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Para entender la corrupción de Ariel Isaías Arteaga, gobernador (e) de Córdoba entre abril y diciembre de 2007, habría que tener en mano un ábaco, material de básica primaria como los que juró haber entregado a cientos -si no miles- de niños en el departamento, pero que nunca llegaron a las aulas de clase. La Corte Suprema de Justicia acaba de condenarlo por 15 delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, siete por apropiarse dinero a favor de un tercero, 38 por falsedad ideológica en documento público y otros 24 por falsedad material en documento público.
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El exgobernador (e) Ariel Isaías Arteaga se sometió a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia, para obtener rebaja de pena por las decenas de delitos que cometió cuando estuvo a cargo de Córdoba. Tras avalar el acuerdo, la Sala de Primera Instancia condenó a Arteaga a siete años y seis meses de prisión. Además, el sentenciado deberá pagar una multa de más de $6 mil millones, deberá devolverle al departamento saqueado alrededor de $43 mil millones y no podrá ser funcionario público durante ocho años.
Sumar y agrupar en conjuntos las conductas de Arteaga fue una tarea que le tomó a la Corte Suprema un total 129 páginas, tras casi una década de investigaciones. El exgobernador (r) aceptó su responsabilidad el 27 de junio de 2018 y, luego un juicioso examen de cada una de las acciones del procesado, lo sentenció a prisión el pasado 10 de marzo. Como abrebocas, se encontró responsable a Arteaga por pagarle al contratista Flamingos $34 millones para llevar a colegios de la región mapas, crayones, temperas, laminas y juegos didácticos, los cuales jamás llegaron.
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De acuerdo con la investigación, el 28 de noviembre de 2007, entre Arteaga y Pedro Rafael Cordero, representante de Flamingos, firmaron un contrato para el suministro de materiales y medios pedagógicos por ese valor. La Gobernación registró en sus cuentas un pago en efectivo, que sí llegó a los bolsillos de Cordero, pero que dejó a los niños jugando con la imaginación y sin los elementos educativos prometidos. Los rectores de los colegios Los Corrales, Vereda Comején, Aserradero, Juan XXIII y Pedro Castellanos, denunciaron no haber recibido si quiera un lápiz.
Por otro lado, en noviembre de 2007, Arteaga se comprometió a entregar, en otro contrato, siete aulas y una batería sanitaria para los niños del departamento. El contratista AsoSanJorge recibió un anticipo de $870 millones, cifra escandalosamente superior al máximo legal autorizado del 50%. En un informe de interventoría, se constató que el proyecto de las aulas y la batería sanitaria se ejecutó solo en un 3,8%. Gracias al trabajo de Arteaga, el contratista AsoSanJorge se quedó con $529 millones, como lo explicó la Corte Suprema de Justicia.
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Pero la investigación no se queda ahí. El 12 de diciembre de 2007, Arteaga firmó con el contratista Globo Ediciones un contrato por $34 millones, para el suministro de 49 textos para la formación de docentes. Los libros nunca llegaron a los colegios, a pesar de que en los registros de la gobernación aparecían recibos a satisfacción. Arteaga, además, entregó el contrato a dedo, cuando la institución publica debía haber llamado a una convocatoria pública. Por otro lado, Arteaga no realizó un estudio de condiciones de mercado, por lo cual violó los principios de transparencia y selección objetiva.
“El valor de la cotización, que supuestamente Globo Ediciones allegó 7 meses antes del proceso contractual, coincide con el certificado de disponibilidad presupuestal y con el valor de contrato, de donde se infiere su mentirosa presentación. La presunta propuesta muestra una firma como de su representante, Martha Lucia Hernández, la cual es diferente de aquella que se observa en la cotización, el contrato, el acta final, la de liquidación, la factura y la póliza”, agregó la Sala de Primera Instancia.
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Volviendo al contratista Flamingos, el 26 de diciembre de 2007 se firmó un contrato para la compra de kits escolares por $33 millones. Mientras en el acto de visita fiscal los rectores se quejaron de no haber recibido un solo paquete, en los comprobantes de ingreso y egreso del almacén se dijo de forma mentirosa todo lo contrario. Arteaga nuevamente seleccionó a su contratista favorito por capricho y, luego, fue desenmascarado por seis rectores de distintos colegios del departamento.
Y así, una y otra vez. Gracias a Ariel Arteaga los recursos de Córdoba, en 2007, fueron elevados al exponente que el condenado consideró mejor para sus amigos. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2007, Arteaga seleccionó a dedo al contratista Promotora Mundial, el cual debía entregar 38 obras de formación deportiva, a dos colegios, por un valor de $34 millones. Sin embargo, la gobernación registró haber entregado los textos en diciembre de ese año, cuando los rectores y los niños andaban en vacaciones.
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En un punto de la sentencia, hablando sobre 70 libros de psicología nunca entregados, el magistrado ponente Jorge Emilio Caldas resumió las constantes triquiñuelas del funcionario: “El trámite fue idéntico al ya descrito: los libros no se entregaron, pero se adulteraron documentos, con falsificación de firmas, para aparentar lo contrario; no se hizo la consulta de precios de mercado en el Registro Único de Precios de Referencia, luego el contratista fue elegido arbitrariamente; no hubo estudios de planeación y conveniencia, por lo cual no se estableció la necesidad del objeto a contratar”.
La Corte Suprema de Justicia encontró, además, irregularidades en contratos para la construcción de una planta de beneficio de ganado, tratamiento de aguas residuales, construcción de un polideportivo, electrificación de una vereda, construcción de unidades básicas sanitarias de alcantarillas, construcción de aulas de clase, construcción de un Centro de Recursos Educativos Municipales, y entrega de kits para madres cabeza de hogar. En fin, un funcionario público con mención de honor en corrupción.
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