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Si todo sale como está planeado en la Sala Plena, la Corte Constitucional podría tomar hoy una decisión que promete revolucionar uno de los problemas más complicados del país: el de los baldíos. Los magistrados tienen sobre la mesa la ponencia de un expediente que, por su complejidad y trascendencia, lleva dos años en estudio. En sus manos está la posibilidad de sentar las reglas para que esas tierras públicas puedan entregarse, después de décadas de atraso, a favor del campesinado. El Espectador se enteró de detalles, hasta ahora desconocidos, de cuál es la fórmula que estudia la Corte para resolver este ‘chicharrón’ y que se configuraría como la hoja de ruta para el gobierno entrante.
No es un tema menor. Lo que busca resolver el alto tribunal es la manera en que, de ahora en adelante, el Estado debe abordar el asunto de los baldíos. Y no solo de aquellos que faltan por entregar, sino también de los que ya están bajo posesión de un tercero. Un problema de proporciones desmedidas, pues son tierras que, en muchos casos, han sido trabajadas durante años y cuyo dominio ya estaba más que claro, incluso con sentencia judicial de por medio. Se trata de un asunto tan técnico y jurídico, que no muchos se aventuran a explicar su importancia. La ponencia que hoy estudiará la Sala Plena es del magistrado Antonio Lizarazo. En ella, el ponente propuso una serie de reglas para solucionar el caos.
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Para entender esa hoja de ruta que propone Lizarazo, es clave tener en cuenta dos puntos cruciales de la discusión. El primero es que gran parte del enredo actual —si no todo— radica en que hace unos años, por una interpretación de jueces civiles (que, según la ponencia, estuvo mal), la justicia les entregó baldíos a terceros, bajo una figura jurídica que se llama prescripción de dominio. En palabras muy sencillas, ese recurso les permite a terceros (no propietarios) pedirle a un juez que les otorgue un pedazo de tierra, después de probar que han vivido en ella y la han explotado por determinado tiempo, sin necesidad de aportar títulos ni tener una tradición del dominio.
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Esa manera de adjudicar baldíos, a través de un juez civil y bajo la figura de la prescripción de dominio estuvo mal, según la ponencia. Quien tiene la autoridad de hacerlo únicamente es la Agencia Nacional de Tierras, antes Incoder y previamente Incora. Ese es uno de los principales asuntos que estudiará hoy la Corte pues, así haya sido incorrecta, lo cierto es que durante décadas se emitieron miles de sentencias judiciales y se adjudicaron miles de hectáreas de baldíos. Y de allí surge el segundo punto a tener en cuenta para entender la discusión. Aunque la reforma agraria tuvo claro que los baldíos (o tierras públicas) debían destinarse para el campesinado, ese requisito no siempre se cumplió.
Así lo han demostrado estudios de organizaciones sociales, investigadores y académicos, quienes le han dicho al Estado, desde hace años, que la fórmula de jueces civiles para entregar baldíos facilitó la concentración de tierras en terceros que no eran campesinos ni tenían ingresos bajos. Por eso mismo, la decisión que pueda tomar hoy la Corte es tan sensible: no solo se pronunciará sobre sentencias que ampararon el derecho a la tierra de millones de campesinos y sentará las nuevas reglas del juego frente al tema, sino también sobre las decisiones que beneficiaron a privados que acumularon baldíos, aunque la Constitución y las leyes, las de antes y las de ahora, se lo prohibían.
La discusión en la Sala Plena se centrará, principalmente, en las normas de juego que deberá seguir el Estado para resolver este delicado asunto. Este diario pudo conocer que el ponente Lizarazo propuso cinco reglas, con sus aclaraciones, como la ruta para resolver la situación. A grandes rasgos, el magistrado busca que se reconozcan todas esas sentencias que le otorgaron la propiedad de un baldío a una persona que cumplía con los requisitos de ley para acceder a ella, así la decisión la hubiera firmado un juez que no tenía la autoridad para hacerlo. Asimismo, Lizarazo es claro en afirmar qué debe pasar en los casos en los que no se cumplió con esas directrices.
En esos casos, lo que tiene que suceder es que las sentencias deben revisarse. Un problema de tamaño mayor porque son cientos y porque, en teoría, esas decisiones ya eran caso cerrado. Una situación que tiene pocos antecedentes en el sistema judicial del país, pues nunca antes la Corte Constitucional había ordenado revisar tantas decisiones ya tomadas (que pasaron a cosa juzgada). Según la propuesta de Lizarazo, la que debería ponerle la lupa a estos casos es hoy la Agencia Nacional de Tierras. Las reglas y subreglas que propuso el ponente serán revisadas con detalle por la Sala Plena, que, por si fuera poco con la tecnicidad del tema, deberá analizar otra propuesta: si declara que la situación de los baldíos está en un estado de cosas inconstitucional (ECI).
En pocas palabras, lo que esa figura significa es que es tan grave, masiva y reiterada la violación de derechos fundamentales que representa el problema de las tierras públicas, que todo el Estado debe enfocar esfuerzos sin demora para resolverlo. Si bien es una idea que Lizarazo no incluyó en la ponencia, la Sala Plena la discutirá en la sesión de hoy. A pesar de que existe resistencia entre sus compañeros de declarar el ECI, el magistrado ponente elaboró un borrador de sentencia que es estructural, es decir, que plantea todo un mecanismo para que el Estado se vuelque a solucionar el problema, sin que exista ese estado de violación permanente de derechos humanos.
Lo que pueda resolver hoy la Corte Constitucional será histórico y marcará la hoja de ruta para el gobierno entrante, que ya ha dicho que el tema de baldíos y tierras será una de sus prioridades. Las reglas que finalmente establezca el alto tribunal no solo permitirán resolver un problema que tiene décadas de rezagos, sino también cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz, el de tierras. Igual de importante serán las órdenes que impartan para cumplir con la sentencia, pues para todos los implicados es claro: el éxito de esta inédita y trascendental decisión radica en que el cambio no se quede en el papel, sino que llegue hasta el baldío más lejano de esta decisión, que se toma en el corazón de Bogotá.
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