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En el reciente hackeo al Comando General de las Fuerzas Militares quedó expuesta información secreta, incluso de seguridad nacional, que ha puesto en evidencia varias operaciones y movimientos de la cúpula militar. Entre ellos la presencia de inteligencia venezolana en Colombia, la reacción del Ejército a la operación de Puerto Legízamo, en la que murieron 11 civiles, y la contratación para cursos de derechos humanos de un exmilitar imputado por crímenes de guerra. Además de estos capítulos, en la filtración masiva de documentos quedó expuesto otro capítulo que causó controversia en el Ejército: la perfilación y el seguimiento que inteligencia realizó en contra de periodistas.
Uno de los blancos fue la comunicadora María Alejandra Villamizar. El Espectador conoció documentos que dan cuenta de cómo funcionarios del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Caimi) del Ejército, que tienen como prioridad identificar grandes amenazas para la seguridad del país, fueron destinados a perfilar a la reconocida periodista. Incluso el mismo Ejército menciona que hubo “inconsistencias” a la hora de ordenar esas acciones sobre ella, una confesión de que algo no estuvo bien y que hasta ahora el Ejército no ha aceptado públicamente ni ha quedado verificado en expedientes judiciales que buscan esclarecer lo sucedido.
Este diario tuvo acceso a esa información a raíz de la filtración realizada por el colectivo de hackers Guacamaya y a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas radicado en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. Además, El Espectador supo que en los próximos días los abogados de Villamizar pedirán ante las autoridades judiciales varios documentos del Caimi con el fin de averiguar quiénes ordenaron hacerle seguimiento a su labor periodística. Una solicitud que, de acuerdo con sus abogados, se hace luego de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía no investigaran a fondo los hechos denunciados desde 2020.
El origen y las inconsistencias del perfilamiento
En mayo de hace casi tres años, la revista Semana reveló que, durante el gobierno de Iván Duque, el Ejército destinó a miembros de su inteligencia para seguir y perfilar a periodistas, entre ellos Villamizar y Nicholas Casey, de The New York Times. Desde entonces poco se sabe sobre quiénes fueron los altos oficiales que ordenaron a sus subalternos recoger información sobre los periodistas. En la filtración reposa un documento que da cuenta de que la génesis del perfilamiento a Villamizar fue una entrevista que ella le hizo el 3 de marzo de 2019 a alias Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla del Eln ante el Gobierno y quien está en Cuba desde entonces.
Aunque esa entrevista se realizó en marzo, aún no es claro por qué solo hasta cinco meses después el Ejército ordenó recolectar información de Villamizar a través de fuentes abiertas. Esa orden fue firmada por el comandante del Batallón de Inteligencia Estratégica No. 4, el teniente coronel Hugo Armando Díaz Hernández, en el marco de una operación conocida como “Hábil” y que tenía como objetivo a Pablo Beltrán. En esa misma orden, el alto oficial Díaz Hernández pidió “realizar las coordinaciones necesarias para obtener la ubicación de la periodista (…) y si es posible coordinar una entrevista para indagarle sobre información de interés sobre Pablo Beltrán”.
Ese documento firmado por Díaz Hernández aclara que esas órdenes, a su vez, fueron avaladas tras unas reuniones operacionales, realizadas el 26 y 27 de marzo de 2019, en las que el jefe del Estado Mayor, el coronel Benjamín Ramírez Villalobos, autorizó las acciones contra la periodista Villamizar. Sin embargo, un informe de la Inspección del Ejército, del 19 de mayo de 2020, señala que no se encontró evidencia alguna de las supuestas reuniones del 26 y 27 de marzo. Por eso, el mismo Ejército tiene dudas de por qué se justificó el perfilamiento de la periodista en esas reuniones que, aparentemente, nunca sucedieron.
A raíz de esta supuesta irregularidad, la Inspección de Ejército explicó que sí hay inconsistencias en la orden de perfilar a Villamizar, en un documento del 19 de mayo de 2020. No obstante, hasta ahora no hay ningún avance en esa investigación. Desde que se supo de las andanzas ilegales del Ejército, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó que desde hace años se sabe de “la mirada sospechosa de los militares hacia los periodistas que acceden a fuentes que están en la ilegalidad. Aunque esto no explica las acciones de espionaje ilegal que llevaron a cabo ni parece una razón suficiente para hacerlo. No está claro si existió alguna otra razón para iniciar los seguimientos ni tampoco cuál fue el criterio para elegir a los periodistas”, señaló la organización.
Tan grave fue el asunto, que entre enero y mayo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y le pidió al Estado colombiano investigar “la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos como destinatarios finales de la información recolectada ilegalmente, y con ese fin disponer de todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación”. Sin embargo, no hay un solo avance en las investigaciones, ni en lo penal, ni en lo disciplinario, ni en el interior de las Fuerzas Militares.
La solicitud de los abogados de Villamizar
Este diario se contactó con los abogados de María Alejandra Villamizar, los penalistas Mauricio Pava y Jacobo González, quienes pedirán ante el Tribunal Superior de Bogotá que Inteligencia Militar entregue los informes sobre las acciones que se hicieron contra su cliente. “Debe certificarse, identificarse e individualizarse el general o brigadier general a quien le reportaban los ejecutores de la misión respecto de la periodista Villamizar (…) Certificar quiénes constituyeron la operación ‘Hábil’, quiénes participaron en esta, en que períodos y con fundamento en qué justificaron las actividades de investigación”, dice un documento elaborado por Pava y González.
Los abogados de Villamizar pedirán también la hoja de vida de los altos oficinales que aparecen en las órdenes (Hugo Armando Díaz Hernández y Benjamín Ramírez Villalobos), como la del coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, un uniformado que habría participado en el perfilamiento a la periodista, pero aún no es claro qué papel cumplió. “Acompañar lo pedido con los documentos referentes a su vinculación a las fuerzas militares, rangos ocupados, investigaciones disciplinarias y demás información que permitan identificar su trayectoria profesional en la fuerza pública colombiana”, solicitarán los defensores de la comunicadora.
Para justificar que el Ministerio de Defensa no colaboró con la investigación del caso, Villamizar y su defensa entregarán un documento del 28 de mayo de 2020 en el que esa cartera ministerial -en ese momento a cargo de Carlos Holmes Trujillo- se abstuvo entregar información sobre su caso. Además, desde junio de 2020, la fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema tampoco ha tomado decisiones de fondo sobre estos hechos. “Debe existir una causa legítima para que se investigue y se destinen recursos con ese propósito. Ejercer el periodismo no puede ser causa legítima para que el gobierno investigue a quienes lo ejercen”, señaló el abogado Mauricio Pava, en diálogo con este diario.
A esa audiencia, dice Pava, también se solicitará que comparezca Iván Velásquez, ministro de Defensa; Margarita Cabello, procuradora general y el fiscal del despacho al que fue asignado este expediente. Con esta solicitud Villamizar y sus abogados pretende dar el primer paso para determinar qué altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque y del Ejército destinaron a miembros de la inteligencia militar para seguir y perfilar periodistas que resultaban siendo incómodos para ese administración.
Por David Escobar Moreno
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