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La puja por definir quién se queda con la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek aún no es un tema definido. El pleito jurídico que empezó en 2016 y pretende revelar en manos de quién queda la Fundación Acosta Bendek, que tiene como filiales al Hospital Universitario y la Universidad Metropolitana de Barranquilla, cuenta con diversos escenarios. Desde acciones de tutela, investigaciones a fiscales y exmagistrados hasta una condena a un exsenador y el llamado de la Corte Suprema de Justicia a rendir declaración a una ministra del actual gobierno dentro de una investigación.
Sobre el proceso que ya completó cinco años en los estrados judiciales se conoce: una investigación en la Corte Suprema en contra del exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera; la condena contra el exsenador Eduardo Pulgar por soborno; una citación a declarar en el alto tribunal a la actual ministra de educación, María Victoria Ángulo, en la investigación en contra de Pulgar; y una investigación contra el exfiscal del caso en Barranquilla, Gustavo Adolfo Orozco, quien supuestamente, desacató una orden del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre remitir el caso a Bogotá.
El expediente que se ha movido en los juzgados, los tribunales y la Corte Suprema empezó por cuenta de un acta de Asamblea Extraordinaria que suscribieron ante la Cámara de Comercio de Barranquilla los hermanos Eduardo Francisco, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek, y el hijo del exsenador, Alberto Enrique Acosta Pérez, con la que buscaban reformar los estatutos de la Fundación y crear una nueva junta directiva. En pocas palabras, querían desconocer legalmente el poder que tenía en la organización Ivonne Acosta, hija del exsenador, quien fungía como vicepresidenta y representante legal.
El cambio, al parecer, lo realizaron irrespetando las órdenes explícitas del excongresista Acosta Bendek, quien aseguró antes de su muerte que su hija era la única heredera y que quien asumiera la representación legal de la fundación sería también el presidente de la junta directiva. La modificiación, entonces, fue el inicio de este novelón judicial.
La supuesta participación irregular de un exmagistrado
La maniobra de los hermanos y del hijo del exsenador condujo a que tuvieran que modificar, también, los integrantes del consejo directivo del Hospital y de la Universidad. Destituyeron al entonces director administrativo del centro educativo y al rector de la entidad de salud para imponer nuevas cabezas en cada uno. No obstante, para su infortunio, los efectso del acta terminaron suspendidos por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla en diciembre de ese mismo año. Con esa decisión, todo quedó nuevamente como el exsenador lo estableció: Ivonne Acosta de Jaller asumía la representación legal.
Pero Acosta Pérez interpuso una acción de tutela en la que pedía que se suspendiera la decisión del juzgado. La tutela cayó en el despacho del hoy exmagistrado Mola Capera, quien, según la Fiscalía, formuló tres decisiones judiciales contrarias a la ley. La primera: emitió una medida cautelar a favor de Acosta Pérez. La segunda fue imponer un obstáculo en la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al hoy fallecido Eduardo Francisco Acosta Bendek, el hermano del exsenador, quien buscó de todas las formas no ser llevado ante los estrados judiciales.
La tercera decisión cuestionada de Mola Capera, también estuvo vinculaba a Eduardo Francisco, pues buscó recusar al juez que avaló la fallida imputación de cargos en su contra. Al menos en los últimos dos casos, el exmagistrado no debió darle trámite a esas pretensiones pues la Fiscalía había desistido de llevar ante los estrados a Acosta Bendek. Las decisiones emitidas por Mola Capera se sumaron a que, supuestamente, se enriqueció injustificadamente en una suma superior a los $1.350 millones, que no tendría cómo demostrar con sus ingresos de servidor público. El ente acusador constató que su núcleo familiar dependía económicamente de él, con lo que tampoco pudo decir que los dineros fueran de su esposa o hijos.
La investigación en contra de Eduardo Pulgar
El expediente contra Mola Capera reposa en los despachos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, misma que condenó al exsenador Eduardo Pulgar a cuatro años de prisión por tratar de sobornar al juez del municipio de Usciacurí, Andrés Rodríguez Cáez, en 2017, para favorecer a su aliado político Luis Fernando Acosta Osío, coequipero de los hermanos Acosta Bendek y Alberto Enrique Acosta. Aunque el exsenador quien se encuentra en la cárcel Picota de Bogotá ya fue sentenciado, en su contra pesa una investigación por las reuniones que sostuvo con delegados del Ministerio de Educación, supuestamente, para beneficiar y retomar el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
El expediente en contra del exsenador se encuentra en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción, quien recientemente citó a la ministra de educación María Victoria Ángulo a responder una serie de preguntas sobre las tres reuniones que sostuvo con Pulgar durante 2019. Aunque la diligencia se llevó a cabo de forma reservada y tardó no más de dos horas se conoció que el jurista le preguntó sobre el motivo de los encuentros y si en efecto sirvieron para favorecer a algún allegado al hoy exsenador.
