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Marlene Buitrago Garzón no tenía en su casa una granada lacrimógena. El falso hallazgo lo hizo un grupo de agentes de la Policía cuando allanaron su morada, la noche del 5 de mayo de 2021, en Engativá, al sur de Bogotá. Requisaron todo, cada cuarto, cada cajón. Le dijeron que la ropa de su hijo, un estudiante de Antropología de la Universidad Nacional, institución en la que ella también trabaja como operaria del laboratorio de microbiología, tenía el olor del gas lacrimógeno. Por ello fue capturada ese mismo día, imputada y acusada por el delito de porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Después de dos años, una juez cerró el caso en contra de Buitrago, tras demostrarse que su caso se trató de un montaje judicial.
“Los Policías entraron todos agresivos. En la habitación de mi hijo, supuestamente encontraron el gas lacrimógeno”, cuenta Buitrago a El Espectador, quien además hace parte del sindicato de trabajadores de la Universidad. En la terraza de su casa, desde que comenzó el paro en abril de 2021 en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, ella izó una bandera de Colombia en apoyo a las protestas. Buitrago denunció que, además, los policías que llegaron a la fuerza a su casa se llevaron algunos objetos de valor, como las lociones que tanto le gustan a su hijo.
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A partir de ese momento y de pasar una noche privada de la libertad, durmiendo en una colchoneta con otro montón de mujeres, la sindicalista comenzó a padecer de estrés. “Desde que eso pasó siempre estaba muy preocupada por todo”, dice. La situación de su salud se tornó tan compleja a causa de lo que siempre supo que era mentira que, el pasado abril, tuvo una embolia pulmonar y estuvo hospitalizada bajo cuidados intermedios. Sin embargo, esas no fueron las únicas consecuencias que le trajo el montaje. También sufrió de estigmatizaciones por parte de personas cercanas, las cuales dudaban de su inocencia.
Este lunes 14 de agosto, el caso en contra de la trabajadora Buitrago dio un giro definitivo tras la decisión de la jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá, quien precluyó la investigación que además consideró como una situación atípica. La jueza explicó cómo la defensa demostró que fue falso el material probatorio que presentó la Policía sobre el supuesto porte de armas fue un montaje. El cierre del caso tuvo la absolución perentoria de Buitrago, a partir de la petición del fiscal, quien afirmó que no hubo forma de probar ningún delito, y que no existen elementos ni siquiera conductas anteriores para probar que Marlene era una terrorista, como lo intentó hacer ver la Policía.
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El allanamiento ocurrió porque, supuestamente, su hijo estaba destruyendo carros el primero de mayo en Bogotá. Sin embargo, ella tenía evidencias de que ese día se encontraban fuera de la ciudad. “Demostramos que fue un montaje de la Policía”, afirmó la representante de Buitrago, la abogada Yessika Hoyos. “Efectivamente, se demostró que agentes activos aportaron información falsa e indujeron en error a la Fiscalía que autorizó el allanamiento, así como al Juez de Control de Garantías, que finalmente lo legalizó”, sustentó la defensora Hoyos, quien es también integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Por estos hechos, ante la Fiscalía, la juez también compulsó copias disciplinarias y penales en contra de los funcionarios de la Policía: Oswaldo Galeano Flórez y Francisco Javier Salazar Tirado, por, presuntamente, desgastar al sistema judicial vinculando ilícitamente a Buitrago por un delito que no cometió. “Ilegítimamente, utilizaron su poder para vincular una prueba ilícita”, señaló la funcionaria del despacho.
Hoyos Morales reveló que, apenas ahora, se hace justicia en el caso de la sindicalista. Durante la audiencia preparatoria al juicio, la abogada dijo que las pruebas solicitadas por el ente acusador eran ilícitas, pues se obtuvieron a través de un montaje realizado por funcionarios de la Policía en vulneración de los derechos fundamentales de la sindicalista. “Esta decisión es trascendental en el contexto de procesos judiciales que continúan en curso en contra de jóvenes, estudiantes y sindicalistas manifestantes, pues evidencia la posibilidad de que en muchos de estos procesos haya existido una voluntad de criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social”, explicó la defensora.
Durante las protestas de 2021, fueron múltiples las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía. El caso de Marlene Buitrago no fue el único montaje judicial. En una visita a Colombia, delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recopilaron las evidencias de diversos montajes judiciales, los cuales buscaron mostrar ante la opinión pública avances en investigaciones y responsables. Entre abril y junio de ese año, por ejemplo, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, había documentado 267 capturas, como resultado de 57 operaciones en contra, específicamente, de las primeras líneas, en las que se incluyen 161 diligencias de registros y allanamientos.
A partir de esto, el Cajar hizo un llamado a que no se estigmatice en Colombia el derecho a la protesta y que la Policía admita su error ante el país. En palabras de la abogada: “Es importante que el país conozca este hecho lamentable y que no podemos dejar pasar por alto”, puntualizó la abogada. Por su parte, Marlene Buitrago comparte con alegría a través de mensajes de WhatsApp que ella no ha sido culpable de ningún delito, que nunca portó armas, ni mucho menos fabricó o usó explosivos. Que es inocente.
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Por Valentina Arango Correa
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