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El fallido ataque con rockets durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en 2002. La bomba al club El Nogal el 7 de febrero de 2003, que dejó a 36 personas muertas y 198 heridas. El asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas Hastamorir, el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá. Los dos atentados terroristas contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en 2002 y 2005. El caballo bomba de Chita (Boyacá), que cobró las vidas de ocho personas, incluido un niño, en septiembre de 2003. Las tomas guerrilleras de Mitú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare), en 1998. Masacres, asesinatos de funcionarios públicos, servidores judiciales, líderes comunitarios y cientos de mujeres violadas.
Esa es solo una muestra de los crímenes por los cuales la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este 4 de agosto de 2026 a 27 exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. Cuatro de ellos hicieron parte del último Secretariado de ese grupo desmovilizado: Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, alias “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”. La justicia transicional los llamó a reconocer su responsabilidad en crímenes no amnistiables y hechos de violencia sexual y basada en género cometidos por los bloques Sur y Oriental en 15 departamentos del país.
Se trata de la primera imputación de la JEP relacionada con los casos 10 y 11 en contra de exguerrilleros que, según su investigación, diseñaron planes criminales y dieron órdenes a sus hombres para que cometieran delitos de guerra y de lesa humanidad. La lista la engrosan casos de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia sexual, ataques a poblaciones protegidas, tomas guerrilleras y atentados. Según la justicia transicional, estos hechos dejaron 2.436 víctimas en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, así como en algunas zonas de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas, donde operaban estas estructuras de las antiguas Farc.
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El rompecabezas del horror
Para llegar a esta imputación, la JEP recibió y estudió 146 informes enviados por las víctimas y sus organizaciones. Fue la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll quien lideró la investigación, a la cual se sumaron también casi 10.000 expedientes de la Fiscalía sobre procesos que llevaban años estancandos en el búnker. También escuchó las 82 versiones colectivas a individuales entregadas por comparecientes de las antiguas Farc. Según cálculos de la propia JEP, la impunidad en la justicia ordinaria sobre estos hechos alcanzaba el 97,4 %. Ese trabajo permitió identificar tres grandes patrones criminales que describen la barbarie con la que actuó ese grupo ilegal en el suroriente de Colombia.
El patrón que más víctimas y crímenes recoge es el de violencia por el control territorial y de la población en zonas de retaguardia, enclaves cocaleros o corredores estratégicos. Las Farc castigaban a quien no obedeciera sus órdenes, perfilaban a supuestos colaboradores de otros actores armados y atacaban de forma sistemática a líderes sociales y políticos para generar un vacío de poder. Una víctima le contó a la JEP que sus hermanos, de 17, 15 y 13 años, estudiaban en La Montañita (Caquetá). Viajando hacia la finca en la que vivía su familia, guerrilleros los bajaron del carro de servicio público, los amarraron y los desaparecieron. “Nosotros los esperábamos y no llegaron, (…) los buscamos por la carretera, por alcantarillas y no encontramos nada”, narró la víctima. La madre fue asesinada por intentar encontrarlos.
Otro caso es el del sacerdote Alcides Jiménez Chicangana en Puerto Caicedo (Putumayo). El cura había impulsado un programa de desarrollo rural integral, seguridad alimentaria sostenible y protección ambiental ante la expansión de los cultivos de hoja de coca. Por su labor se convirtió en blanco del frente 48. En plena misa de 6:00 de la tarde, el 11 de septiembre de 1998, fue asesinado a tiros frente a sus feligreses. O el de una maestra de Lejanías (Meta) que, según le contaron las víctimas a la JEP, “no estaba de acuerdo con el reclutamiento”. En 2006 fue asesinada a tiros y su cuerpo abandonado cerca de un poblado llamado Villa Rica. O el de un profesor en Puerto Asís (Putumayo), asesinado por presentarse para ser jurado de votación en 2002, cuando la guerrilla prohibió participar en política allí.
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El segundo patrón criminal que investigó la JEP en el caso 10 es el de los crímenes cometidos en el desarrollo de hostilidades, en confrontaciones armadas con la fuerza pública y los paramilitares, que terminaban afectando gravemente a población protegida. Entre los hechos abordados está una masacre de niños ocurrida en 1990 en Algeciras (Huila), cuando guerrilleros del frente segundo de las Farc emboscaron un carro de la Policía en el que iba un grupo de menores de entre 9 y 14 años que regresaban de un encuentro deportivo. El vehículo fue atacado con un explosivo. Luego, los guerrilleros empezaron a disparar de forma indiscriminada. El resultado: seis menores asesinados y dos policías muertos.
También está el caso de Pedro Dilman Cardona, de Vista Hermosa (Meta). El 13 de febrero de 2005, sobre las 2:30 de la tarde, sus tres hijos de entre cuatro y nueve años pisaron una mina que habría sido sembrada por un guerrillero identificado como Abelardo Nieto, alias “El Compa”, en el patio de su casa. El menor de los hijos de Pedro Dilman falleció en el mismo lugar, otro murió en el tramo hacia el centro médico del municipio y el tercero falleció durante una cirugía en el Hospital Departamental de Granada. O la masacre de 28 militares en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), el 8 de julio de 1998, durante un enfrentamiento. La JEP encontró que los militares se rindieron en medio del ataque, pero fueron lesionados en sus extremidades para dificultar su movilidad y asesinados con disparos a corta distancia.
