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Mirando a las víctimas de secuestro y a sus familiares, siete excomandantes del Bloque Noroccidental de las antiguas Farc deberán reconocer en un acto público su responsabilidad por este y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Antioquia, norte de Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. El evento, que se realizará el 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín (Antioquia), se da en el marco del macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la toma de rehenes, secuestros y otros crímenes cometidos por las Farc.
Del universo total de 4.200 víctimas que ha documentado la JEP en este macrocacaso, el Bloque Noroccidental es el responsable del 25% de los secuestros. Su presencia en la región de Antioquia, según ha encontrado el tribunal, estuvo marcada por la disputa con paramilitares y la guerra urbana.
“Este grupo de las Farc inició en Urabá, una subregión donde prevalecieron los ejércitos paramilitares en la confrontación armada. El Bloque Noroccidental tuvo un repliegue hacia la zona del Nudo del Paramillo, que se conecta con Ituango, con el norte de Antioquia y las serranías que se desprenden de allí: Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Es una zona muy escarpada, y ahí realmente conservaron una presencia hasta el final de la guerra”, relató la magistrada Julieta Lemaitre, quien lidera el macrocaso 01. Además de su presencia en los municipios pequeños, el Bloque Noroccidental llegó hasta el valle de Aburrá, desatando una guerra con las milicias urbanas y el narcotráfico.
La magistrada Lemaitre explicó que en Antioquia “la multiplicidad de ejércitos paramilitares desató una guerra mucho más intensa, donde también hubo presencia muy fuerte del Ejército, sobre todo con la política de seguridad democrática. Hay sitios donde realmente se arrasaron pueblos. Antioquia es la única parte del país donde llegó a haber guerra urbana, es decir, guerra con gente disparando edificio a edificio en Medellín. Es muy impresionante, considerando que en el resto de Colombia nunca vivimos la intensidad del conflicto de esa manera”.
Pero este es un caso específicamente de secuestros, los cuales en su mayoría eran con fines extorsivos y financieros, para reunir los dos millones de dólares que pedía el Secretariado como cuota, cada dos años, a los siete bloques de las Farc.
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“Luego el bloque distribuía la cuota entre los frentes y ellos tenían que ver cómo conseguían la plata. Lo más eficiente para ellos hubiera sido conseguir ese dinero en uno o dos secuestros. En la medida en que la región es más rica, entonces hay más posibilidad de que un secuestro de la cantidad necesaria” señaló Lemaitre; destacó que muchas zonas de Antioquia “son regiones prósperas del país, así que se financiaban secuestrando personas que tienen dinero, o personas que trabajan en empresas y que esta pague el rescate”. Otra fuente de financiamiento del Bloque Noroccidental fue la extorsión a empresas legales, e ilegales, por la distribución de sus productos, como la coca.
Sin embargo, al ser la extorsión un crimen amnistiable, no es documentado a fondo por la JEP. “Sabemos que se le cobraba una cuota generalmente al sector productivo al que las Farc tuvieron acceso. A veces la cuota era según la región y según la modalidad. Por ejemplo, por cada cabeza de ganado y por cada bulto cobraban cierto valor. Inicialmente, ellos le cobraban a los campesinos, pero se les armó una revuelta y no duró mucho. Luego empezaron a cobrarle un porcentaje a los compradores de coca, a los narcotraficantes, y tenían una ventaja porque también garantizaban la seguridad de los narcotraficantes. Luego la Fiscalía dice que ingresaron ya directamente al negocio. Es decir, que se volvieron compradores”, señaló la magistrada.
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En relación con las actividades de narcotráfico de este grupo, el Bloque Noroccidental tuvo nexos con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien era socio de Pablo Escobar. “Rodríguez Gacha sí llegó a la parte oriental del país, después también parece que tuvo relación con el cartel de Cali. Pero esto es información superficial, porque son delitos amnistiables”, precisó.
Además de los grupos paramilitares, el Bloque también se disputó el territorio con el Ejército Popular de Liberación (Epl), una guerrilla que se originó en Córdoba y Sucre, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). “Toda esta multiplicidad de grupos desató una barbarie que no se vio en otra zona del país”, resumió la magistrada Lemaitre.
Aunque en 2021 la JEP imputó al Secretariado de las Farc por múltiples crímenes de guerra y estos excomandantes aceptaron su responsabilidad, “las víctimas que vienen ahora son más regionales, para las cuales el Secretariado no les dice nada. Ellas reconocen los comandantes de la zona”, aclaró la magistrada del macrocaso 01.
Esos rostros que reconocen las víctimas son los de Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo; Rodolfo Ruiz, alias Víctor Tirado; Martín Cruz, alias Rubín Morro; Ovidio Antonio, alias Anderson o Carranza; Pedro Baracutao García, alias Pedro Baracutao; Jhover Sánchez, alias Rubén Cano; y Jesús Mario Arenas, alias Marcos Urbano. De este grupo, solo Arenas había enfrentado previamente a la justicia ordinaria.
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Todo ellos deberán reconocer más de 314 secuestros individuales y colectivos documentados, además de otros crímenes que se cometieron durante los plagios, como tortura, malos tratos y violencia sexual. Frente a estos otros delitos, la JEP reconoce que el subregistro puede ser aún más amplio. Hasta 2016, casos de delitos como el secuestro, que representaba penas de hasta 60 años de cárcel, se llevaban en la justicia ordinaria y, en palabras de Lemaitre, “no había un incentivo para documentar otros crímenes”.
La magistrada agregó que en el registro también hay un “sesgo” que se inclina hacia los hechos ocurridos en contextos urbanos, por la facilidad de interponer denuncias. Y concluyó: “Para las víctimas de regiones rurales es más difícil, sobre todo considerando la irregular presencia del Estado en el territorio”.
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