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“Me causó indignación ver los gusanos en la comida”, dijo esta semana el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, refiriéndose a los alimentos que reciben las personas privadas de la libertad en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. Pero la situación no se limita a la capital: en diferentes cárceles y centros de detención del país los reclusos denuncian constantemente recibir alimentos en descomposición. Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) habló con El Espectador de la estrategia que está en marcha para que eso cambie y el servicio mejore, conforme a órdenes que ha dado hasta la Corte Constitucional. Lo primero será abrir una gran licitación.
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La contratación de la alimentación en las cárceles es muy compleja por su magnitud, porque incluye a todos los rincones de Colombia y porque es muy costosa. Actualmente, las tres comidas del día, más un refrigerio nocturno que supuestamente debería recibir cada interno, le cuestan al Estado $9.229. Multiplicando esa cifra por las 115.000 personas privadas de la libertad suma alrededor de $500.000 millones al año. Además, los presos están repartidos en 132 cárceles administradas por el Inpec, 245 estaciones de Policía, 67 unidades militares y 8 centros de reclusión militar. ¿Cómo encontrar proveedores para algo así? La Uspec acudió, por años, a la bolsa mercantil.
Así, la entidad publica que necesita un servicio, la bolsa y sus corredores hacen todo el proceso de intermediación y contratan ese servicio. Pero, según cuenta Andrés Díaz, esto ha traído múltiples problemas: “Encontrábamos que los mismos operadores se bajaban a precios cercanos a los $7.000 (por la alimentación diaria de cada interno). Yo me pregunto: ¿con ese valor es posible entregar tres alimentos al día y un refrigerio? Adicional a esto, si quisiéramos sancionar a un operador no lo podemos hacer de manera directa, sino que le tenemos que pedir a la bolsa que haga su proceso de investigación y que sea la bolsa la que determine si lo puede sancionar o no”.
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Para poder sancionar a proveedores como el de la comida con gusanos que denunció el ministro, el director Díaz viene cambiando la forma de contratación y el plan es dejarla en una gran licitación. La última vez que se contrató por bolsa mercantil fue en agosto de 2020, contratos que se vencieron en diciembre y recibieron unas semanas de adición para ir hasta febrero. Luego, las 19 empresas contratistas, que corresponden a 19 grupos en los que la Uspec dividió a todos los reclusos del país, le manifestaron a la entidad que no querían seguir adicionando. Mientras tenían todo listo para la licitación, y para no generar traumatismos, la Uspec contrató a los mismos 19 de manera directa.
Ese contrato directo va hasta el 31 de junio y debería empatar con los ganadores de la licitación. “El proceso licitatorio va a iniciar en mayo, estamos terminando el estudio de mercado para finalizar la estructuración y determinar las condiciones”, dijo Andrés Díaz. Según el director, aspiran a mejorar todos los factores de la alimentación: las cinco comidas “especiales” que reciben los presos al año, buscarán que sean una al mes; quieren regionalizar los menús para incluir ingredientes de la zona donde está ubicada cada cárcel, buscando apoyar a campesinos de la región y que la comida sea más fresca; esperan cambiar platos, cubiertos y todo el menaje de las cocinas, entre otras cosas.
“El componente nutricional será del 110% con relación al estándar internacional (que pone la FAO), hoy es cercano al 98%. Vamos a fortalecer el fondo de contingencia, porque a veces lo que se presenta es que las secretarías de salud visitan, piden unas condiciones de mejora y el contrato, por su estructura, se demora mucho”, añadió Andrés Díaz. Dijo que, “obviamente”, no esperan entregarle la alimentación de los 115.000 reclusos a un solo contratista, ni a dos, ni a tres, sino mantener algunos de los 19 grupos de cárceles en los que tienen separado el suministro de todo el país. Y todo esto, vigilado por una interventoría.
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“A la Uspec nos cuesta casi $3.000 millones la intermediación de la bolsa mercantil y de los comisionistas. Yo creo que esos recursos no deberían irse a la intermediación sino, o a una interventoría adecuada, o a mejores alimentos”, dijo el director. De hecho, para la contratación directa de este año, la entidad contrató también una interventoría, que entró a operar esta misma semana. Un equipo de 77 técnicos, le dará prioridad a vigilar lo que está sucediendo en las cárceles de La Picota, en Bogotá, así como las estaciones de Policía y Uri de la capital; la Tramacúa en Valledupar y el establecimiento de Acacías, en Meta. El equipo cuenta hasta con microbiólogos que tomarán muestras constantes de los alimentos, para que un episodio como el de los gusanos en la comida no se repita.
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