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Casi dos décadas tuvieron que pasar para que los Jaramillo Lema, una familia ganadera caldense, recuperara sus tierras en el municipio de La Dorada (Caldas), luego de haber sido despojados por dos jefes del paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. El Tribunal Superior de Cali acaba de restituirles dos predios que abarcan más de 900 hectáreas y que, según el fallo, fueron ocupadas a principios de los 2000 por Miguel Arroyave, alias Arcángel, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. En su fallo, la Sala de Restitución de Tierras de ese Tribunal concluyó que la familia sufrió amenazas y, en un contexto convulso, acabó vendiendo el predio a señalados testaferros del paramilitarismo.
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Desde el año 2000, la familia Jaramillo Lema empezó a sufrir amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa organización criminal cumplía tres años de existencia y estaba en plena expansión de su proyecto paramilitar. Para entonces, el capataz de los predios en cuestión alertó a los Jaramillo Lema de que paramilitares invadieron parte de los predios; sin embargo, al poco tiempo, el trabajador fue secuestrado y su cuerpo apareció en la vía que conduce hacia San Luis, Antioquia, a unas dos horas de La Dorada. Los Jaramillo Lema contaron a las autoridades que administraron los predios hasta 2003, cuando volvieron a ser víctimas de los “paras”.
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Según su denuncia, les habían robado casi 900 cabezas de ganado y, cuando intentaron reocupar los terrenos con más animales, recibieron una llamada en la que los amenazaron y les daban instrucciones de abandonar la zona. Quien le relató estos hechos a la justicia fue Patricia Jaramillo Lema, quien en esa época era directora de Reinserción del Ministerio del Interior del gobierno de Álvaro Uribe. Ella dice que, por las funciones que desempeñaba en ese momento, tuvo contacto con otros dos jefes paramilitares: Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, y Ramón Isaza, quienes comandaban a hombres de las Auc en Cundinamarca y el Magdalena Medio, respectivamente.
Según Patricia Jaramillo, los dos jefes paramilitares le contaron que detrás del robo de ganado y las amenazas estaba alias Arcángel, líder del bloque Centauros de las Auc en el Meta. El fallo señala que Jaramillo Lema y sus hermanos negociaron con el paramilitar, así que se reunieron en septiembre de 2004 en un restaurante de La Dorada con José Gustavo Arroyave, sobrino de Arcángel, quien siguió imponiendo las armas y no hubo ningún acuerdo. Ocho días después de esa reunión ocurrió uno de los episodios que aún está por esclarecerse: el asesinato de Miguel Arroyave, en lo que habría sido una purga interna del bloque Centauros. Su sobrino también fue asesinado, cuatro años después, en un conocido restaurante de Medellín.
Luego del crimen, en el que habrían participado los narcotraficantes el Loco Barrera y Cuchillo, “los reclamantes (Jaramillo Lema) esperaron un poco y entraron en negociaciones con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, a quien le vendieron la mitad del predio, pero él incumplió el contrato y se apoderó de la totalidad de los terrenos y actualmente ejerce posesión sobre estos a través de terceros”, dice el fallo de 131 páginas. A partir de ahí apareció un hombre que ha sido señalado en al menos dos expedientes como representante de Macaco: Héctor Fabián Gómez Ospina, quien terminó quedándose con los predios en La Dorada y luego los vendió a otro ganadero, Guillermo León Montoya, quien los administraba.
La familia Jaramillo Lema también demostró en el proceso que la Fiscalía encontró varios intentos de falsificar escrituras y poderes para adueñarse del enorme lote, pero el ente investigador nunca determinó quiénes estuvieron detrás de ese plan. El fallo, por su parte, señala a Gómez Ospina como quien realizó el negocio, por cerca de $1.800 millones, y concluye que pagó con un dinero que le debía Eugenio Guerrero Hernández, uno de los hermanos que fundaron Servientrega. Dos años después, los predios fueron vendidos al ganadero Montoya, quien argumentó que los papeles estaban en regla y que conoció a Gómez en Medellín, a través de otros ganaderos y por su sociedad de finca raíz.
Sobre Montoya, contra quien no pesa ninguna anotación judicial, se sabe que además de tener empresas en Venezuela y Panamá, tiene en curso un proceso de extinción de dominio, en el que ha sostenido que no tiene nada que ver con grupos ilegales. Este diario conoció que, desde 2019, veinte de sus inmuebles en Medellín están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y que se concentran en el Edificio Mall 10 PH, a pocas cuadras del Parque Lleras, en el exclusivo sector del Poblado. Aunque el Tribunal señaló que Montoya no hace parte de grupo criminal alguno, sí le reprochó que no fue diligente en lo más mínimo para verificar que los papeles de los terrenos no tuvieran irregularidades. Por ejemplo, se demostró que cuando compró, los certificados de tradición no estaban a nombre de Héctor Fabián Gómez Ospina.
La finca de Remedios
No es la primera vez que los Jaramillo Lema tienen una disputa judicial con Macaco. En febrero de 2014, llegó a la Corte Suprema un pleito en el que Patricia Jaramillo Lema denunciaba que un lote de una finca en Remedios había sido ofrecido por Macaco para reparar a sus víctimas. El alto tribunal determinó que los hermanos Jaramillo Lema, menos Patricia, sí habían accedido a venderle la finca de casi 1.900 hectáreas. El fallo del alto tribunal señaló que en ese negocio también intermedió Héctor Fabián Gómez Ospina y que uno de los hermanos intercambió los derechos de herencia que tenía sobre la finca en Remedios por unas bodegas en Medellín.
Así las cosas, casi tres cuartas partes de ese predio, fueron usadas por el Estado colombiano para reparar a las víctimas de Macaco, uno de los capos narcotraficantes y del paramilitarismo más temidos, que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros paramilitares por delitos de narcotráfico. En julio de 2019 volvió al país y hoy está preso, tras aceptar algunos de sus crímenes. Tiene pendientes al menos diez casos en la justicia por el rol que cumplió como líder del Bloque Central Bolívar de las Auc, que dejó al menos 31.000 víctimas, según el Centro de Memoria Histórica.
Por David Escobar Moreno
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