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La tercera faceta de la guerra de las Farc que documentó la JEP en esta investigación responde a los crímenes cometidos en contextos urbanos. Aunque es el patrón criminal que tiene el menor número de hechos documentados, todos tuvieron un impacto mayor en el país por agrupar ataques como bombas en ciudades capitales y asesinatos de personajes de la política nacional. Entre esos hechos está el ataque durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002. Las detonaciones impactaron a habitantes de los barrios El Cartucho y La Estanzuela y 31 personas murieron, entre ellas, las dos nietas de Blanca Cecilia Urquijo de Urquijo, que estaban en su casa almorzando.
La JEP incluyó entre estos crímenes el asesinato de Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, comandante de la guerrilla del M-19. Tras su desmovilización en 1986, tomó el nombre de Alejandro Arroyave, se escondió a las afueras de Bogotá junto a su pareja, María Errázuriz, y sus dos hijos. El 25 de febrero de 1995 fue asesinado a las afueras de su casa, siendo de nuevo civil y sin participar en hostilidades. También el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Aunque su familia ha sostenido que el crimen no fue cometido por las Farc, el compareciente Julián Gallo declaró que el crimen lo perpetró una célula urbana de la guerrilla que estaba a su mando y la JEP encontró pruebas suficientes para comprobarlo.
Se suma el asesinato del político conservador y exgobernador del Huila, Jaime Lozada. La JEP señaló que su familia sufrió ataques y extorsiones de la guerrilla. Incluso su esposa, Gloria Polanco de Lozada, y sus hijos, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco, fueron secuestrados el 26 de julio de 2001. El 3 de diciembre de 2005, cuando regresaba de un evento político, la caravana de Lozada fue atacada con armas de largo alcance y granadas. El exgobernador falleció, uno de sus hijos y dos escoltas quedaron heridos. Y el asesinato del economista y docente Jesús Antonio Bejarano, el 15 de septiembre de 1999. Según la JEP, presuntos integrantes de las Farc ingresaron al campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, y le dispararon en la frente, entrando a la Facultad de Ciencias Económicas.
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La violencia sexual como arma de guerra
La Sala concluyó que la violencia sexual ejercida por las Farc no puede entenderse como una sucesión de hechos aislados ni como excesos individuales. Por el contrario, encontró que, en múltiples territorios bajo control guerrillero, estas agresiones hicieron parte de una misma estrategia criminal destinada a consolidar el dominio sobre la población civil. Por eso, la JEP realizó una imputación conjunta entre los macrocasos 10 y 11, al establecer que varias conductas respondieron simultáneamente al propósito de fortalecer el control social y territorial, y de imponer castigos motivados por razones de género. La violencia sexual, concluyó, fue utilizada para disciplinar, intimidar, expulsar y someter comunidades enteras.
Los casos recopilados por la JEP muestran que detrás de agresiones ocurridas en lugares y momentos distintos, existía una lógica en común. Por ejemplo, en noviembre de 1997, en el municipio del Valle del Guamuez (Putumayo), una comerciante fue citada por un comandante del Frente 48 después de que su esposo fuera asesinado por negarse a pagar una vacuna. Durante el interrogatorio, fue violada y, tras recuperar su libertad, tuvo que abandonar su tierra. Para la Sala, la agresión no solo castigó la negativa de la familia a someterse a las exigencias económicas de la guerrilla, sino que buscó enviar un mensaje mediante el uso de violencia sexual para dominar a quienes eran considerados “desobedientes” o colaboradores del enemigo.
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Ese mismo patrón aparece en los casos relacionados con reclutamiento forzado. Uno de los casos que tuvo en cuenta la JEP fue el de una joven de 18 años, de Cartagena del Chairá (Caquetá), que fue citada durante dos años a reuniones donde era violentada sexualmente por negarse a integrar las Farc. En otro episodio, un joven de 19 años, en Mesetas (Meta), también fue víctima de violencia sexual tras rechazar el reclutamiento. Los agresores lo humillaron con expresiones dirigidas a cuestionar su masculinidad, evidencia que, según la Sala, demuestra que incluso esas agresiones respondían simultáneamente a castigos territoriales y motivos discriminatorios de género.
La investigación también documentó agresiones contra mujeres señaladas de colaborar con la fuerza pública o de incumplir órdenes impartidas por la guerrilla. En enero de 1996, una trabajadora de un restaurante en Miraflores (Guaviare) recibió una orden de desplazamiento después de ofrecer agua a soldados. Como demoró un día más en abandonar el municipio, tres comandantes la violaron. En junio de 2007, en Cartagena del Chairá (Caquetá), otra mujer fue sacada de su vivienda, amarrada, violentada sexualmente y amenazdaa de muerte bajo la acusación de alimentar a militares. Para la JEP, estos casos muestran cómo la violencia sexual funcionó como herramienta de castigo, intimidación y expulsión territorial.
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La Sala también documentó hechos ocurridos durante operaciones militares, como la violación de una mujer tras el ataque a la estación de Policía de El Doncello (Caquetá) el 22 de febrero de 2000, y las agresiones sexuales cometidas durante la toma de Puerto Rico (Meta) el 12 de julio de 1999, en las que una menor de edad fue víctima de violaciones sexuales. Con base en ese conjunto de pruebas y hechos, la JEP imputó a 27 antiguos integrantes de las Farc y les otorgó 30 días para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen responsabilidad y aportan verdad, enfrentarán sanciones restaurativas; si los niegan, el proceso pasará a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, con penas de hasta 20 años de prisión.
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Por Gustavo Montes Arias
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