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Este 22 de marzo se cumple un año de la posesión de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general de la Nación, luego de que la Corte Suprema de Justicia la escogiera con 18 votos. Desde su llegada a la dirección del ente investigador, Camargo estableció medidas como el impulso de los mecanismos de terminación anticipada -preacuerdos y principios de oportunidad-, la permanencia de fiscales en los procesos hasta la etapa de juicio y hacer públicas las audiencias y expedientes. Estas estrategias, según expertos, tienen puntos tanto positivos como negativos para su gestión. Además, durante este año, la titular del ente de control enfrentó algunos casos clave como la acusación y el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el expediente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este último caso es quizás el complejo que ha tenido que sortear la Fiscalía de Camargo, la cual creó un grupo de tareas especiales para atender el expediente, en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Este proceso ya tiene a siete de los involucrados en prisión, incluyendo a Olmedo López, exdirector de la Unidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres, a y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, la más alta ficha del Ejecutivo tras las rejas por el entramado. También han salido mencionados nombres de altos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro como Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González, pero la Fiscalía todavía no resuelve ni da pistas de cuándo va a resolver qué hace con estos pesos pesados del Ejecutivo.
Hasta el momento, la Fiscalía de Camargo se encuentra indagando la presunta participación de los exfuncionarios y, recientemente, se conoció que ya se ampliaron las pesquisas en contra de González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien estuvo a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). No obstante, el proceso va a paso lento, según expertos, algo que la propia fiscal Camargo niega, pues ha reiterado que las investigaciones deben ser precisas y eso toma tiempo. “Percibo un poco de lentitud que no le conviene a la fiscal por tener involucrados de alto rango del gobierno que la ternó. Más demora se leerá como apoyo, lo cual es inconveniente para la administración de justicia”, le dijo a este diario el abogado penalista y docente Carlos Fernando Guerrero.
En opinión del abogado penalista Iván Cancino, este caso se ha manejado con prudencia desde la Fiscalía, que ha estado alejada de lo mediático y ha respetado el proceso. En este punto estuvo de acuerdo Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. “Ha sido una fiscal muy prudente y ha trabajado con un excelente equipo”, precisó. Sin embargo, Cancino señala que un punto sorpresivo en el expediente fue la captura de Sandra Ortiz. “Ella (Luz Adriana Camargo) ha manifestado que las capturas no deben ser la prioridad, y Sandra Ortiz no estaba en el cargo ni tenía ningún poder, de manera que creo que en ese escenario sí hubo una influencia mediática”.
A raíz de este caso salió a relucir una de las principales intenciones de la titular del ente investigador al frente de la entidad: impulsar los mecanismos de terminación anticipada. ¿En qué consisten estas herramientas? Básicamente en negociar la situación judicial de un procesado, a cambio de que este entregue información durante el proceso y que se comprometa a reparar a las víctimas. Para Guerrero, esta herramienta, si bien es necesaria para garantizar la administración de justicia, “todavía habrá que ver números para ver la eficacia del impulso de estas herramientas. Por ahora, no percibo mayor diferencia en la Fiscalía por cuenta de estas políticas”.
No obstante, este ha sido uno de los puntos claves para la propia Camargo, quien ha señalado que su gestión se debe enfocar en las víctimas y que ese es, precisamente, el mandato de la Fiscalía. “Nuestro deber como Fiscalía es satisfacer los derechos de las víctimas, asegurar su participación en todo el proceso y promover el restablecimiento de los derechos afectados por el delito. Nosotros existimos por y para las víctimas (…) La centralidad en ellas nos llevó a pensar en estrategias para dinamizar los mecanismos de terminación anticipada. Creemos que no todos los casos ameritan ir a juicio y estamos convencidos de que una justicia reparadora se traduce en una mayor protección a las víctimas y garantías a los procesados”, señaló Camargo durante la rendición de cuentas de la entidad.
El penalista Iván Cancino señaló que este podría ser el tema más importante de la gestión de Camargo respecto a sus propuestas de cambios internos al interior del búnker. En su concepto, si bien sí se han visto avances en la “justicia negocial”, esta herramienta podría ser “mucho más agresiva”. “Estos mecanismos, contrario a lo que piensa la gente, sí generan menos impunidad y mayor sensación de acceso a la justicia. Hoy un fiscal puede tener 500 carpetas con las restricciones del principio de oportunidad o preacuerdos que se han fijado bajo la ley, y eso no ha ayudado a disminuir la carga. El sistema se creó para que el 80% de los procesos fueran negociados, hoy es al revés, es solo el 20%”, apuntó.
Otro punto clave en las estrategias de Camargo al mando de la Fiscalía tiene que ver con lo que ella llama “unidad de investigación”, es decir, que el mismo fiscal conozca todo el proceso penal, desde la fase de indagación hasta el juicio. “Esto es muy positivo porque cuando había cambio de fiscales, los nuevos no conocían el proceso, y eso le generaba una ventaja a la defensa. También se aplazaban las diligencias y no se preparaban los testigos”, señaló el abogado Cancino. En cambio, para Guerrero, pese a que señala que es una “buena medida en el papel, en la práctica se traduce en mayor congestión y demora judicial. Creo que va a haber menos juicios y más archivos, muchos de ellos por simple inacción de la administración de justicia”.
Estos son algunos de los puntos que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha barajado durante su primer año de gestión. La puerta está abierta para que en los tres años que le quedan se puedan acelerar expediente de alto calibre, no solo el de la Ungrd y el caso del expresidente Uribe Vélez, sino también las investigaciones en el expediente de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y el de Nicolás Petro, el hijo del presidente. La Fiscalía de Camargo, según conoció este diario, estaría todavía tratando de llegar a una salida negociada con Petro, al igual que con el Zar del Contrabando, quien podría contar todo lo que sabe sobre el tejemaneje del contrabando en Colombia y qué altas figuras del poder están en ese círculo. Así continuará la gestión de la primera mujer en propiedad al frente del ente investigador, pues Vivian Morales, quien ocupó el puesto, salió del mismo por orden del Consejo de Estado en 2012.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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