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El escandaloso testimonio que le dio a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, así como los chats que su subdirector Sneyder Pinilla le entregó a la Fiscalía –ambos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol– provocaron esta semana un tsunami político y judicial, cuyos coletazos apenas empiezan a verse. Ya hay nueve congresistas investigados por la Corte, y la Fiscalía abrió un expediente contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Los relatos de los testigos y las pruebas que aportaron coinciden en una línea de tiempo que tiene en serios apuros al círculo más cercano del presidente Petro. Ambos contaron en esencia cómo el Gobierno usó la Ungrd para “aceitar” a parlamentarios.
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“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde e incluso hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, señaló Olmedo López en su declaración del pasado 25 de junio. Según él, hubo dos reuniones claves en las que le dieron órdenes precisas de direccionar contratos para comprar a congresistas. La primera en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, y la segunda en el Ministerio de Hacienda, el 15 de diciembre de ese mismo año. En esos encuentros, aseguró, estuvieron Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. La estrategia era clara, según Lopez: de los millonarios contratos de la entidad para atender emergencias –que no necesitaban licitación– debían sacar las coimas para pagarles a seis congresistas de las comisiones económicas: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.
De acuerdo con los testigos, el Ministerio de Hacienda giró entre septiembre y diciembre del año pasado $1,4 billones a la Ungrd. Parte de esos dineros fueron usados para esta operación de corrupción política. Los chats de Pinilla resultaron claves para comprender cómo se dieron esas presiones para amañar contratos y qué personajes los patinaron. Es más, quedó en evidencia a quienes designaron los ministros como enlaces de estas vueltas. Allí salieron a relucir los nombres de Jaime Ramírez Cobo, hoy funcionario del Departamento Administrativo de Presidencia, y María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Fueron ellos, siguiendo instrucciones, quienes se comunicaron con Sneyder Pinilla para presionar tres contratos de obra por más de $92 mil millones en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar.
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Hasta hoy ha sido noticia nacional la versión de Olmedo López, en donde aseguró, entre muchas otras cosas, que lo iban a asesinar: –“Dígale a Olmedo que la orden está dada, lo van a matar”, declaró él ante la Corte, y los chats de Pinilla hablando con Ricardo Bonilla y sus enlaces en el Ministerio de Hacienda y en Palacio. Pero todavía hay mucha tela por cortar sobre los otros chats de Pinilla en los que negociaron los contratistas y los alcaldes para darles visos de legalidad a esos contratos torcidos. Este diario conoció todas esas conversaciones, en las que se documenta cómo la Ungrd asesoró a esas personas para que estructuraran las propuestas previamente “cuadradas” y se inventaran calamidades para poder justificar el desembolso de esos recursos. Pinilla incluso les envío un formato a los alcaldes y a sus delegados, en donde solo debían cambiar algunos nombres y montos específicos para garantizar que no hubiera tropiezos burocráticos.
Los chats
El 12 de diciembre pasado, según los testigos, se dio la orden de direccionar estos contratos. La asesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides, le envió el 15 de diciembre a Pinilla los contactos de las personas en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar con quienes debía entenderse para organizarlo todo. El día anterior Jaime Ramírez Cobo, de Presidencia, le había escrito a Pinilla que si no gestionaban pronto esos contratos, “se nos van a caer los créditos de la nación”. En medio de esas urgencias, Pinilla empezó a comunicarse con los contactos que le había pasado el Gobierno. En Cotorra lo hizo con Harry Bejarano Arroyo, quien se identificó como parte del equipo técnico de la Alcaldía (el municipio es el más pequeño de Córdoba, con apenas 90 kilómetros cuadrados y cerca de 20 mil habitantes). El 15 de diciembre, a las 2:16 de la tarde, Sneyder Pinilla tuvo una llamada de cuatro minutos con Bejarano, en la que le explicó el abecé de lo que debía hacer.
