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Este viernes, a las 7:30 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia vivirá la final del octavo torneo de fútbol femenino en su historia, en un duelo en el que Santa Fe deberá darle vuelta a un resultado que, por ahora, acredita a Deportivo Cali como campeón. Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol, y el país mismo, se preparan para celebrar la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, la cual iniciará a finales de mes. En medio de esa coyuntura deportiva, en reuniones privadas en las oficinas del Ministerio del Trabajo, en Bogotá, se está cocinando el proyecto de una nueva liga femenina de fútbol en el país. Una que respete las garantías laborales a las que tienen derecho las futbolistas, como profesionales, y que les permitan a los altos ejecutivos del fútbol y al Gobierno Nacional saldar sus deudas con la justicia.
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El Espectador conoció el primer avance de las conversaciones entre la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), sindicato reconocido que vela por los derechos de los jugadores. Se trata de un documento en el que Acolfutpro deja claras sus peticiones para una renovada liga de fútbol femenino y, en contraste, los ejecutivos del balompié responden lo que, en principio, están dispuestos a ofrecer. La manera en que se concibe la liga femenina, cabe aclarar, es solo uno de los 19 puntos que Acolfupro ha solicitado negociar con Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) desde 2019. Un pliego de peticiones firmado por más de 1.000 futbolistas, de 36 equipos de primera y segunda división, en el que solicitan discutir mejores condiciones laborales, y que todavía no tiene acuerdo alguno.
Para empezar, Acolfutpro solicita una liga femenina que, desde 2025, tenga una duración de hasta nueve meses, con una participación mínima de 16 clubes profesionales, que progresivamente ascienda a 20 cuando llegue el 2027. En promedio, los torneos femeninos duran entre tres y cuatros meses, lo cual es motivo de conflicto por parte del sindicato, pues ese es el término real en el que son contratadas las jugadoras profesionales. Es decir, las garantías que ofrece el Estado para quienes obtienen un trabajo formal, en salud, pensión o riesgos laborales, solo son cubiertas en un corto periodo del año. Dimayor ya respondió que, con base en las reglas de la FIFA, puede ofrecer a partir del próximo año, como mínimo, un torneo conformado por 10 equipos y con una duración de seis meses, con al menos 90 partidos.
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Siguiendo con el interés en lo laboral, el sindicato exige un cambio en el reglamento de Dimayor, en el que la totalidad de las futbolistas que sean inscritas tengan contrato de trabajo. Como lo reveló este diario en septiembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene imputada a la Dimayor y a 29 clubes, por presuntamente diseñar e implementar un plan para que las futbolistas tuvieran las condiciones laborales más precarias posibles. Según la investigación, un análisis de los contratos de las futbolistas para la temporada 2023 arrojó casos como el de Cortuluá, que a todas sus jugadoras les pagó el sueldo mínimo. Para este año, en siete clubes indagados, se encontró que solo cinco jugadoras tenían salarios superiores a los $4 millones. De hecho, desde 2017, el 97 % de los contratos se han firmado por debajo de ese valor.
Sobre ello, Dimayor respondió que, tanto en la rama masculina como en la femenina, se requiere de la participación del fútbol aficionado, como lo son aquellos jugadores de la categoría sub-20. En el caso de las juveniles, se compromete con la adquisición de una póliza individual para poder inscribirlas a la liga. Carlos González Puche, director de Acolfutpro, espera que Dimayor tenga en cuenta que “una póliza no hace las veces de un contrato formal laboral. ¿Qué va a pasar en casos de embarazo o de lesiones graves como de ligamento cruzado?”, le dijo a este diario. En todo caso, para la Dimayor es ideal que, a partir del próximo año, el porcentaje de las jugadoras profesionales siempre sea superior al de las jugadoras aficionadas a prueba. Y aclara que, a veces, las futbolistas no quieren ser contratadas, para no perder la oportunidad de ser becadas en Estados Unidos para practicar fútbol universitario y estudiar al mismo tiempo.
El sindicato de futbolistas, por otro lado, busca un sistema de campeonato de todos contra todos, a dos vueltas, para garantizar la estabilidad laboral de las jugadoras. Dimayor respondió que eso podría ocurrir, siempre y cuando se confirme la participación de 20 equipos, pero que la primera opción será un formato que inicie con un todos contra todos, pero de solo una vuelta. En cuanto a la publicidad del torneo, el sindicato negocia para que Dimayor logre transmitir como mínimo cuatro partidos en cada fecha de la liga femenina, en la misma franja horaria del fútbol masculino. Ante ello, Dimayor responde que “se promoverá la visibilidad de la liga profesional femenina y de sus futbolistas, a fin de ir generando progresivamente audiencia específica de la liga”.
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Estas conversaciones se presentan en el marco de dos grandes tensiones. Sobre la primera, el lector podría preguntarse, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Trabajo en todo esto? Pues, para el gobierno nacional, este dilema tiene una connotación internacional, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un caso abierto contra el país y le solicita a la cartera dirigida por Gloria Inés Ramírez, una sindicalista de pura cepa, intermediar en las negociaciones sindicales iniciadas por Acolfutpro. Sobre lo segundo, la SIC, el mes pasado, rechazó las garantías propuestas por Dimayor para superar la precariedad del fútbol femenino y, por tanto, siguen imputados –con posibilidad de sanción– el expresidente Jorge Enrique Vélez y el actual presidente Fernando Jaramillo de esa entidad deportiva.
Este diario conoció que la próxima semana el sindicato de futbolistas presentará una propuesta consolidada sobre las 19 peticiones, que incluyen mejoras en el fútbol femenino y masculino. Las partes que dialogan, contando con la observancia del Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, se volverán a reunir el miércoles 21 de agosto para empezar a discutir punto a punto y si es posible llegar a un consenso de cara al próximo año. El plazo para levantar actas parciales de acuerdo será el 30 de septiembre, día en que finalmente se sabrá lo que pase con el fútbol femenino, y con las demás peticiones que datan de 2019 y que tienen a Colombia bajo la mirada del máximo organismo sindical del mundo. Entretanto, la SIC sigue vigilando a la Dimayor y a sus clubes, exigiendo que traten a las jugadoras como verdaderas profesionales.
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