalmente en la ocho, donde su líder, Ever Carreño ordenaba acciones criminales como el sicariato. En febrero de 2024 fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, pues se detectó que desde la cárcel de Cúcuta seguía ordenando asesinatos. La segunda banda que tiene gran poderío en la ciudad son los AK47, liderada por un hombre conocido con el alias de Saúl y que también estaría ligada a homicidios en ambos de la frontera. Aunque fue capturado en septiembre de 2023, pero sus fichas siguen afuera.
Otro capo criminal que azotaba a Cúcuta y que ahora está en prisión es Horman Lobo, quien desde 2021 también manejaba varias ollas de expendio de drogas y que ha ganado terreno a sangre y fuego. Los hombres que ahora están al mando de las calles ahora se rotulan bajo el nombre de su encarcelado jefe: los Lobos. El último de los delincuentes que están en el ojo de la Fiscalía por sus acciones sicariales en la capital de Norte de Santander es alias Carlos Pecueca, un hombre que aunque se cree autónomo, la Policía ha dicho que es una ficha importante para el Clan del Golfo, la organización sucesora del paramilitarismo que estuvo liderada por Otoniel.
Esa presencia de estos grupos criminales (más el ELN y las disidencias) ha generado que sectores sociales, como los líderes sociales, estén bajo fuego. La Fundación Progresar, quien se encarga de monitorear hechos de violación de derechos humanos en Norte de Santander, indica entre 2021 y 2023, 102 líderes sociales fueron amenazados de muerte en el área metropolitana de Cúcuta. “Acompañamos durante el 2023 un promedio de cinco casos mensuales, lo cual ha generado un desplazamiento de líderes sociales (…) El aumento de los casos cuya responsabilidad son de las disidencias de las FARC, del ELN, de los paramilitares de las AGC y de la banda de Porras”, señaló Progresar en un informe de enero de 2024.
Fuentes de la DIJIN de la Policía, han dicho que la ciudad es apetecida por grandes estructuras criminales porque es un centro de lavado de activos a través del contrabando fronterizo. Además, dicen la misma fuente, ha sido una zona que en el pasado también se disputó violentamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el proyecto paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Incluso, alcanzaron a controlar la ciudad cuando el alcalde fue Ramiro Suárez Corzo (2004-2007). Además, en el pasado reciente los grupos criminales perpetraron dos hechos que dejaron claro que la seguridad del departamento tiene serias falencias y que la ilegalidad tiene gran poder logístico.
El 15 de junio de 2021, el frente 33 de las disidencias de las FARC atacó a la Brigada 30 del Ejército, ubicada en Cúcuta. A través de un carro bomba, los anillos de seguridad fueron burlados y dejó 36 heridos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Diez días después, en el aeropuerto de la misma ciudad, hombre del frente 10 de las disidencias de las FARC dispararon en seis oportunidades contra el helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque. Aunque en ese momento, el ministro de Defensa, Diego Molano señaló que se iba a reforzar la seguridad con más hombres, la medida no fue suficiente. En diciembre de ese año, las mismas disidencias pusieron otra bomba en la pista del aeropuerto.
Lo cierto es que las autoridades ahora también anunciaron nuevas medidas para mejorar la seguridad urbana de la capital del departamento, medios de comunicación locales han dicho lo difícil que es hacer veeduría sobre cómo los clanes políticos del departamento usan el erario público y de sus posibles vasos comunicantes con la corrupción y el crimen organizado en la ciudad. Por ahora, la Fiscalía destacó a un grupo de funcionarios para que investiguen los hechos que rodearon el asesinato de Vásquez, en el que, además, hay denuncias de posible alteración de la escena del crimen.
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