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A nueve meses del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la justicia dio a conocer una nueva decisión en contra de una de las personas implicadas en el crimen. En la mañana del 6 de diciembre, el juez quinto penal con función de conocimiento de Bogotá leyó la sentencia condenatoria en contra de Carlos Eduardo Mora González, alias “el Veneco”. El hombre aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Pagará 21 años de cárcel y una multa que supera los COP 13.000 millones.
Mora González fue una de las personas que participaron en la planeación del ataque sicarial ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Ese día, un menor de 15 años accionó en al menos ocho oportunidades una pistola Glock, de nueve milímetros. Dos de las balas impactaron en la cabeza y una más en una de las piernas del precandidato presidencial del Centro Democrático, quien dos meses después, en la madrugada del 11 de agosto, falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy, dos personas tienen condenas por este crimen y otras siete han sido capturadas e imputadas. Sin embargo, la justicia avanza a pasos lentos y al expediente aún lo rodean más preguntas que certezas.
Desde la hora cero del crimen, las autoridades se empezaron a mover para intentar esclarecer los móviles y los responsables de ese magnicidio. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares abrieron una línea de investigación en inteligencia, paralela a la penal ordenada desde el búnker. Una indagación que, según han dicho altos funcionarios y hasta el propio presidente Gustavo Petro, apuntaría a la Segunda Marquetalia de alias “Iván Márquez”. Pero la mayor parte está en manos de los funcionarios del búnker de la Fiscalía, que tienen en sus manos el copioso expediente. El Espectador reconstruye las movidas claves del caso al día de hoy.
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El sicario y la red de “Plata o plomo”
La misma tarde en que Uribe Turbay fue víctima del atentado, hombres de su esquema de seguridad identificaron al menor de 15 años que, en medio de un mitin político al que asistía el senador, accionó el arma. Uno de los escoltas disparó y lo hirió, impidiendo su huida. El joven fue detenido y trasladado a una clínica de la ciudad de Bogotá, donde luego de ser atendido fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. El menor aceptó su responsabilidad y el 27 de agosto de 2025 fue sancionado en primera instancia con una pena de siete años de privación de la libertad en un centro especial de reclusión de menores.
La decisión, confirmada el 8 de octubre de ese año por el Tribunal Superior de Bogotá, fue objeto de cuestionamientos por parte de Víctor Mosquera, abogado de la familia de Uribe Turbay, quien pidió la modificación del delito de homicidio en grado de tentativa. Pero el recurso fue rechazado. En un diálogo con este diario, el jurista señaló en su momento que el Código de Infancia y Adolescencia es “un limbo” a la hora de decidir en este tipo de casos y que, al rechazar recursos como el de la modificación de la acusación por un delito que ya se había consumado (el de homicidio), “está incentivando el reclutamiento de menores para cometer crímenes graves, porque las estructuras criminales se valen de esa salvaguarda jurídica”.
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La segunda captura ocurrió el jueves 12 de junio. Ese día, las autoridades detuvieron a Carlos Eduardo Mora González, alias “Venezolano”, señalado de ser la persona encargada de manejar un vehículo tipo Spark, color gris, en el que Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, llegó hasta el parque El Golfito, del barrio Modelia, la tarde del atentado. En ese vehículo, según registros de cámaras de seguridad y las declaraciones del hombre, la mujer le habría entregado la pistola al menor sicario. Mora González llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su responsabilidad en los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos.
El 21 de octubre de 2025, el juez quinto penal con función de conocimiento de Bogotá le dio luz verde a ese preacuerdo y lo avaló. Cuatro meses y medio después, el 6 de marzo de 2026, la decisión se oficializó con la lectura de la sentencia condenatoria contra Mora González. La movida más reciente que ha tenido el caso. Ese mismo día, la abogada del hombre quiso renunciar a su rol como defensora. Sin embargo, el juez negó esa solicitud argumentando que, en su concepto, se trataría de una movida para dilatar el proceso penal, y que según la ley debía haberlo informado con al menos cinco días de antelación. “El Veneco”, por ahora, seguirá recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
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En la mañana del 14 de junio de 2025, la Policía capturó a alias “Gabriela” en Florencia (Caquetá). La mujer, oriunda de Barranquilla (Atlántico), se había fugado a esa ciudad después del atentado. Las autoridades la trasladaron al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, donde fue imputada por los cargos de porte ilegal de armas, homicidio y utilización de menores para la comisión de delitos. Su captura puso en el mapa de la investigación, por primera vez, la posible relación del magnicidio con grupos al margen de la ley que operan en el suroccidente del país y que estarían dentro de la baraja de posibles determinadores del crimen.
