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Cuando estalló la crisis que puso a Reficar en el centro de un escándalo por sobrecostos, cuya magnitud es hoy difícil de dimensionar, los cerebros de la defensa de la empresa colombiana se jugaron el todo por el todo en una estrategia jurídica: demandar ante un tribunal de arbitramento internacional a la empresa extranjera que, para ellos, era la responsable de que la remodelación, planeación y construcción de la que hoy es la refinería más importante del país terminara costando US$4.022 millones más de lo pactado y que se entregara con dos años de retrasos. La estrategia se activó en marzo de 2016, cuando ya se avecinaba la tormenta de investigaciones, y solo siete años después, en junio de 2023, se conoció el resultado: los colombianos ganaron y se llevaron el jugoso bote.
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La victoria no pudo ser más aplastante, sin embargo, la realidad hoy es que el pago está tan embolatado, que desde hace unos meses en Colombia, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos se han llevado a cabo reuniones y audiencias de altísimo nivel que definirán el camino para que lo ordenado por el tribunal de arbitramento internacional se pague. Un laudo histórico que emitió la Cámara de Comercio Internacional (CCI), pues se trata de la multa más grande impuesta en un litigio de este tipo en el país: US$1.000 millones (sin contar intereses). Es decir, aproximadamente $4.2 billones. Tantos ceros son difíciles de digerir y, por eso mismo, los llamados a responder por la multa están haciendo hasta lo imposible para evitar el pago de lo que la Refinería de Cartagena está esperando recibir.
Quienes conocen el proceso de negociación le contaron a El Espectador pormenores de esos encuentros y, para evitar entorpecer lo conseguido, las fuentes pidieron no revelar su identidad. Todas coinciden en que el punto crítico está en un proceso de reorganización financiera que anunció la empresa en la que hoy recae la responsabilidad del billonario pago: la multinacional estadounidense McDermott International, que en 2018 compró CB&I, la firma que construyó Reficar.
El anuncio lo hizo el pasado 8 de septiembre a través de un comunicado de prensa que dejó a más de uno con las manos en la cabeza, especialmente en Colombia, pues desde que se conoció el laudo los altos directivos de Reficar venían tratando de llegar a un acuerdo “por las buenas” para lograr el pago. En pocas palabras, McDermott explicó que, para garantizar su supervivencia y responsabilidades con sus inversores, se había sometido a una reestructuración judicial que se realizará bajo las leyes de Países Bajos y Reino Unido, y todo para lograr el pago del laudo. Hasta ahí el anuncio sonaba favorecedor para los intereses de Colombia. No obstante, hacia el párrafo siete la empresa mostró sus dientes. Aunque reconoció que existe el laudo arbitral y que también tiene en su contra un fallo de control fiscal, que emitió la Contraloría colombiana en abril de 2021, la empresa estadounidense dijo que se opone al pago de ambas multas. Sobre el laudo expresó que está en total desacuerdo y, de hecho, desde el mismo momento en que salió pidió anular la decisión de la Cámara de Comercio Internacional.
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Sobre el fallo fiscal dijo simplemente que no reconoce la autoridad de la Contraloría, cuya decisión está en firme y es del orden de los $2,9 billones. Aunque todavía es bastante limitada la información que tienen las autoridades colombianas sobre el proceso que ya estudian jueces ingleses y neerlandeses, en la Contraloría, en Reficar y en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya empezaron a rondar datos. El más preocupante de todos es que, según el plan que está negociando McDermott, los estadounidenses solo estarían dispuestos a pagar US$4 millones, tanto por la multa de US$1.000 millones de la CCI como por la Contraloría. “Hasta para Amazon esa suma es considerable. Van a patalear como puedan. En todo caso la posición de la empresa es escandalosa”, agregó una funcionaria.
La situación es tan preocupante, que funcionarios colombianos ya estuvieron en Londres explicando ante la justicia inglesa que cualquier plan que se apruebe a favor de McDermott tiene efectos directos en las finanzas de una empresa que está bajo el control del Estado colombiano (a través de Ecopetrol). Puertas adentro de las entidades públicas la situación es clara: lo que está buscando la empresa es evitar el pago del laudo y del fallo fiscal y, por eso, los “únicos acreedores afectados negativamente por el plan son la Refinería de Cartagena y la Contraloría”, señaló otra fuente que conoce los pormenores de las negociaciones. Y como si fuera poco, existe un problema más en esta historia de jurisdicciones europeas, intereses empresariales y financieros de miles de millones de dólares.
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La cuestión adicional reposa en el fallo fiscal de la Contraloría. Por ahora, al menos en Colombia, está claro que esa decisión se basó en cientos de hallazgos fiscales de sobrecostos, baja productividad de la mano de obra directa, gastos injustificados en personal y demoras en actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones por parte de la junta directiva de Reficar, su administración, el contratista y el supervisor. La decisión la tomó el ente fiscal en un fallo de más de seis mil páginas en contra de cinco exfuncionarios, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas, incluyendo a CB&I (hoy en control de McDermott). La Contraloría tasó el detrimento patrimonial en $2,9 billones y, desde hace dos años, está tratando de cobrar la multa.
