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En Sala Plena, la Corte Constitucional derrotó la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien estudiaba una demanda contra el derecho al aborto presentada por la abogada Natalia Bernal. La demandante decía que los fetos por nacer deberían considerarse como sujetos de derechos. Todo esto, después de que esta alta corte tomó, en febrero de 2022, la histórica decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantener las tres causales que se fijaron en 2006: peligro para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo producto de violación.
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La demanda que presentó Natalia Bernal estuvo en el despacho del magistrado Ibáñez, quién, además de la demanda, analizó los conceptos enviados por diferentes entidades del Estado y organizaciones médicas. El Espectador conoció algunos apartes del documento donde decía que exhortaba al Congreso para que sea el órgano que valore la necesidad de ajustar el documento que si bien avanzó en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, pudo haber desprotegido la vida del que está por nacer.
Este proyecto de fallo del magistrado Ibáñez fue derrotado por la Sala Plena durante la semana pasada y ahora será el magistrado Antonio José Lizarazo el que evalué la propuesta. Cabe recordar que, Lizarazo, junto con el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, fueron los dos ponentes que resolvieron el expediente que planteó y logró aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia.
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La abogada Bernal ha sido una opositora al aborto ante la Corte Constitucional. Ha intentado que el delito sea un hecho sin excepción alguna. Incluso, intentó cambiar la sentencia constitucional de 2006 que permitió el aborto bajo tres causales. Y, desde luego, participó activamente como opositora en la demanda de Causa Justa que permitió despenalizar el aborto hasta la semana 24.
En 2022, por ejemplo, la Corte Suprema aceptó estudiar una de tutela presentada por Bernal en la cual asegura que los magistrados que decidieron sobre el aborto han maltratado su buen nombre. Mientras que, en este momento, el alto tribunal constitucional tiene que decidir sobre dos demandas de Natalia: la que pide reconocer a los fetos como sujetos de derechos, y la que pide tumbar la excepciones para abortar y adicionar un artículo al delito de filicidio.
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Un filicidio se refiere a la muerte violenta que un padre da a su hijo. En este caso, la solicitud de la abogada ante el alto tribunal es que las mujeres que se sometan al parto forzado y quienes las acompañen en el proceso sean condenados a 60 años, así como también a los padres que den muerte a sus hijos entre los 0 y los 6 años. Sobre la otra solicitud de excluir las tres causales vigentes desde 2006, insistió en que es necesario que las personas que practican y colaboran en interrupciones voluntarias del embarazo sean responsables de este delito.
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