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La “paz total” del presidente Gustavo Petro, columna vertebral de su mandato, recibe un nuevo golpe por cuenta de un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Fuerza Pública. La acción contra tropas de un batallón en El Carmen (Norte de Santander), donde murieron nueve soldados y otros nueve están heridos, llevó a que el primer mandatario convocara a una consulta con su grupo de negociadores de paz con esa guerrilla. El encuentro, que se dará el próximo lunes, será para tomar decisiones sobre el proceso de paz por estos actos cometidos por quienes, según el mismo presidente, “hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”.
Las acciones del grupo armado, con el que se han llevado a cabo dos ciclos de negociaciones, pero aún no se concreta un cese al fuego, además del repudio, provocaron respuestas por parte del Gobierno y de los negociadores, para quienes, a pesar de que el fin del conflicto es la prioridad, no desconocen la gravedad de los hechos. “Una agresión de este tipo, si se junta con otras agresiones contra la población civil o voladuras de oleoductos, todo eso conspira contra el clima de confianza y cordialidad como debe transcurrir unas conversaciones de paz. No nos vamos a parar de la mesa, pero vamos a ser mucho más exigentes”, dijo Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN.
Asimismo, Danilo Rueda, a quien el presidente Petro le encomendó las riendas de la “paz total” en el país, habló sobre el tema, asegurando que “con estos gestos del ELN se está esquivando la posibilidad de paz en Colombia”. Según el alto funcionario, el asesinato de los militares es un “signo muy negativo para el propósito de este Gobierno, que es la paz”, y el grupo armado, si quiere seguir avanzando hacia la finalización de conflicto como lo ha manifestado, debe “aplicar irrestrictamente el Derecho Internacional Humanitario”. Rueda expresó que, aunque todos los procesos de paz atraviesan etapas difíciles, y que este no es la excepción, “el asunto es que aquí se presentan daños irreparables a la vida”.
Aunque el Gobierno ha dicho que este acto criminal no hace que se congelen las negociaciones, ni que se levanten la mesa, sí ha generado un malestar dentro del equipo negociador, que se mostraba optimista ante los diálogos. Ahora, quienes desde el Congreso han llevado la batuta de la “paz total” y apoyan como negociadores, critican las acciones de la guerrilla y resaltan que “ni con atentados con explosivos contra soldados ni con voladura de oleoductos perpetrados por el ELN avanzaremos a la paz. Por el contrario, nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados”, como lo dijo el senador y negociador Iván Cepeda.
El futuro del proceso con la guerrilla, uno de los dos únicos grupos armados que han sido reconocidos como políticos por parte de Estado, además del Estado Mayor Central de las FARC-EP (disidencias), es incierto. El camino hacia el tercer ciclo de negociaciones, previsto para iniciar el 1° de mayo de este año, será marcado por el presidente Petro, como lo manifiesta la senadora María José Pizarro, quien, por ser también negociadora, fue convocada por el primer mandatario. “Este hecho nos pone en una situación compleja, las acciones de paz tienen que darse en la mesa y fuera de la mesa. Es momento de exigir por fuera de la mesa de diálogos un comportamiento acorde con lo que se está discutiendo”, sostuvo Pizarro.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, y quien abandonó las filas de ese grupo subversivo en los años 90, también reprochó la acción criminal del ELN en Norte de Santander. El analista señaló que este hecho le resta confianza al proceso de negociación y que, mientras no haya un cese bilateral, la Fuerza Pública tiene que mantener sus acciones sobre el ELN. “(El Ejército) no puede descuidarse en donde este grupo hace presencia, porque lo que vemos es que no está en una actitud de desescalar el conflicto, sino que quiere aumentarlo. Se necesita una medida audaz del Comando Central de la guerrilla para proponer un cese bilateral”, señaló Valencia.
En este contexto es importante recordar que el hecho que marcó el final de los diálogos de paz con el anterior gobierno (Iván Duque), fue precisamente un ataque contra la Fuerza Pública. En enero de 2019, el ELN perpetró un atentado terrorista en la capital del país. En ese momento, una célula del grupo criminal introdujo un carro bomba a la Escuela General Santander, al sur de Bogotá, que dejó 23 cadetes de la Policía muertos y más de 80 heridos. Tras el hecho, el entonces primer mandatario convocó a un consejo de seguridad en el que participó también la comunidad internacional y resultó en el restablecimiento de las órdenes de captura contra los 10 miembros del ELN que integraban la delegación.
¿Quién estuvo detrás del atentado?
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, Hélder Giraldo Bonilla, señalaron que detrás del grave hecho está la estructura Camilo Torres del Frente de Guerra Oriental del ELN. Fuentes de inteligencia del Ejército dicen que el líder de ese frente del grupo guerrillero es Róbinson Navarro Flórez, alias Alfred o Francisco, el cual hace presencia en ese departamento, en Magdalena, César, Bolívar y Sucre. Esas mismas fuentes indican que la estructura Camilo Torres es liderada por alias David o Alexánder, quien habría contactado a un comandante de zona conocido con el alias de Fercho, el cual estaría a cargo de ejecutar el atentado terrorista en El Carmen.
Este municipio, ubicado en la subregión de Catatumbo, durante décadas ha sufrido la guerra en Colombia, principalmente por la presencia de ese grupo guerrillero y la ausencia de las autoridades estatales. El gobernador del departamento, Silvano Cerrano, recordó que El Carmen es un municipio con vocación turística, pero que hechos como el reciente ataque a la Fuerza Pública no permiten el progreso de la región. Desde hace dos años la Defensoría del Pueblo viene alertando sobre la difícil situación de orden público que vive El Carmen y los municipios vecinos de Convención y Teorama por la presencia tanto del ELN como del avance de las disidencias de las FARC.
En 2021, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría reportó acciones violentas que desencadenaron nuevos escenarios de riesgo “ligados a la probabilidad de confrontaciones entre los grupos insurgentes que se disputan el territorio, particularmente en lo que tiene que ver con la incursión que desde el Cesar estaría planeado el frente 41 de las FARC como parte de la expansión de las disidencias en la subregión de Catatumbo”. La Alcaldía Municipal de El Carmen y pobladores han alertado sobre el riesgo que corren los menores de edad, ya que varios grupos armados ilegales pretenden reclutarlos de manera forzada.
Aunque el caso de El Carmen es el más recientes golpe a la apuesta de paz de Petro, no es el único. El Clan del Golfo también se ha encargado de poner a tambalear esa política. La semana pasada, el jefe de Estado ordenó suspender el cese al fuego con ese grupo criminal, otro de los actores armados organizados que habían expresado su voluntad de acercarse al Ejecutivo a una eventual salida del conflicto. En ese momento, el ataque a una patrulla en el Bajo Cauca, y en el marco del paro minero, fue el hecho que terminó colmando la paciencia en la Casa de Nariño. Ante esos hechos, el presidente ordenó retomar todas las acciones contra la organización criminal sucesora del paramilitarismo.
Ahora Gustavo Petro tiene que decidir el futuro de los diálogos, si seguir jugándosela por la paz, o si, al igual que su predecesor, decide dar un paso atrás y replantear su estrategia para ponerles fin a casi seis décadas de conflicto armado con esta guerrilla, como es su pretensión.
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