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Si bien reglamentar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca fue uno de los requisitos que impuso la Corte Constitucional para retomar esta práctica, que el Gobierno tenga listo el decreto para hacerlo, como se conoció esta semana, no significa que las avionetas de la Policía estarán esparciendo el herbicida en cuestión de días. ¿Se ajusta a lo pedido por la Corte? El Espectador consultó a tres expertos en la política antidrogas: una de Dejusticia, otro de la Universidad Externado y una la Universidad de los Andes, para preguntarles sus conclusiones. Coinciden en que quedan trámites administrativos por resolver, decisiones judiciales pendientes y muchas dudas sobre la reglamentación en sí misma.
“Creo que hay una emoción exagerada sobre el decreto que publicó el Ministerio de Justicia esta semana”, advirtió, de entrada, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de los Andes. Y es que, según explica el propio texto, previo a iniciar la aspersión, por orden de la Corte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) deben entregarle al Consejo Nacional de Estupefacientes una evaluación de los riesgos para el medioambiente y para la salud que implicaría retomar la fumigación con glifosato desde el aire. “Ninguno de los dos lo ha hecho”, añadió.
Óscar Alfonso, profesor de economía de la Universidad Externado y autor de una investigación académica que fue clave para la Corte en su última decisión sobre glifosato, señaló, además, que el título y las justificaciones de este decreto son iguales a uno previo publicado en diciembre de 2019. En ese momento el Ministerio de Justicia, en cabeza de la hoy procuradora Margarita Cabello, anunció con bombos y platillos que tenían la hoja de ruta para retomar la fumigación. “Cabe entonces preguntarse: si el Gobierno tiene tanta convicción de que esta es la vía jurídica para retomar la aspersión aérea, ¿por qué no expidió con celeridad el decreto de diciembre de 2019?”, le dijo el profesor Alfonso a este diario.
La misma pregunta se plantea Isabel Pereira, coordinadora del área de drogas de Dejusticia. Su equipo y la ONG Elementa enviaron comentarios a este decreto, el cual, a su juicio no plasma el espíritu de las órdenes judiciales: “No creo que aquí se recojan las preocupaciones de la Corte. No menciona el principio de precaución. No hay, siquiera, un reconocimiento del riesgo que conlleva la fumigación”. Otro problema es que la decisión del alto tribunal dejó muy claro “que la aspersión será la última alternativa, agotándose primero la sustitución voluntaria, luego la erradicación manual forzada y, tercero, la fumigación. Este decreto no atiende esa jerarquía”, explicó Pereira.
Prueba de ello, dijo Pereira, es que uno de los vacíos del decreto es qué va a pasar con la sustitución de cultivos. “Nos respondieron que se van a articular para identificar los predios que están como beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución (PNIS). Pero no solo quienes están oficialmente como beneficiarios del PNIS quieren sustituir. Hay tres grupos que no van a aparecer en esos listados: quienes firmaron acuerdos colectivos de sustitución, pero luego no firmaron acuerdos individuales; quienes, por trámites administrativos están excluidos del PNIS, que son entre 6.000 y 7.000 familias, y quienes viven en lugares donde sencillamente nunca llegó el programa”, explicó.
El decreto crea un sistema para que las personas afectadas por la aspersión se quejen en las oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o de Fonvivienda. Sin embargo, Pereira sostuvo que este sistema “no está orientado a prevenir que el riesgo sea causado, sino a interponer las quejas cuando ya haya ocurrido algo grave”. Asimismo, dispone que, si se retoma la aspersión, el INS y la ANLA emitirán informes periódicos sobre sus efectos, pero la decisión sobre si continuar o no con la fumigación recaerá en el Consejo de Estupefacientes, en el que los únicos contrapesos al Gobierno son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, a donde llegaron dos altos funcionarios postulados por el presidente.
En una respuesta a un derecho de petición enviado por el profesor Alfonso hace más de un año, la cartera de Justicia aseguró que sí se va a cumplir con el principio de precaución, por ejemplo, con el concepto que eventualmente dé el Instituto Nacional de Salud -entidad atareada por estos días con la respuesta a la pandemia-. “Esto es cierto, pero no es la única fuente para ello”, reprochó el profesor. Pereira, por su parte, le preguntó al Ministerio de Salud en qué va esta evaluación. Tuvo que acudir al derecho de petición, pues la información al respecto no ha sido difundida, y le respondieron que, a corte de septiembre de 2020, habían terminado el proceso con siete de los 14 departamentos en los que habrá fumigación con glifosato, según el plan ambiental que entregó la Policía.
Ahí hay otro lío. El plan de manejo ambiental está siendo estudiado por la ANLA, pero María Alejandra Vélez cree que no será tan fácil lograr un visto bueno de la entidad: “Nosotros en el Cesed revisamos el plan y, la verdad, me sorprendería muchísimo que la ANLA pasara por alto tantos vacíos. Por ejemplo, nunca había visto un análisis de costo-beneficio que concluyera que los costos ambientales y sociales eran cero. ¿Un plan de manejo ambiental para uso del glifosato donde los costos son cero?”. Y la eventual aprobación del plan está todavía en veremos, pues están por definirse dos acciones de tutela que podrían significar otro traspiés para el Gobierno.
La primera la instauraron hace un mes comunidades de Nariño contra una resolución del Ministerio del Interior que aseguraba que, para asperjar territorios de comunidades étnicas, no es necesaria la consulta previa. Sobre esa premisa de que no se requiere consentimiento está construido todo el plan ambiental, pero el Tribunal Superior de Pasto suspendió los efectos de la norma mientras resuelve la demanda. La segunda tutela cuestiona si la ANLA garantizó la participación de comunidades vulnerables a la audiencia en la que se socializó el plan, diligencia celebrada virtualmente en diciembre pasado. Esta última demanda la estudiará ahora la Corte Constitucional.
“A mí me preocupa profundamente del decreto que, si bien se excluyeron de la aspersión aérea a Parques Nacionales y ecosistemas estratégicos como páramos y humedales Ramsar, no se excluyeron a comunidades negras e indígenas. Y, a su vez, en el decreto no hay una sola mención a la consulta previa”, apuntó Vélez. “Pero, ¿qué porcentaje de cultivos de coca están en Parques? Todo este esfuerzo encaminado a una estrategia que solo puede llevarse a cabo en la mitad del problema, porque no van a poder fumigar en la mitad de los cultivos, en lugar de centrarse, por ejemplo, en ampliar los programas de sustitución”, cuestionó Pereira.
Así las cosas, para dar un primer paso hacia la fumigación todavía quedan dos tutelas por resolverse, un visto bueno de la ANLA al plan de manejo ambiental y conceptos sobre los efectos para la salud y el medioambiente. “Este decreto no va a acelerar ese proceso”, insistió Vélez. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho públicamente que el Gobierno calcula que retomarán las aspersiones hacia abril, una promesa con fecha que también hicieron sus antecesores, sin lograr cumplirla. Si el decreto entra en vigor tal como está, según ven los expertos consultados por este diario, el Ejecutivo solo habrá cumplido uno de los requisitos en una extensa lista de previsiones que ordenó la Corte Constitucional.
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