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En un fallo de nueve páginas la Procuraduría General determinó que la auditora General de la República, Laura Emilse Marulanda Tobón sí puede investigar a la contralora General, Sandra Morelli Rico.
La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, quien estudió la recusación presentada por Morelli Rico, consideró que el argumento de “enemistad grave” no fue válido, rechazando así la posición esgrimida por la Contralora General.
En este punto se señaló además que la jefe del órgano de control fiscal no presentó ninguna prueba que permitiera inferir que la Auditora General no podía investigar a Morelli Rico por las presuntas irregularidades en la celebración de contratos para el arrendamiento de la nueve sede de la Contraloría en el occidente de Bogotá, así como otros gastos reservados que no fueron debidamente justificados.
La Viceprocuradora General tuvo en cuenta además que en la recusación no se precisó cuál era el proceso que era materia de investigación, y tampoco presentó el expediente que indicara la existencia del mismo en la Auditoria General.
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