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Desde que en 2021 empezaron a aumentar las incautaciones de ampolletas de fentanilo intrahospitalario, que luego es vendido en el mercado negro de la droga, inteligencia de la Policía viene haciendo seguimientos para entender cómo este opioide sintético es llevado desde los laboratorios y centros médicos para terminar en manos del crimen organizado. En esas acciones investigativas, agentes encubiertos estiman que el 80 % de esta sustancia incautada proviene de Biosano, un laboratorio chileno que lidera la venta de fentanilo intrahospitalario en Colombia y que, en los últimos años, aceptó su participación en una red de corrupción con otros dos laboratorios de su país de origen.
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De acuerdo con inteligencia de la Policía, funcionarios de hospitales y laboratorios son los encargados de sacar ampolletas o recoger los residuos de fentanilo para entregarlos a grupos criminales que terminan vendiéndolo para el consumo recreativo. El Espectador se contactó con Biosano para conocer qué ha hecho la compañía para evitar estas fugas de fentanilo y saber si las autoridades colombianas les han pedido explicaciones. Duperly Sabogal, una de las cabezas de la compañía en Colombia, explica que son el principal proveedor de fentanilo -abarcando el 38 % del mercado-, cuentan con más de 320 clientes, entre clínicas y hospitales, y compiten con otras 11 empresas.
En entrevista con este diario, Sabogal señaló que tienen un estricto protocolo de entrega y vigilancia del fentanilo, que está acompañado de periódicas auditorías de sus ventas. “Nosotros verificamos que nuestros clientes tengan los permisos para manejar fentanilo y hacemos jornadas de capacitación a nuestros trabajadores y clientes para explicar todo lo relacionado con los estrictos protocolos que tiene el Estado colombiano para utilizar el fentanilo. Nuestra cadena de custodia garantiza que no se pierda ninguna ampolleta hasta que llega al cliente”, señaló la alta funcionaria que lidera un equipo de 40 empleados en Colombia.
En julio de 2023 la Fiscalía le pidió información a la farmacéutica sobre dos lotes de fentanilo que se encontraron en las calles, con el fin de hacer la trazabilidad y poder determinar dónde fue que las ampolletas fueron desviadas. “Así como ayudamos en ese momento al ente investigador, estamos prestos ante cualquier requerimiento de las autoridades colombianas. Así lo hemos hecho ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad del Ministerio de Salud que se encarga de vigilar y cerciorarse de que nuestras operaciones estén en regla”, agregó la representante de Biosano en territorio colombiano.
El laboratorio chileno no es una empresa cualquiera. Según su sitio web, Biosano nació en 1940 y desde 2010 tiene filial en Colombia (Sicmafarma), ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca. Además, la empresa hace presencia en Argentina, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. De acuerdo con documentos conocidos por este diario, el dueño de la compañía es la familia Reginato Vásquez, siendo Ana María Vásquez Budinich la representante legal en Chile. Sus hijos Maurizio, Ana María, Silvana y Claudio Reginato Vásquez son accionistas de esta y ocupan altos cargos directivos.
Los Reginato, además, son parte de una próspera familia de Viña del Mar con ascendencia italiana. El líder de la familia era el empresario Claudio Reginato Bozzo, quien compró Biosano en 1982 y murió una década más adelante mientras se desempeñaba como gerente del Stadio Italiano, un club deportivo, como Audax Italiano, que congrega a la colonia italiana en ese país. Su hermana, Virginia Reginato Bozzo, consolidó mayor poder en el escenario político, pues fue la alcaldesa de Viña del Mar desde 2004 hasta 2021, año en que fue sancionada disciplinariamente por haber ocultado que el municipio estaba en déficit financiero.
El cartel de las ampolletas y la multa por gluconato
El fentanilo que es comercializado por laboratorios como Biosano no tienen los mismos niveles de concentración de fentanilo vendido ilegalmente en las calles de Estados Unidos y que desata una crisis de salud pública. En el caso colombiano, el fentanilo llega legalmente a centros médicos para sedar personas que han pasado por tratamientos médicos paliativos. En cambio, en EE.UU., gran parte de su producción es clandestina y viola los protocolos sanitarios, generando graves daños físicos e incluso la muerte. Según ese gobierno, en 2021, 70.000 personas murieron por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos clandestinos.
Claudio Reginato Velásquez, el hijo del patriarca de la familia, es el representante legal de Sicmafarma en Colombia y, a su vez, es subgerente general de la casa matriz de Biosano en Chile. De acuerdo con los registros públicos, la familia Reginato Vásquez compró la farmacéutica en los años 80 y una década más tarde empezaron a asumir cargos directivos en la misma. Por ejemplo, Mauricio y Claudio llegaron a gerenciar durante la primera y segunda décadas de este siglo, lapso en el que, según las autoridades de ese país, Biosano integró una red de corrupción junto con otros dos laboratorios: Fresenius Kabi Chile y Laboratorio Sanderson.
