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José Leonidas Bustos Martínez, quien alguna vez fue uno de los juristas más respetados y poderosos en Colombia, hoy es prófugo de la justicia. El hombre que en 2015 llevó las riendas de la Corte Suprema de Justicia y manejó los asuntos penales más importantes del país está ahora cara a cara con el alto tribunal del que hizo parte entre 2008 y 2016 y en el que, según pruebas en su contra, habría participado en el llamado cartel de la toga. Poco se sabía de él desde 2022, cuando se ordenó su captura por la presunta participación en el entramado de corrupción en el que magistrados recibieron coimas de políticos para torcer procesos a su favor. Esta semana, el poderoso Leonidas Bustos reapareció en una audiencia virtual, con más canas, menos cabello y vacíos en su memoria.
Bustos fue de las personas más influyentes en las altas esferas del poder en Colombia, razón por la que en septiembre de 2022 la Sala de Primera Instancia ordenó su captura. Su poder e influencia eran tales que, en ese momento, la Corte consideró que dejarlo en libertad durante el juicio podría entorpecer el proceso porque incidió en las postulaciones y nombramientos de otros pesos pesados de la justicia, como magistrados de tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el fiscal general. Dicho recorrido podría ser usado por él “para injerir a su favor en el proceso u obstaculizar su normal desarrollo o la labor de los intervinientes en la actuación o interferir en la práctica probatoria”, dijo el alto tribunal al momento de imponerle la medida que, hasta ahora, no ha cumplido.
Ahora que reapareció a la luz pública, el poderoso Leonidas Bustos parece haber olvidado el grueso de las razones que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados y atribuye todo a un plan para desprestigiarlo a él y a la Corte Suprema. Bustos terminó su periodo como magistrado en 2016 y un año después apareció dentro de los salpicados por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno —actual abogado de Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd)—, quien pagó una condena de poco más de cuatro años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción. En ese momento, Bustos fue investigado por la Comisión de Acusación, instancia que lo acusó de participar en el entramado. Pero, ahora, busca negar a como dé lugar su relación con el cartel de la toga.
Ante el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema Ariel Augusto Torres, quien lidera el juicio, Bustos habló por día y medio junto con tres testigos ya condenados dentro del escándalo: el abogado Leonardo Pinilla, conocido como Porcino (exsocio del exfiscal Moreno); y los exmagistrados Gustavo Malo Fernández y Francisco Ricaurte Gómez. Bustos aseguró ante la justicia que tuvo que salir de Colombia porque fue “objeto de agresiones físicas. Eso lo denuncié en la oficina del fiscal general. En la última amenaza casi que se atentó contra mi vida”. Dijo estar radicado en Ottawa (Canadá) y que de aquel poderoso hombre del que se buscaba apoyo para escalar dentro de la rama judicial, ya solo queda el recuerdo.
Leonidas Bustos, según su propio relato, pasó de ser el glorioso expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que tenía amigos como el exfiscal general Eduardo Montelaegre (administración en la que Gustavo Moreno fue fiscal anticorrupción), a estar endeudado. “En este momento, todos los bienes de mi fortuna caben en una maleta. Las deudas que tengo no se han liquidado, todavía, con el BBVA con la administración del edificio donde está radicado el apartamento”, dijo ante la Corte. Además, sostuvo que también tienen “obligaciones con la Dian. Eso asciende a $1.500 millones porque todo lo estaba debiendo”. Más allá de eso, negó haber recibido cualquier dádiva por parte de Gustavo Moreno, como lo aseguró el condenado exfiscal, quien dijo que se había reunido con Leonidas Bustos para entregarle $200 millones.
Dentro de todo el caso contra el exmagistrado Bustos han hablado más de 60 personas, pero uno de los testimonios de mayor peso y que lo enlodaron fue precisamente el de Gustavo Moreno. Además de asegurar que le entregó dinero en efectivo, dijo que le regaló un reloj Cartier avaluado en más de $42 millones, cuya factura tiene fecha del 29 de diciembre de 2012. Esa versión estuvo respaldada por el testimonio del Yeison Ricardo Pérez, quien aseguró vender el reloj a Ricardo Beltrán Rivera, uno de sus más asiduos clientes, que ese día estaba acompañado por un hombre, a quien reconoció como el exmagistrado Bustos. Aun así, Leonidas Bustos le manifestó a la Corte que esa factura fue fabricada por los investigadores de policía judicial.
A favor de Leonidas Bustos hablaron los tres últimos testigos, dos de ellos compañeros de mesa en su paso por la Corte. El abogado Leonardo Pinilla dijo que nunca se reunió con el entonces magistrado y que no tuvo conocimiento de que él hiciera parte del corrupto engranaje. Por su parte, el exmagistrado Francisco Ricaurte desmintió la versión de los $200 millones que dio el exfiscal Moreno para, supuestamente, ayudar en el proceso que avanzaba contra el exsenador del Partido Liberal Álvaro Ashton por parapolítica. Lo mismo manifestó el también exmagistrado Gustavo Malo, quien para la época del cartel tenía en su despacho el proceso en contra de Ashton, pero aseguró que Leonidas Bustos nunca tuvo participación en las ilegalidades.
Por ahora, el juicio por supuesto tráfico de influencias de servidor público, concierto para delinquir y cohecho de Leonidas Bustos quedará en suspenso hasta que la Sala de Primera Instancia vuelva a convocar a audiencia para escuchar al Ministerio Público Púbico. Después de eso, se conocerá si el expresidente de la Corte Suprema es o no culpable. Su defensa descarta que él regrese a Colombia y dicen que no hay ninguna prueba que demuestre cabalmente su participación en el cartel de la toga. Por su parte, Leonidas Bustos sigue parado en su palabra de que es inocente y que el nombre del alto tribunal y el suyo no pueden quedar por el piso por las malas acciones de algunos de los más altos juristas del país que se torcieron por plata.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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