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La Dijín de la Policía, así como la Dirección contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía, han dado a conocer en los últimos meses la posible existencia de una potente red de contrabando de petróleo, compuesta, por un lado, por delincuentes en terreno y, de otro, por acaudalados empresarios. El presidente Gustavo Petro señaló que la supuesta red criminal le habría robado hasta US$80 millones de dólares a Ecopetrol. La hipótesis de la investigación es que, con apoyo del ELN, contrabandistas están robando miles de barriles del oleoducto Caño Limón Coveñas, que luego llegan a buques en el mar, donde se les da apariencia de legalidad para revenderlos al mismo Estado colombiano.
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Las empresas señaladas por la Fiscalía habrían engañado a las autoridades colombianas al funcionar como el peaje donde los barriles quedan saneados legalmente y son dispuestos para su comercialización en las costas del Caribe. Según la investigación, todas las empresas tienen actividades comerciales relacionadas con la instalación de plataformas de extracción de crudo, desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y comercialización de hidrocarburos. Una de las organizaciones salpicadas es Australian Bunker Suppliers, a la cual la Fiscalía le embargó un apartamento en Cartagena y tres barcazas. En diálogo con este diario, William Soto, abogado de la empresa, dio su versión sobre los hechos.
Para empezar, cuénteles a los lectores qué hace Australian Bunker Suppliers (ABS) en Colombia…
Es una empresa constituida desde 1998 y tiene sus establecimientos de comercio en Buenaventura y Cartagena. Tiene un contrato con una empresa de Dinamarca, de nombre Bunker One, la cual es el músculo financiero para hacerle los anticipos a las diferentes empresas en Colombia que le venden a Austrailian Bunker los diluyentes (sustancia química). Estos diluyentes llegan a los puertos donde tenemos presencia y ahí se hace una mezcla, para poderle vender el combustible o reaprovisionar los barcos tanto en Buenaventura como en Cartagena.
Nosotros le compramos a unas empresas colombianas, autorizadas por el ministerio de Minas, el combustible y esos diluyentes. Y luego lo que hacemos es reaprovisionar los barcos con combustible que vendemos. Ese combustible tiene que cumplir con unas especificaciones técnicas y una norma internacional. Le pongo un ejemplo: ustedes no pueden meterle al carro ACPM por equivocación cuando es gasolina. Lo mismo pasa con esos buques.
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ABS está mencionada en la investigación de la Fiscalía, ¿Qué responder ante el señalamiento público?
Se habla de que hay unas empresas que se prestaban para comprar crudo ilícito. Incluso, la Fiscalía asegura que se hurtaba del tubo de Caño Limón-Coveñas. Y que un buque de nosotros, que se llama Australian Sea, se utilizaba para transportar ese crudo. Esa información es completamente falsa, porque nuestra empresa compró ese buque hace dos años y tres meses en Panamá. Pero lo compró para arreglarlo porque no estaba funcionando.
Lo trajeron remolcado de Panamá al puerto de Cartagena, donde ha permanecido atracado hasta la fecha. Por dos razones: Una jurídica, porque no tiene los permisos de Dirección General Marítima y Portuaria y de la capitanía de puertos de Cartagena. No tiene ni siquiera matricula. Y otra técnica, porque el motor todavía no se ha podido arreglar y por lo que los sistemas de navegación no están funcionando.
¿Cuáles son los fundamentos de la Fiscalía para ocuparles un apartamento y tres barcos, como se ha mencionado?
En palabras de la Fiscalía, la empresa fue instrumentalizada para comercializar presuntamente crudo ilícito. ¿Cuál es la defensa de nosotros? Es que somos unos terceros de buena fe que compra unos diluyentes. Esto funciona así: A nuestra sede llega el carrotanque con combustible, a Buenaventura o Cartagena, con los sellos respectivos, las facturas y las guías. Y es producto nacional, de un pozo petrolero del país. Si se compra a esas empresas, ellos deben llevar todos esos elementos. Pero nosotros somos un tercero de buena fe, porque nosotros verificamos el contenido del barco, pero si realizaron algún procedimiento ilícito con esos documentos, no se le puede endilgar responsabilidad a ABS. Nosotros presumimos la autenticidad de todos los documentos.
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Pero se habla también de un producto que se dice que es importado de Venezuela, pero es que a nosotros nos llega ese producto traído de Venezuela. El diluyente 80/20. Ese producto ya tiene que llegar con una declaración de importación y nosotros las tenemos. Si son falsas o auténticas las declaraciones, nosotros no podemos responder por eso. Pero le quiero decir, este abogado que está hablando ya verificó que en la división de fiscalización de la DIAN reposan esas declaraciones. Por lo cual se presume que son auténticas.
Pero si fueran falsas, nosotros tampoco podríamos responder, porque nos llega el tanque, recibimos su declaración de importación, y verificamos los papeles y a través de nuestros ingenieros químicos que sea el producto que se ha comprado. Esta no es una investigación al que se le pueda toda la credibilidad.
Pero en este caso también hay procesos penales en curso. Como representante legal de ABS figura Diana Katherine Ruiz. ¿Ella está bajo proceso penal?
El proceso de extinción de dominio está en ciernes, pero en el proceso penal hubo unas capturas hace cuatro años, que fueron declaradas ilegales por el juez de Garantías en su momento. En la prensa se habla de que hay un tema del Ejecutivo y de Ecopetrol. Pero esta investigación es vieja. Hace tres años se hizo la imputación y en este momento media una solicitud de nulidad, porque los hechos jurídicamente relevantes expuestos por la Fiscalía son confusos. Por eso la entidad no ha podido avanzar. Esa es la información que yo tengo por parte de quienes defienden el proceso penal. Yo defiendo el expediente de extinción de dominio.
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