En su momento, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que aseguraba que, entre 2016 y 2020, el exsenador Pulgar visitó la entidad en 13 ocasiones. En el documento explicaron que, para noviembre de 2018, fue recibido por Emilio González, asesor del despacho de Angulo, y abordaron temas relacionados sobre proyectos que desarrollan en Atlántico. Para febrero de 2019, según el Ministerio, Pulgar se reunió con la jefa de cartera, María Victoria Ángulo, y en el encuentro estuvieron también González, dos asesores más y la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, con quienes hablaron sobre la Universidad Metropolitana.
Para mayo y diciembre de 2019, las mismas personas se reunieron con el exsenador para dar a conocer la necesidad de vincular en más plazas docentes a la etnia Mokaná de Malambo y conocer los avances de la gestión institucional de la Universidad del Atlántico. En el comunicado, la cartera señaló que esos encuentros se sostuvieron con ocasión de la solicitud que hizo el excongresista. “En este sentido, directivos del Ministerio han sostenido reuniones con los congresistas que así lo han solicitado y que tienen como fin atender las inquietudes de las acciones en las regiones con relación a la política educativa regional”, aseguró la entidad.
La cartera que preside Angulo aclaró que los informes en los que quedaron documentados los ingresos del exsenador Pulgar al Ministerio fueron remitidos en enero de 2021 a la Fiscalía General. “Adicionalmente, el día 7 de julio de 2021, fue dada respuesta al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, con la información detallada desde el Ministerio de Educación sobre agenda de los directivos, comisiones de servicios, reuniones con congresistas, contratación de la entidad, sistemas de registro y correspondencia”, reposa en el documento.
La posible irregularidad de un exfiscal
Los informes y la declaración de la ministra Ángulo reposan en la indagación preliminar que tiene abierta el alto tribunal en contra del exsenador Pulgar. Esta parte del proceso no es la única que reposa en los despachos judiciales de Bogotá. En septiembre pasado, la Corte Suprema ordenó trasladar a Bogotá el expediente que se surte en contra del exfiscal Gustavo Adolfo Orozco, quien como fiscal 56 delegado ante los Jueces Penales de Barranquilla investigó a Alberto Enrique Acosta, Juan José Acosta Osío, Luis Fernando Acosta Osío, Marcela Cecilia Acosta Moreno y Eduardo Acosta Bendek por una denuncia que interpuso Carlos Jaller Raad, esposo de Ivonne Acosta.
En esa investigación, el exfiscal fue recusado por los mismos investigados porque tuvo actuaciones en otras diligencias que vinculaban el caso. Aunque la Dirección Seccional del Atlántico lo apartó del proceso y puso a otro fiscal a conocer el expediente, para la audiencia de medida de aseguramiento se presentó aduciendo que no estaba separado del proceso. Además, en febrero de 2019 radicó el escrito de acusación en contra de Alberto Enrique Acosta, hermano de Ivonne Acosta, y archivó el proceso en contra de los demás. La Fiscalía luego lo llamó ante los estrados judiciales por prevaricato por acción. Además, se le reprocha que no acogió la orden que le impartió el entonces fiscal general Martínez sobre remitir el expediente a Bogotá.
La más reciente actuación en el proceso contra Orozco es de la Corte Suprema de Justicia, que negó la solicitud de nulidad que interpuso el exfiscal para que no se les reconociera la calidad de víctimas a las personas que investigó. Mientras que la Fiscalía, por medio de una orden del 13 de diciembre resolvió reanudar la investigación preliminar que se surtía en contra del hoy excónsul Luis Fernando Acosta Osío.
Aunque el expediente por actos de corrupción en el caso Unimetro se mueve entre investigaciones a exmagistrados, exfiscales y exsenadores o resolver nulidades, acciones de tutela, entre otras actuaciones, la decisión judicial más reciente que podría dar luces sobre este entuerto es la emitida por el Tribunal de Barranquilla. En julio de 2021, la corporación le amparó los derechos como representante legal y vicepresidenta a Ivonne Acosta.
En un comunicado de tres párrafos, la hija del exsenador Acosta Bendek aseguró: “La decisión ratifica lo que siempre he venido luchando en esta batalla sucia y llena de mentiras que han emprendido terceras personas, con el fin de apoderarse del legado que me han dejado mis padres, es decir, soy y seguiré siendo la única y legítima para ejercer el cargo de Representante legal y vicepresidenta vitalicia de la Fundación Acosta Bendek, no existen más fundadores, solo mis padres, ellos son los únicos fundadores de dicha institución tal como consta en el acta de constitución”.
Para Ivonne Acosta, este fallo se suma a otros que le han dado la razón, a la vez que han demostrado los “altos niveles” de corrupción en el proceso. De ahí que hiciera un llamado al fiscal Francisco Barbosa para que revise las denuncias que ha interpuesto contra quienes, a su juicio, se intentaron apoderar de manera ilegal de la Fundación Acosta Bendek, el Hospital Metropolitano y la Universidad Metropolitana. “El llamado de atención lo hago porque hoy la Fiscalía que tiene a su cargo el caso quiere archivar o precluir estas investigaciones porque supuestamente no han cometido delito alguno”, dijo en el comunicado.
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