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Uno de los movimientos que ordenó alias Otoniel, líder del Clan del Golfo y el hombre más buscado por las autoridades colombianas, era instaurar una oficina sicarial en Casanare que le permitiera abrirse paso en el mundo criminal de ese departamento, en el cual confluyen disidencias de las Farc y antiguos miembros de grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) del exjefe paramilitar Martín Llanos y que no se desmovilizaron. Esa petición de Otoniel empezó a ser percibida por las autoridades luego de que, entre mayo de 2020 y 2021, se perpetraron 24 homicidios en los municipios de Yopal, Monterrey, Villanueva, Maní, Tauramena y Pore.
Aunque en un inicio las autoridades no sabían qué organización estaba detrás de esa oleada violenta, pronto, en diciembre de 2020, la Policía y la Fiscalía empezaron a recibir información sobre los planes de Otoniel para expandirse en estos municipios a fuego contra las personas que se resistieran a que su gente entrara a controlar rentas ilegales como el narcotráfico. En ese momento los investigadores de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía identificaron un patrón de criminalidad de esta organización armada que siguió matando gente durante el primer semestre de 2021.
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Fuentes de la Fiscalía señalaron a El Espectador “Para ese momento la Fiscalía ya había aunado esfuerzos a partir de las búsquedas de información en sus bases de datos internas y búsquedas de BigData, de la entidad. Se encontraron delitos de amenazas y extorsión atribuidos a la organización Clan del Golfo. Además se articularon con Fiscalía Gaula, Fiscalía seccional y Fiscal de apoyo de la Unidad Especial con un equipo entre los que se encuentran investigadores, analistas, perfiladora criminal y un perito informático. Con toda la información procesal reunida se procedió a organizar la información, uno de los resultados de este ejercicio fue el hallazgo de un panfleto de la organización criminal”.
En ese documento, firmado por el Clan del Golfo, ordenaba una “limpieza social” y mantener un “Casanare libre de Guerrilla, por lo que hemos tomado la decisión de ocupar las zonas donde estos delincuentes han hecho presencia durante años”. Este panfleto más las declaraciones de personas capturadas en el departamento y que tenían conocimiento de la oficina sicarial de Otoniel permitió establecer la génesis de la organización la cual, según los declarantes data, de 2017. “El plan era reclutar a personas que ya tuviesen experiencia en organizaciones de autodefensa. Algunos de los integrantes fueron miembros de las ACC”.
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Asimismo, la investigación, dicen fuentes del ente investigador, determinó que fue el propio Otoniel quién envió a alias Zamir, líder de la banda sicarial en Casanare a ocupar espacios en este departamento y el Meta, zonas claves e intermedias en el negocio del narcotráfico. A traves de los interrogatorios a gente asociada al mundo criminal del Casanare se pudo establecer que Zamir llegó desde el Bajo Cauca por orden de Otoniel y que él sería el encargado de coordinar a varios miembros del Clan del Golfo enviados desde Antioquia hacia el Casanare y Meta para controlar el negocio de microtráfico y rutas de narcotráfico.
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Sobre Zamir se sabe que era un antiguo miembro de las autodefensas y cercano a Otoniel. Junto a él fueron otras tres personas, entre ellas, Leopoldo Otero Cruz, conocido como La Mona y supuesto articulador del ala sicarial de la estructura criminal. también fueron capturados Jorge Luis Rodríguez Ibáñez, alias Coyote o Costeño; y a John Fredy Garzón Villamizar, alias Mecánico. En marzo de este año la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, empezaron a contar parte de la ola de violencia que viven los habitantes del Casanare.
“Este tipo de señalamientos (como el panfleto) de los grupos armados organizados, particularmente del paramilitarismo, como en este caso de las Agc, se pueden vincular con las amenazas a los líderes(as) sociales, comunales y defensores(as) de derechos humanos y la desempeñan al representar labor que a las comunidades, velar por sus intereses ante los proyectos de inversión del Estado y de las empresas del sector extractivo, la defensa de los recursos naturales y demás aspectos relacionados con derechos laborales, de participación comunitaria, contratación laboral y de bienes y servicios”, señaló la Defensoría en marzo de 2021.
Y agregó el organismo liderado por Carlos Camargo que “Para los grupos sucesores del paramilitarismo, la ejecución de este tipo de amenazas contra los sectores sociales ya descritos, busca legitimar su presencia y accionar en el territorio, al tiempo que reclaman el apoyo (voluntario o forzado) de ciertos sectores económicos y políticos relevantes de la sociedad casanareña. Lo anterior, con el propósito de obtener fuentes de financiación que les permita fortalecerse y posicionarse territorialmente, así como contar con un instrumento logístico y estratégico para lograr incidir en la realidad política, económica y militar de la región”.
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Desde inicios de 2020, las comunidades del sur del Casanare han reportado la llegada de hombres de las Agc que están liderados supuestamente por un antiguo líder de las Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare). Sostienen que esa incursión tendría como origen territorios que también tuvieron influencia del paramilitarismo, como Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, y Paratebueno, en Cundinamarca. “La gente no denuncia porque tampoco le cree a ninguna autoridad local. Aquí nadie sabe quién puede estar jugando a favor de algún bando”, dijo un personero municipal del departamento que pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.
Un antiguo alto funcionario de la Alcaldía de Yopal, quien pidió anonimato por la misma razón, dijo que los hombres de Martín Llanos y de las Auc que no hicieron parte de la desmovilización en el gobierno Uribe “tendrían mucho que ver con este anuncio de llegada de las Agc al departamento. Esos lazos entre empresariado, políticos tradicionales y el paramilitarismo nunca se blanquearon y todavía hay muchas de esas antiguas redes. Aún no está muy claro si Otoniel ordenó que sus hombres llegaran acá, si son nueva gente que usa la sigla de las Agc o que tengan el aval de la vieja guardia del paramilitarismo en Casanare y que estaba enfrentado”, aseguró el exfuncionario.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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