Aunque es casi la mitad del monto que ordenó pagar el laudo arbitral, la cifra sigue siendo altísima para los intereses de la multinacional y, en medio de esas negociaciones para lograr el pago, funcionarios advirtieron un riesgo que podría ser mortal: si la Contraloría sigue presionando para que los extranjeros paguen, ¿no podría ser otro ingrediente para que McDermott entre en quiebra y no pueda pagar ni siquiera los US$4 millones del laudo? La pregunta está rondando en encuentros del más alto nivel entre los directivos de Ecopetrol, Reficar y la Contraloría, que siguen atentos a cualquier movimiento de la justicia en Inglaterra y Países Bajos, así como de una decisión trascendental que debe tomar un juzgado de Nueva York.
Su importancia es crucial: las autoridades norteamericanas tienen en sus manos definir si el laudo de la Cámara de Comercio Internacional debe mantenerse tal cual fue anunciado en junio pasado o si, por el contrario, acepta la reclamación que interpuso McDermott, que pidió que se anulara todo el caso, alegando una violación al debido proceso. Como en Colombia, en Estados Unidos los laudos arbitrales son casi sagrados, no solo porque los abogados que los definen son de los mejores en su sector, sino porque fueron creados para evitar el desgaste de sistemas judiciales con asuntos del más alto nivel entre privados y encontrar más garantías en una instancia internacional. Sin embargo, todo está por verse en la decisión que tome el juzgado de Nueva York, que todo apunta se conocerá este año.
La génesis de Reficar
Para muchos expertos el caso de Reficar y su situación actual tiene sus orígenes en un plan que, desde el comienzo, tuvo como expectativa una realidad ficticia. Sus primeras proyecciones arrancaron en 1995, pero solo hasta 2006 se concretó la obra y la empresa Glencore fue la elegida para empezar las obras de modernización, planeación y construcción de la Refinería de Cartagena, todo bajo la financiación de Ecopetrol. Desde ese momento el Estado y el contratista pactaron que el pago se haría bajo el modelo de “llave en mano”, es decir, que se cancelaba cuando la obra estuviera lista. Pero los problemas no demoraron y, sin que al sol de hoy exista una explicación lógica, Glencore dejó el proyecto en manos de CB&I, una empresa estadounidense que no tenía experiencia en trabajos de una refinería.
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Para 2009, con varias alertas ya encendidas por demora en las obras, la nueva empresa pidió un cambio en el contrato. En lugar de pagar bajo el modelo de “llave en mano”, pidieron que se hiciera bajo lo que en el mundo de estos negocios se conoce como “costos reembolsables”. En otras palabras, que no se paga cuando una obra esté lista, sino con solo una factura. Ecopetrol aprobó ese cambio, siempre y cuando la empresa que debía avalar el desembolso, Foster Wheeler, estuviera de acuerdo. Así empezó el desangre de las cuentas. Las demoras fueron acumulándose, así como los trabajos que se hicieron más de una vez, por simple falta de planeación; los desembolsos para obras que no estaban bien diseñadas, y un largo etcétera de errores que terminaron en sobrecostos de más de US$4.000 millones.
Reficar y Ecopetrol, pese a que aprobaron los pagos, siempre que identificaron los errores de CB&I, pidieron respuestas y celeridad en los procesos. Por eso mismo, al menos desde 2012, empezaron a recopilar pruebas de la responsabilidad del contratista extranjero y, ya cuando la situación estaba desbordada, le pidieron a la Contraloría que interviniera. Así, en 2016, el país conoció los primeros hallazgos del ente fiscal, que desde el comienzo advirtió que se trataba de un billonario desfalco al patrimonio público. Para ese momento lo cierto era que la estrategia de las entidades colombianas ya estaba pactada: el tribunal de arbitramento internacional. Los árbitros estudiaron más de tres millones de pruebas que Reficar y Ecopetrol anexaron a su demanda.
Mientras el proceso avanzaba en Nueva York, en Colombia no hubo una autoridad que no se remangara las mangas para sacar provecho del escándalo. La Procuraduría hizo lo suyo con investigaciones contra funcionarios públicos, la Contraloría siguió advirtiendo que se trataba de un desfalco histórico, que costaba 1,5 veces el canal de Panamá, y la Fiscalía empezó a escarbar en supuestos hechos de corrupción. Siete años después de que iniciara el litigio, la CCI le dio toda la razón a Reficar, y en una decisión unánime ordenó el pago billonario. Una multa tan enorme que, con ese dinero, cubrir 283.9 veces los arreglos que necesita la vía al Llano o pagar más de tres veces el contrato que firmó Lionel Messi para jugar con el Inter de Miami.
Con el mundo encima, y contra toda corriente, Reficar ha estado funcionando desde finales de 2015. El año pasado, el entonces presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, expresó que para el primer semestre de 2022 la refinería presentó ganancias por $921.000 millones y un Ebitda récord de $2,3 billones, cifra que muestra el beneficio de una empresa antes de restar intereses por deudas o impuestos. Además, agregó Bayón, contribuyó a que Ecopetrol registrara su mejor semestre en la historia, con utilidades de más de $17 billones. Todo eso sin que se supiera de la aplastante victoria de las entidades colombianas en la CCI. Sin embargo, hoy todo está en veremos. “La estabilidad de Reficar no depende del laudo, pero sí tenemos el cuchillo en la boca”, afirmó una de las fuentes.
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