El contrato de obra era para intervenir y recuperar el sistema de drenaje de aguas lluvias en conexión con la ciénaga del Bajo Sinú. El lío es que el proyecto no correspondía a ninguna emergencia que la Ungrd tuviera que atender porque no había entonces ninguna calamidad en Cotorra. Se la inventaron en papeles, según se evidencia en los chats. Pinilla le explicó que debían cambiar el nombre del proyecto y expedir un decreto de calamidad acompañado de un Plan de Acción Especifico (PAE), en donde se reseñara supuestamente cómo el municipio debía enfrentar un desastre natural que jamás existió. “Ok, todo eso se lo enviamos a un correo o se lleva físico”, le pregunta Bejarano a Pinilla. “Ambos, a un correo y cuando vengas los traes en físico”, le contesta Pinilla. Una hora después Bejarano le escribe a Pinilla: “Estoy con el alcalde y quiere hacerle una consulta, ¿lo podemos llamar?”. El alcalde de Cotorra entonces era Guillermo Llorente Petro.
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La llamada dura cinco minutos. Fuentes cercanas a la investigación le contaron a El Espectador que en esa llamada Pinilla supuestamente le dijo a Llorente Petro que sí o sí el proyecto debía pasarse como calamidad para buscar los recursos en la Ungrd, pues esto abreviaba el proceso de contratación. Sobre las 3:40 de la tarde Bejarano le vuelve a escribir a Pinilla: “Es necesario cambiar el nombre del proyecto en todos los documentos exigidos?”. “Sí, señor”, le responde Pinilla de inmediato. Y un minuto más tarde Bejarano envía el nombre del proyecto corregido y le añade que se trata de “obras de emergencia”. “¿Le parece bien así?”, le consulta a Pinilla para asegurarse. “Excelente”, le contesta. Los siguientes días siguen ajustando la propuesta, se cruzan documentos y borradores para estructurar el proyecto lo más técnicamente posible. Finalmente, el 20 de diciembre Bejarano llega a las oficinas de la Ungrd en Bogotá para terminar de cuadrarlo todo.
Pero no llega solo a su encuentro con Pinilla. Según los registros de ingreso a la entidad, en poder de este diario, Bejarano entró con Ana Lucía Llorente Petro, quien sería familiar del alcalde. Ese mismo día Bejarano le manda a Pinilla todos los archivos del proyecto, incluido el decreto de calamidad: “Decreto 341 del 20 de diciembre de 2023”, se lee en las conversaciones. Bejarano le confiesa a Pinilla que quisiera que ese contrato saliera pronto. “Como viene cambio de administrador no sabemos cómo nos va con la nueva alcaldía”. Pinilla le contesta: “No se preocupe por eso. Ahora hablamos de esos pormenores”. Y enseguida le envía todos los requisitos que deben tener tanto el contratista de ellos como los interventores. Lo primero que debían hacer era inscribirlos en el registro de proveedores de la Ungrd. El 9 de enero de 2024 los contratistas, cuyos nombres no figuran en los chats, quedaron inscritos.
El proceso siguió a trancas y a mochas, pues como le confesó Sneyder Pinilla a la asesora del ministro de Hacienda en febrero pasado, las demoras para entregar esos contratos se explicaban porque “los proyectos venían muy flojos”. Tanto así, que en la Ungrd los mejoraron. El de Cotorra de primero. Incluso salió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), paso previo a la adjudicación, que estimó en $44.522 millones la obra y en $2.226 millones la interventoría. A días de adjudicar ese contrato –y el de Saravena y el Carmen de Bolívar– estalló el escandalo de los carrotanques de La Guajira y todo se fue al traste. Según Olmedo López, detrás del contrato de Cotorra tendría interés el congresista conservador Wadith Manzur Imbett. En ese municipio Manzur obtuvo una votación importante en las elecciones al Congreso de 2022: más de 4.000 votos. En su testimonio ante la Corte Olmedo López dejó constancia sobre los nexos políticos de ese congresista con Cotorra.
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Tras mencionar a Manzur, señaló lo siguiente: “Quiero dejarle a la honorable Corte uno de los municipios, el municipio de Cotorra, donde se expidió el CDP. El alcalde para 2020-2023, el doctor Guillermo Llorente, es elegido en este municipio con 6.215 votos en una coalición de Cambio Radical, Partido Conservador, la U, Partido Verde y Polo Democrático. Para ese municipio llegó la orden de uno de esos contratos y el doctor Manzur, a quien el ministro señala como el vocero del acuerdo de él, obtuvo 4.028 votos a la Cámara. Y en su partido, de los mismos partidos de la coalición del alcalde, su inmediato contendor obtiene 535 votos”. Para Olmedo estas cuentas son así de diáfanas: Manzur tiene en Cotorra un feudo político muy importante y, por eso, cuando supo que un contrato por más de $46 mil millones iría para allá entendió absolutamente todo.
