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“Es un guerrillero”. Esa fue la excusa de tres agentes de la antigua Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE), hoy Gaula, quienes intentaron encubrir la muerte de Edgar Sánchez Duarte, un optómetra vallenato quien fue asesinado frente a su esposa e hijos el 13 de septiembre de 1993. Luego de casi tres décadas, el Estado colombiano y la familia de la víctima llegaron a una “solución amistosa”, conciliación tras la cual habrá una reparación.
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Serán trece las personas reparadas por el Estado, el cual aceptó responsabilidad por el asesinato de Sánchez y el torpe avance investigativo durante 27 años. Entre los familiares está la viuda de la víctima, uno de sus hijos y los hermanos del hombre que, en 1997, se graduó como optómetra de la Universidad de la Salle en Bogotá. El pasado 3 de diciembre, día que cumpliría años Edgar Sánchez, Colombia ofreció perdón a los familiares, pero faltaba definir detalles de la conciliación.
“Lamentamos profundamente el dolor que ha tenido que padecer toda la familia. Lamentamos que sus padres ya fallecidos, no hayan podido acceder en condiciones de igualdad a la justicia y a las medidas de reparación efectivas dirigidas a compensar de alguna manera el sufrimiento causado por la muerte de Édgar José. Reiteramos nuestra convicción en que el camino de la paz, el perdón y la reconciliación se constituye en la única salida para hacerle frente a la violencia”, expresó un funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Todo comenzó el 13 de septiembre de 1993. Ese día, Edgar Sánchez Duarte recibió tres disparos de arma de fuego por, como lo denunció su familia, agentes de la antigua UNASE, quienes trabajaban en el Batallón de la Popa de Valledupar, César. Los funcionarios públicos le habían hecho un abusivo seguimiento durante días a la víctima, pues consideraban que era miembros de la guerrilla de las extintas Farc.
Una vez Sánchez Duarte fue asesinado, testigos lograron anotar la placa del vehículo desde el cual le dispararon la víctima de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidas como con “falsos positivos”. Luego, tras las primeras pesquisas, se pudo determinar que el mismo medio de trasporte estaba asignado a la UNASE. La familia del optómetra denunció que, el 15 de septiembre de 1993, el mismo vehículo había regresado a la casa de Sánchez Duarte, y que el conductor habría preguntado por la familia que residía allí.
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En menos de un año, el 31 de julio de 1994, el Juzgado Cuarto Penal de Circuito de Valledupar sentenció a 30 años de prisión, por el delito de homicidio, a un soldado retirado del Ejército. Luego, el 27 de octubre de 1994, el Tribunal Superior de Valledupar confirmó esa sentencia. La persona condenada confesó que condujo el vehículo de aquel fatídico día y, además, responsabilizó a un Comandante mayor de la UNASE y a otros dos uniformados por ordenar y perpetrar el crimen, respectivamente.
Los tres uniformados salpicados por el soldado condenado empezaron a ser investigados desde el 3 de enero de 1995. Incluso, el 5 de noviembre de ese año, la Fiscalía detuvo al Comandante Mayor involucrado. “Los peticionarios señalaron que, desde dicha detención, los familiares de la presunta víctima empezaron a recibir amedrentamientos, presuntamente por parte de miembros del UNASE, quienes en sus vehículos rondaban y vigilaban la vivienda de los padres del señor Sánchez Duarte para intimidarlos”, agregó la CIDH.
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Sin embargo, todo cambió el 14 de noviembre de 1995, cuando el proceso fue remitido a la Justicia Penal Militar, dado que los implicados eran miembros activos del Ejército. Dos días después, el despacho militar tomó una decisión sorpresiva para la familia de Sánchez Darte: excluyó de las investigaciones a uno de los agentes, liberó al Comandante Mayor y siguió el curso de las pesquisas contra el uniformado restante, quien al final fue condenado. Dos años después, el Consejo Verbal de Guerra cesó todo procedimiento contra el comandante Mayor.
“Los peticionarios señalaron que el 2 de julio de 1998, el Tribunal Superior Militar se habría abstenido de conocer la apelación y habría remitido el caso al Tribunal Superior de Valledupar, por considerar que los hechos no se relacionaban con el servicio militar”, agregó la CIDH. En la jurisdicción ordinaria, alegan los familiares del optómetra, el proceso contra el Comandante Mayor precluyó. La exesposa y una de las hijas de Sánchez Duarte presentaron demanda de reparación al Ministerio de Defensa, que fue concedida por el Tribunal Administrativo de Cesar.
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Los familiares restantes también exigieron reparación directa, demanda que fue concedida por el mismo tribunal en febrero de 1997. Sin embargo, el Ministerio de Defensa apeló la decisión, y el Consejo de Estado ordenó tumbar las indemnizaciones. La alta corte señaló que la calidad de militares de los involucrados, no quería decir que habían actuado en calidad de agentes del estado. Ante los contrastes de la justicia contra la familia del optómetra, la CIDH intervino y logró una solución amistosa entre las partes, recién firmada el año pasado.
Ahora, el Estado deberá garantizarles a los familiares, a través del Ministerio de Salud, atención médica, psicológica y psicosocial a través del sistema de seguridad social. Además, a través del Ministerio de Educación y el ICETEX, uno de los hijos de Sánchez Duarte recibirá un auxilio económico, para que obtenga un título como tecnólogo, profesional o especialista. Asimismo, el Ministerio de Defensa reparará a la familia económicamente, por uno caso más de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
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