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La Fiscalía le dio un golpe a las finanzas del Clan del Golfo esta semana, por dos vías: judicializó a nueve personas señaladas de lavar dinero para el grupo armado, y, además, inició extinción de dominio fincas, comercios, ganado y carros que estarían vinculados a la misma organización criminal. “El material probatorio recaudado puso al descubierto la manera en que la organización criminal estaría fortaleciendo sus fuentes ilegales de financiamiento obteniendo millonarios ingresos, producto, principalmente, del tráfico ilícito de estupefacientes”, explicó la delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón.
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Las nueve personas capturadas, al parecer, hacen parte de una red dedicada a darle apariencia de legal a los millones que movía el Clan del Golfo, no solo producto del narcotráfico, sino también de crímenes como extorsiones. “El material de prueba indica que, a través de estas personas, habrían sido adquiridos bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos y ponerlos a circular en el sistema financiero nacional”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Por estos hechos, el ente investigador les imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir con fines de lavado de activos, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados a: Miguel Ángel Úsuga Fernández, Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granada, Yuliany Andrea Úsuga David, Alejandra Naranjo Alarcón, Hernando Úsuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes y Andrés Felipe Clavijo Jiménez.
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Solo el último, Clavijo Jiménez, fue dejado en libertad. Los demás deberán enfrentar sus procesos desde la cárcel o en detención domiciliaria. Al parecer, ellos recibían el dinero de la organización criminal que hasta hace poco lideraba Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y a través de varias jugadas, lo ponían a circular en bancos y negocios, hasta borrar su origen ilegal. Con estos movimientos, según la Fiscalía, habrían logrado lavar más de $33.000 millones en múltiples transacciones.
Además, la Fiscalía congeló bienes que pertenecerían, en la sombra, al Clan del Golfo y que, sumando su valor, alcanzarían $1 billón de pesos. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de más de un centenar de bienes, que ahora pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras un juez define si deben pasar a las arcas del Estado.
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En la lista de bienes que ahora pasan a extinción de dominio hay “36 inmuebles, 8 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 79 cabezas de ganado, 21 vehículos, $107′000.000 en cuentas bancarias y cerca de $22′000.000 en efectivo encontrados en un establecimiento de comercio y $1.154 millones en una caleta”, listó la delegada Bahamón. Y precisó: “estos bienes estaban ubicados en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó, en Antioquia”.
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