Inicialmente se habló de la posible intervención de la Segunda Marquetalia, disidencia comandada por alias “Iván Márquez”, pues al parecer el motivo de la fuga de la mujer hacia Florencia estaría relacionado con el apoyo que recibiría allá para recibir formación por parte de grupos al margen de la ley. Así lo reveló la Fiscalía el pasado 23 de febrero, cuando una jueza de Bogotá avaló el preacuerdo al que la mujer llegó con la Fiscalía: entregar información sobre la red señalada con la planeación y ejecución del crimen, de la cual ella hizo parte al haber participado en reuniones estratégicas. A cambio, alias “Gabriela” pagará una pena de 21 años y dos meses de prisión.
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Otras cuatro personas fueron capturadas en los meses siguientes de 2025, señaladas por la Fiscalía de hacer parte de una organización criminal que tendría el nombre de “Plata o plomo” y en la cual se habría fraguado la ejecución del asesinato. Se trata de William Fernando González Cruz, capturado el 19 de junio; Cristian Camilo González Ardila, quien se entregó a las autoridades el 18 de julio; Harold Daniel Barragán Ovalle, capturado el 30 de agosto, y Jhorman David Mora Silva, capturado el 24 de octubre. Estas personas están imputadas por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos, porte de armas y ocultamiento o destrucción de evidencia.
Del primer organigrama que construyeron las autoridades sobre quienes habrían perpetrado el crimen, la captura más importante es, tal vez, la de Elder Jose Arteaga Hernández, alias “Chipi”, acusado el pasado 26 de febrero por los mismos cinco delitos, los cuales no fueron aceptados. La Fiscalía lo señala de ser presuntamente el líder de la organización criminal “Plata o plomo” y el cerebro logístico detrás de los hechos del 7 de junio. El ente investigador sostiene que la estructura ilegal habría sido la encargada de planear y ejecutar el atentado contra el político del Centro Democrático por medio de un grupo de WhatsApp, a través del cual se habrían hecho al menos cuatro llamadas en días previos para, al parecer, coordinar el magnicidio.
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Pistas sobre la Segunda Marquetalia
La última captura relacionada con el caso de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 27 de octubre de 2025, en Brisas de Güejar, un caserío del municipio de Puerto Lleras (Meta). Se trata de Simeón Pérez Marroquín, imputado por cuatro de los cinco delitos por los que son señalados los demás implicados, excepto el de ocultamiento o destrucción de evidencia. Sin embargo, lo clave de su detención, según la teoría de la Fiscalía, es que esta persona sería el intermediario entre la organización “Plata o plomo” y los determinadores que habrían dado la orden de asesinar al senador del Centro Democrático. Su captura le dio fuerza a la teoría que relaciona el crimen con la Segunda Marquetalia de alias “Iván Márquez”.
El ente investigador dice que ha recopilado información que daría cuenta de la forma en la que Pérez Marroquín, también conocido como alias “El Viejo”, le habría ordenado a alias “Chipi” ponerse al frente de la planificación del crimen y le habría entregado armas y dinero a alias “Gabriela”. Además, le habría proporcionado a la mujer un teléfono y dinero para que se desplazara hacia Caquetá donde, en efecto, al momento de su captura, le fue decomisado COP 1 millón en efectivo. “Allí integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones”, dijo la Fiscalía al respecto.
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La teoría de la presunta participación de la Segunda Marquetalia tuvo eco en la investigación ordenada desde el Ministerio de Defensa. El entonces director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, dijo en una rueda de prensa que tenían pistas que apuntaban a que ese grupo ilegal podría estar detrás del magnicidio. El general William Rincón, quien actualmente está a la cabeza de la institución, se refirió al respecto después de la captura de Pérez Marroquín. “La estructura criminal que determinó el homicidio es la Segunda Marquetalia. ‘El Viejo’ habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, dijo el oficial el pasado 28 de octubre.
La versión entregada desde el sector Defensa causó, en principio, un choque de trenes con la Fiscalía. Incluso, cuando la Policía citó a una rueda de prensa conjunta para hablar sobre la captura de “El Viejo” y el posible rol de la Segunda Marquetalia, desde el búnker señalaron que no tenían información al respecto y se negaron a participar de ese pronunciamiento. Sin embargo, el ente investigador no ha desechado esa hipótesis y está dentro de las líneas de la indagación que adelanta. Un proceso que, pese a que ha permitido las capturas de nueve personas en menos de un año, aún tiene camino por recorrer hasta resolver la principal pregunta sobre el caso: quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay.
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