Los otros contactos
En Saravena el contacto que le dieron a Sneyder Pinilla fue Camilo Díaz. Con él los intercambios de mensajes comenzaron también el 15 de diciembre de 2023. “Buena tarde, Camilo”, le escribe Pinilla. “Ingeniero buena tarde como está (sic)”, le responde Díaz. Como lo hizo con Bejarano, Pinilla le explica vía chat todo lo que debe hacer para ajustar el proyecto para pasarlo a la Ungrd y le envía cinco puntos. Díaz entonces le escribe: “Ya tengo los puntos 2, 3, 4 y 5, pero del primero quería pedirle si de casualidad sumerced (sic) o su equipo tengan un bosquejo de la solicitud de emergencia pues me encuentro cerca del doctor que la debe expedir, pero (sic) por no tener que surtir un trámite erróneo me gustaría poder contar con un ejemplo claro de qué debe contener esta solicitud. Le pido me disculpe encarecidamente ocuparlo en su operación diaria”. Pinilla le contesta de inmediato: “Ya te mando un modelo de carta”.
Pinilla y Díaz se pusieron de acuerdo para estructurar el proyecto de Saravena, que consistía en construir obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojabá. Pinilla le dijo a Díaz todo lo que tenía que hacerse. Para el 19 de diciembre ya se habían expedido las actas y decretos de calamidad, los presupuestos de la obra y de la interventoría. Ese mismo día Díaz le dice a Pinilla que en la Alcaldía están ajustando el Plan de Acción Específico (PAE) para justificar la emergencia. “Ingeniero, el PAE está en unos ajustes de la Alcaldía, quedaron de enviármelo más tardecito”. Con una particularidad. Dos técnicos de la Ungrd advirtieron que ese proyecto no calificaba para entregar esa obra vía emergencia, pero Pinilla les dijo que tocaba entregarla como fuera, porque era una orden de arriba. Al parecer el río Bojabá entonces no constituía una amenaza inminente, pero la calamidad se decretó.
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El CDP de Saravena estaba listo. El contrato de obra quedó en $32.559 millones y la interventoría por $1.627 millones más, según documentos en poder de El Espectador. Pero no se alcanzaron a entregar. Para la gestión del proyecto en El Salado, en Carmen de Bolívar, el contacto de Pinilla fue directamente con el entonces alcalde Carlos Torres Cohen. Según los chats, la comunicación entre ellos empezó el 18 de diciembre. Sneyder se le presentó y el alcalde le contestó: “Hola, placer saludarlo. Lo llamé, pero no contesta. Llámeme por favor”. Pinilla habló con Torres siete minutos después. La llamada duró dos minutos. Enseguida el alcalde Torres le envía el contacto a Pinilla de Edilberto Torres Montes, su secretario de Planeación. Cinco minutos después, a la 1:40 de la tarde de ese día, Pinilla le escribió a Torres un modelo de mensaje donde se especificaba cómo debía armarse el proyecto. Torres le respondió: “Buenas tardes, dr Sneyder. Bendiciones para ti”.
Los dos estructuraron el proyecto para la construcción de estructuras de mitigación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado. El CDP de la obra salió por $11.045 millones y la interventoría en $650 millones más. Para el 20 de diciembre Torres Montes envió a la Ungrd los documentos para justificar la obra, incluidos varios que tuvo que arreglar. “Buenas noches, hago envío de subsanaciones requeridas al presupuesto de la obra”, le escribió Torres a Pinilla en los chats en poder de este diario. El Espectador se comunicó con los teléfonos de los tres contactos con los que habló el exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla para estructurar estos proyectos direccionados, pero ninguno contestó los mensajes que le dejamos. Esta bitácora de chats cruzados muestra, en todo caso, cómo desde la Ungrd se planeó todo para cumplirles aparentemente a seis congresistas y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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