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Un tatuaje en su mano derecha fue clave para que la Policía colombiana, con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol en Chile y Carabineros de ese país, capturaran el pasado 17 de agosto en Barrancabermeja (Santander) a Alberto Carlos Mejía Hernández, un ciudadano venezolano que estaba en el radar de las autoridades por ser uno de los líderes más temidos del Tren de Aragua en América Latina.
El hombre, quien usaba también una identidad falsa con el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, estaba preso en Chile; pero el pasado 10 de julio fue dejado en libertad por un error del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Una circular roja de Interpol fue clave para que este sujeto fuera capturado en Colombia.
La captura de Mejía Hernández de Santander no solo es el movimiento más reciente de las autoridades colombianas en contra del Tren de Aragua, que desde el año 2020, según registros de la Policía, despliega su actuar delictivo en puntos claves del país como Norte de Santander, Bogotá y Nariño.
También muestra la forma en la que esta organización criminal, tras el fracaso de su dominio en territorio venezolano, desplegó una red de tráfico de migrantes, extorsión y sicariato en todo el sur del continente, cuyo paso obligado es Colombia. Así lo reveló una reciente investigación de InSight Crime, que muestra la forma en la que ha evolucionado en los últimos cinco años la expansión de su acción criminal en la región.
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El origen de una banda
El Tren de Aragua nació y tomó fuerza bajo la protección del gobierno venezolano, según lo reseña la investigación. Su enclave era la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua (centro norte de Venezuela). Allí se formaron estructuras criminales lideradas por algunos de los presos más peligrosos e “impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 2011, cuando buscó imponer orden en las cárceles al entregar el control a los pranes”.
Los “pranes” era la forma de llamar a los jefes de la estructura criminal, un acrónico que traduce “preso rematado, asesino nato”. Entre esos líderes estaba Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”; un poderoso hombre que, tras fugarse de la cárcel en 2015, fue capturado por la Policía en el municipio de Circasia (Quindío), el 1 de julio de 2024.
Durante al menos 12 años, esta estructura criminal controló desde la cárcel rentas ilícitas como la de la extorsión y se expandió con la creación de células ilegales por fuera el penal. El Tren de Aragua terminó por convertirse en un problema para la misma institucionalidad que protegió su creación como una estructura de control interno de la que era considerada una de las cárceles más peligrosas de Venezuela.
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El 23 de septiembre de 2023, en plena crisis del país por cuenta de las acciones del régimen de Nicolás Maduro, más de 11.000 agentes de seguridad entraron para retomar el control de la cárcel de Tocorón. Algunos integrantes del Tren de Aragua fueron trasladados a nuevos centros penitenciarios, pero sus líderes, como “Larry Changa”, hacía años que se habían fugado.
La investigación de InSight Crime muestra que muchos de los criminales que se escaparon de la cárcel aprovecharon la migración hacia países como Colombia, Perú y Chile para salir del país en medio del éxodo masivo. De esa oportunidad también echaron mano para establecer en los mismos países una red de tráfico y trata de personas, extorsión y microtráfico, con alias “Larry Changa” a la cabeza.
“Fue el principal responsable de la instalación de las células del Tren de Aragua en Chile y el despliegue logístico en el sur del continente. Luego de que su presencia fuera detectada por los organismos de seguridad chilenos, tuvo que huir y buscar un refugio”, reseña el documento sobre la forma en la que Colombia se convirtió en su refugio.
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El Tren de Aragua en el país
Colombia no solo fue el lugar para esconderse y esquivar la circular roja de Interpol con la cual “Larry Changa” era buscado. También se convirtió en un sitio clave para la financiación de la estructura. La investigación detalla que el Tren de Aragua cobra extorsiones de US$ 10 y US$ 15 semanales a comerciantes de su zona de influencia en Norte de Santander, como en municipios de Cúcuta y Villa el Rosario.
También estableció tarifas de US$ 10 a migrantes que buscan cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela. “Los conductores de autobuses que transportaban inmigrantes debían pagar hasta US$ 125 en ‘impuestos’”, un negocio que continúa. La rentabilidad de esa práctica aumentó, desde 2020 a este año, al establecer un corredor ilegal para el tráfico de migrantes que buscaban llegar a Ipiales (Nariño) y cruzar la frontera hacia Ecuador.
La investigación establece que en Colombia hay cuatro puntos claves de incidencia del Tren de Aragua. El más importante de ellos es Norte de Santander, donde opera a través de una estructura conocida como los AK-47, que extorsiona, trafica migrantes, maneja la trata de personas, los hilos del microtráfico y sicariato.
Nariño es considerado como zona de “penetración”, pues allí su presencia aún no es tan fuerte como en la frontera colombo-venezolana y se enfocan en el tráfico de migrantes y la extorsión. Antioquia es considerado zona de exploración de esa estructura criminal y es uno de los sitios en los que más integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en los últimos años. Y en el cuarto lugar está Bogotá.
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En diálogo con El Espectador, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, explicó que terreno como el de Antioquia no ha sido el mejor escenario para la consolidación de la acción del Tren de Aragua porque la “demanda criminal” es controlada por organizaciones que tiene su control desde hace décadas, como las oficinas de sicariato.
Situación distinta es la de Bogotá, donde entre los años 2022 y 2023 las autoridades reportaron el hallazgo de 57 cuerpos “embolsados”, víctimas, al parecer, del Tren de Aragua. Según McDermott, Bogotá no tiene estructuras consolidadas como esas oficinas de sicariato, lo que ha permitido que se consolide su acción criminal.
La investigación concluye que, actualmente, el organigrama del Tren de Aragua en Venezuela, Colombia, Perú y Chile está compuesto por 37 integrantes. Dos de sus fundadores, Héctor Guerrero Flores y Yhojan José Petrica, son buscados por las autoridades, mediante órdenes de Interpol.
La cúpula de la organización en Colombia está conformada por siete hombres, que no solo controlan sus rentas ilícitas, sino que adelantan alianzas con organizaciones al margen de la ley como las disidencias de las Farc, en Arauca. De estas personas, seis ya fueron capturadas; pero Giovanny Vicente Mosquera, el principal líder de la organización, sigue libre y es ahora el principal objetivo que está en el radar de la justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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