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La corrupción judicial apareció de nuevo. Tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio (Meta) fueron condenados por torcer fallos a su amaño, todo a cambio de acceso a fiestas exclusivas, comidas, licor y sexo. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la condena contra los exfuncionarios en una reciente sentencia de segunda instancia en la que resolvió los recursos de apelación que presentaron sus abogados.
Se trata de Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, quienes traicionaron la justicia al usar su poder para conceder beneficios y dilatar procesos de manera ilegal para favorecer a criminales, algunos relacionados con la llamada Oficina de Envigado. Por estos hechos, la Sala de Primera Instancia de la misma Corte ya los había condenado por los delitos de prevaricato y cohecho.
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Los exmagistrados fueron procesados por irregularidades en dos procesos penales y una tutela en los que habrían tomado decisiones a cambio de la entrega de dinero. Por uno solo de los casos pactaron un soborno de 2.000 millones de pesos. Al revisar cada caso, la Corte Suprema determinó que los togados torcieron y dilataron los procesos a cambio de beneficios personales.
Así fue cómo se beneficiaron con dineros, fiestas y licor
El entramado de corrupción tiene su génesis en el año 2014. Para ese entonces, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación a raíz de la información que entregó un anónimo sobre actos de corrupción que involucraban a altos funcionarios de la rama judicial de Villavicencio. Para darle seguimiento, el fallo revisa varios procesos judiciales en los que, según la Corte, los exmagistrados intervinieron para favorecer a otros procesados.
El primer caso que resalta la Corte fue el de Danit Darío Doria Castillo, alias Bacalao, sobrino del desaparecido narco Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Es un condenado que incumplió injustificadamente la obligación de permanecer en prisión domiciliaria. El caso lo tuvo en su despacho el magistrado Fausto Rubén Díaz, quien buscaba devolverle la medida no privativa de la seguridad, a pesar de los argumentos expuestos.
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Frente a esto, el alto tribunal concluyó que “el procesado forzó una interpretación acomodada, caprichosa e injustificada de los hechos, al margen de la evidencia recaudada, al tiempo que acudió a juicios y apreciaciones subjetivas abiertamente equivocadas, carentes de respaldo probatorio y ajenas a un razonamiento probatorio serio, objetivo y adecuado a las reglas de la sana crítica, con el propósito de favorecer indebidamente al condenado”.
En el siguiente caso que analizó el alto tribunal, estuvieron involucrados los tres exmagistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño. Los togados en una misma decisión resolvieron la acción de tutela interpuesta por Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias “Cesarín” tras la negativa a la petición de prisión domiciliara a raíz de ser padre cabeza de familia.
Los exmagistrados ordenaron estudiar nuevamente la solicitud, pero para la Corte, todo estuvo mal desde el principio, porque la tutela era improcedente. “Pese a ello, los magistrados omitieron de manera consciente y voluntaria realizar un examen previo, expreso y razonado del principio de subsidiariedad y resolvieron de fondo el asunto”, dice el fallo.
El caso más sonado le correspondió al magistrado Alcibíades Vargas Bautista al resolver un recurso de apelación a la condena contra Marbelly Sofía Jiménez Pérez y Smith Bayardo Parra Rincón, condenados por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Según detalló la Sala, desde el primer momento, los abogados de los procesados mantuvieron reuniones y conversaciones con los magistrados para llegar a un acuerdo totalmente ilícito. En uno de los encuentros, las partes pactaron un pago de COP 2 mil millones para los togados Vargas y Trejos, siempre y cuando sentaran un fallo absolutorio.
Para cerrar el negocio, el pago se realizaría en dos partes: mil millones al registrar el proyecto y mil millones restantes tras la lectura de la sentencia. Para realizar el negocio corrupto, Marbelly les entregó a sus abogados la suma de COP 800 millones para consignarlos a los magistrados. Pero el trato flaqueó. “Los abogados le devolvieron el dinero, al conocer que Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño no iban a cumplir con su parte del acuerdo, porque se enteraron que iban a ser imputados por la Fiscalía por estos hechos”.
Sin embargo, los exmagistrados lograron acceder a ciertos beneficios por sus actos de corrupción. Según dicta la sentencia, entre mediados de 2012 y 2014, tiempo en que estuvo en vigencia el acuerdo ilícito, Marbelly Sofía Jiménez organizó fiestas que incluían “comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales”, a modo de contraprestación.
“Aceptaron promesa remuneratoria de manos de la persona directamente interesada en el resultado del proceso, junto con otras dádivas; eran conscientes de que las invitaciones y dádivas provenían de los abogados defensores de la procesada, cuyo caso debían decidir; por su amplia experiencia como magistrados sabían que les estaba prohibido recibir cualquier tipo de remuneración por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo; y, no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada”, señaló la Corte en la sentencia.
Las consideraciones de la Corte sobre los procesos que intentaron torcer
Para cada caso, el alto tribunal dejó por sentados sus argumentos en contra de los tres exmagistrados. En lo que respecta al primer episodio relacionado con el procesado Danit Darío Doria Castillo, la Corte señaló que “Fausto Rubén Díaz Rodríguez insistió en su postura mediante salvamento de voto, optando de manera consciente por desconocer pruebas, relativizar hechos plenamente demostrados y construir una argumentación acomodada orientada a favorecer indebidamente al condenado”.
En el segundo caso, relacionado con Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias “Cesarín”, la Corte consideró que los togados para ese momento actuaron contrario a la ley con conocimiento y voluntad, instrumentalizando su función jurisdiccional para favorecer los intereses privados del jefe de una oficina de sicariato.
En lo relacionado al caso de Marbelly Sofía Jiménez, la Corte determinó que, contrario a lo que alegó la defensa, el testimonio de Jiménez fue coherente y espontáneo. Su testimonio encontró corroboración externa en pruebas documentales como facturas del hotel, en el hallazgo de borradores de sentencias en computadores, así como en los testimonios de la recepcionista del hotel y otros empleados judiciales.
“Durante el tiempo que duró el acuerdo y con el mismo propósito, los magistrados aceptaron dádivas provenientes de Marbelly Sofía Jiménez Pérez, consistentes en fiestas que incluían comida, licor y servicios sexuales”, remarcó la Corte.
Por estos hechos, el alto tribunal confirmó la condena contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez por prevaricato por acción en concurso homogéneo. Y contra Joel Darío Trejos y Alcibíades Vargas por los delitos de prevaricato por acción y cohecho propio. La Sala concluyó que los magistrados no cometieron errores de interpretación, sino que actuaron con conocimiento pleno de la ilegalidad de sus actos.
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