La prensa chilena denominó el pacto mafioso entre las farmacéuticas como el cartel de las ampolletas, que consistía en repartirse las licitaciones de 93 medicamentos genéricos que entregaba la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), entre 1999 y 2013. Incluso, el propio Claudio Reginato confesó esa alianza ilegal a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), una entidad similar a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, encargada de vigilar que se respete la libre competencia. Ese organismo de vigilancia y sanción chileno estableció que el cartel monopolizó el 85 % de los contratos durante ese tiempo.
“El modus operandi del tema era la distribución de los productos por laboratorio, (y) cada laboratorio se llevaba tantas ampolletas. La planta de nosotros (Biosano) era la más chica, por lo que la discusión principal era entre los ejecutivos de Sanderson y Rider, que eran los más grandes (…) Lo que se buscaba con estas reuniones eran dos objetivos: uno, bloquear el ingreso de nuevos competidores a las licitaciones de Cenabast y, lo otro, buscar la mayor producción en las plantas de cada uno. El hacer un negocio era secundario, para nosotros era un 30 % de las ventas (y con eso) se buscaba mantenernos en el mercado”, confesó en 2016 Claudio Reginato, cabeza de Biosano en Colombia.
Durante la investigación, iniciada en 2012, la FNE basó su acusación en registros e incautaciones de documentos e interceptación de comunicaciones, así como declaraciones aportadas por los directivos de Biosano, que se acogieron durante la investigación al beneficio de delación compensada. Es decir, confesar los hechos a cambio de beneficios. Y así fue: mientras Fresenius Kabi Chile y Laboratorio Sanderson fueron multadas con casi US$17 millones, Biosano no fue multada. Sin embargo, este no ha sido el único lío de la compañía con las autoridades chilenas por sus acciones irregulares en el mercado farmacéutico.
El mismo año en que la FNE inició la investigación por el cartel de las ampolletas, el Instituto de Salud Pública de Chile (órgano similar al Invima en Colombia) multó a Biosano por una cifra cercana a las $54 millones colombianos. Esa dependencia del Ministerio de Salud indicó que Biosano sacó al mercado ampolletas de gluconato de calcio que no tenían los permisos para ser usados. Se trata de un producto farmacéutico que se inyecta en pacientes sometidos a quimioterapias, entre otros usos. Además, el Instituto le reprochó a Biosano que ningún directivo de la compañía compareció a dar explicaciones ante ese grave hecho.
La ruta del desvío
Los hombres de la inteligencia policial han determinado que en ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira, Pasto, entre otras, existen unas redes, por ahora “novatas”, que extraen desde el interior de los centros clínicos las ampolletas que no fueron empleadas en procedimientos médicos. “Por ejemplo, para la sedación de pacientes se reporta que se usaron 10 ampolletas, pero en realidad solo fueron dos o cinco, y el resto sale del hospital irregularmente. También hay funcionarios en el interior de los hospitales que emiten fórmulas médicas que sirven como un supuesto soporte para que personas se acerquen a laboratorios o centros oncológicos y pidan, bajo cuerda, la venta de fentanilo”, dice la fuente policial.
En este punto del relato, la Policía dice que la posibilidad de que funcionarios de los laboratorios trabajen de la mano con grupos que vendan drogas sintéticas “es altamente probable”, pero que es una teoría en la que trabajan para confirmar. Pero lo que sí tienen claro es dónde están los laboratorios que producen fentanilo farmacéutico en Colombia: Sopo, Cota, Funza y Guarne, es decir, en municipios aledaños a Bogotá y Medellín, respectivamente.
Para conocer esta información, los agentes de inteligencia se han sentado con médicos y otros funcionarios de la salud que han dado luces sobre cómo es el manejo puertas adentro del fentanilo. “Los funcionarios de la salud que sacan el fentanilo claramente ganan un dinero extra, tienen un porcentaje del negocio. Es algo que está pasando en las clínicas y hospitales del país, pero que es muy difícil de controlar. El problema para la gente que hace este tipo de drogas es conseguir a un funcionario que se preste para sacar el fentanilo, porque a partir de allí la venta y distribución es más fácil en Telegram y la deepweb”, puntualizó uno de los investigadores que ha estado en terreno investigando el desvío de fentanilo.
Aunque el pasado de Biosano en Chile está manchado con varias infracciones en sus operaciones, la farmacéutica asegura que su actividad en Colombia ha sido en el marco legal y que los desvíos del fentanilo no se les puede atribuir. Además, enfatizan en que están a disposición de las autoridades para detectar por dónde el opioide sintético se está desviando. No obstante, desde la Policía aseguran que hay funcionarios de los laboratorios que se estarían prestando para abastecer a bandas ilegales en Bogotá, Medellín y Pereira.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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