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El presidente Gustavo Petro ganó hoy una pelea jurídica crucial para su mandato y gobierno en la Corte Constitucional. Con una reñida votación de cinco contra cuatro, el alto tribunal resolvió un asunto que, aunque parecía claro, dejó ver el pulso de poderes que ha predominado el discurso político de los últimos meses: ¿Cuál es la instancia que debe investigar las faltas cometidas por el presidente de la República?
La Corte lo dijo claro: es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Nunca el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le había formulado cargos en octubre de 2024 por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña política que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. El alto tribunal resolvió la pregunta que tenía en vilo esa investigación administrativa y ordenó remitirla de inmediato a la Comisión.
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Con la mínima diferencia, la Sala Plena decidió que, como lo dice la Constitución, la Comisión de Acusación es la única instancia competente para investigar a Petro o a cualquier mandatario, teniendo en cuenta su fuero presidencial. Los magistrados que estuvieron con esta tesis fueron: Vladimir Fernández (el ponente), Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel, Miguel Polo y Carolina Ramírez (quien está en reemplazo de Cristina Pardo). En contra estuvieron: Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, José Fernando Reyes y Lina Escobar.
Con la decisión tomada, la Corte le dio un plazo de cinco días al CNE para que remita el expediente del caso al Congreso, donde debe ser estudiado. Una decisión que, además de ser una victoria para el mandatario, abre la puerta a un posible choque de trenes entre la Corte y el Consejo de Estado.
El recorrido del expediente
Durante más de un año, el expediente sobre quién debía investigar al presidente por la supuesta financiación ilegal y violación de los topes en su campaña política pasó de mano en mano. Su recorrido empezó el 6 de agosto de 2024, cuando la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto de competencias y decidió que el CNE sí era competente para adelantar la investigación.
Su argumento fue que se trataba de un proceso de tipo administrativo, no de tipo penal ni disciplinario. Esa diferencia determinaba que, solo en caso de una eventual sanción o remoción del cargo, sería la Comisión de Acusación la encargada de tomar el expediente. Aunque la decisión no cayó para nada bien en la Casa de Nariño, el CNE aprovechó esa luz verde y siguió adelante con su investigación.
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Dos meses después, el 8 de octubre de 2024, la autoridad electoral formuló cargos en contra de la campaña del presidente. En el caso resultaron implicadas cuatro personas naturales y dos jurídicas, que hicieron parte del equipo de trabajo durante la contienda electoral. Uno de los implicados “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales” fue Ricardo Roa, quien saltó de la gerencia de la campaña de Petro a la presidencia de Ecopetrol.
Ese fue el santo y seña para que, desde distintas orillas, se advirtiera que la decisión era una clara violación al fuero presidencial que, entre otras cosas, lo protege de investigaciones de la justicia ordinaria. En Palacio afilaron su respuesta jurídica de inmediato: una tutela que el Consejo de Estado resolvió en diciembre del año pasado, en contra del presidente.
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La Corte Constitucional le hizo un guiño al caso, que tomó fuerza cuando el pasado 28 de febrero una Sala de Tutelas la seleccionó para su revisión. Tras el reparto, el expediente cayó en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, el mismo que antes de llegar al alto tribunal ejercía como secretario jurídico de la Presidencia. Luego, el 2 de abril, la Corte decidió que no sería una sala de tres magistrados la encargada de revisar el caso, sino los nueve de la Sala Plena.
Tres semanas después, el 24 de abril, el alto tribunal suspendió la investigación que adelantaba el CNE en contra del jefe de Estado, mientras evaluaban el expediente y tomaban una decisión de fondo. El anuncio causó alegría en el Ejecutivo: “La Corte Constitucional frena un golpe de Estado”, escribió el presidente en redes sociales.
La razón de Petro
Con el CNE cruzado de brazos por la decisión de suspender temporalmente la investigación contra Petro, la Corte Constitucional arrancó una carrera contrarreloj para resolver la tutela del presidente. El 4 de julio era la fecha marcada en el calendario como plazo máximo para emitir una decisión. Así, el magistrado Fernández presentó un proyecto de fallo, cuyos detalles publicó este diario en su edición dominical, con el que buscaba lograr dos objetivos: que se declarara la prescripción de una parte de la investigación y que se protegiera el fuero presidencial.
La Sala Plena le puso el acelerador a la discusión y finalmente dio a conocer su decisión exactamente ocho días antes de que se venciera el plazo para hacerlo. El alto tribunal le dio la razón al jefe de Estado y reafirmó que la Comisión de Acusación es la única instancia que puede investigarlo.
En todo caso, la Corte aclaró que el CNE sí puede investigar a la campaña, a su gerente y tesoreros, pero no puede tocar al presidente. “Bien por la Corte Constitucional”, escribió el presidente en su cuenta de X.
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En la otra orilla, Cambio Radical trinó: “La Corte frena proceso contra Petro en el CNE. Grave. Más grave: ya tiene mayorías en el alto tribunal. El petrismo empuja constituyente, ampliación de periodos y libera jefes de bandas… Así empezó el chavismo. Vargas Lleras lo advirtió: quería tomarse la Corte. Hoy se confirma”.
Aunque la decisión del alto tribunal deja en firme lo que ya parecía estar claro, en el fondo hay un fallo judicial que resuelve un pulso de poderes en medio de un caldeado ambiente político y preelectoral.
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Por Gustavo Montes Arias
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