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La Corte Suprema de Justicia ha tenido una tarea desde el año pasado: definir si aprueba la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a Estados Unidos. Desde 2009, ese país requiere al líder del Clan del Golfo por cargos relacionados con narcotráfico. El pasado 26 de enero, la Corte escogió las pruebas que tendrá en cuenta para tomar su decisión, entre ellas las propuestas por la defensa de Otoniel. La representación no estuvo de acuerdo con algunas pruebas que resultaron descartadas y presentó un recurso. Sin embargo, la alta corte se las acaba de negar otra vez.
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Alias Otoniel está haciendo todo lo posible por quedarse en Colombia. No solo está entregado su verdad del conflicto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también pidió a la justicia transicional frenar su extradición. Dice que podría obtener esa garantía, pues asegura haber sido un tercero financiador y auspiciador de las Farc, cuando recién el pulpo criminal del Clan del Golfo se conocía como Los Urabeños (2009-2014). Y mientras da la cara en los organismos resultantes del Acuerdo de Paz, la Corte Suprema se toma su tiempo para aprobar su traslado a Norteamérica.
Contra Otoniel existe un indictment, desde junio de 2009, por parte de a Corte para el Distrito Sur de Nueva York. En ella, se lo relaciona como el líder de una agrupación ilegal que envió cocaína a Estados Unidos. Una vez Otoniel fue capturado, el 23 de octubre pasado, la Fiscalía emitió una nueva orden, esta vez con fines de extradición. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Justicia ya dieron su visto bueno, por lo cual se espera que la Corte Suprema de Justicia entregue su decisión final.
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El pasado 26 de enero, la Corte escogió las pruebas que va a tener en cuenta para decidir sobre la extradición. A la Procuraduría y a la defensa de Otoniel les negaron 15 de las piezas. Entre ellas, hay dos pruebas que también fueron allegadas a la JEP. Se trata de un fallo de 2014, de un Tribunal de Justicia y Paz (que decide sobre la desmovilización de paramilitares), en la cual Otoniel fue expulsado por delinquir tras su desmovilización de las Auc. Y, más importante para la defensa, porque en esa determinación quedó acreditado como colaborador de las Farc. Entonces, tendría derecho a la garantía de no extradición.
Por otro lado, la defensa de Otoniel atacó el indictment de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Aseguró que el documento, de 2009, “no contiene los nombres de todos los acusados que forman parte del concierto delictivo; no señalan la fecha precisa de ocurrencia de los hechos; no contienen un relato de los hechos concretos que se le enrostran a su representado; y, puede ser objeto de modificación, lo que resulta contrario a los principios de congruencia”, se lee en el reciente auto de la Corte.
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En síntesis, que el indictment no sería equivalente y, por tanto, se debe rechazar la extradición. Por ejemplo, una de las reglas que la Corte Suprema tiene en cuenta a la hora de aprobar extradiciones es que los cargos acusados, en Estados Unidos, puedan ser homologados con delitos dentro del Código Penal colombiano. Sin embargo, la alta corte le respondió a la defensa de Otoniel que, justamente, la Sala Penal tendrá su oportunidad para valorar integralmente las razones de fondo por las cuales podría, o no, aprobar la extradición del jefe del Clan del Golfo.
Entre tanto, la defensa de Otoniel mantiene sus denuncias contra la Dijín de la Policía, pues según han comunicado, la fuerza pública estaría entorpeciendo las diligencias testimoniales. Por ejemplo, el pasado 10 de marzo, se suponía que Otoniel hablaría sobre ejecuciones extrajudiciales ante la JEP. No obstante, las medidas de seguridad de la Policía serían tan excesivas que Otoniel hablaría con las esposas puestas y acompañado de alrededor de 10 uniformados. La Dijín ha respondido que, a veces, se deben interrumpir las audiencias por motivos de seguridad nacional y ante un eventual plan de escape del capturado.
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