Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este jueves se contratará por primera vez el servicio de brazaletes de vigilancia electrónica a través de una licitación pública. Según registros del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), alrededor de 5.000 personas en el país portan estos dispositivos porque la justicia decidió que los delitos por los que son procesadas no tienen el peso para que se justifique enviarlos a la cárcel. Sin embargo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que sirve de proveedora del Inpec, siempre había contratado el servicio de manera directa, a pesar de la alta cuantía del contrato, que asciende a $56.768 millones.
(Lea también: “Resolver el hacinamiento carcelario vale $5 billones»: director de la Uspec)
La Uspec había intentado contratar este servicio por licitación en varias ocasiones en el pasado, pero finalmente terminaba echándose para atrás. El último intento fue en mayo de este año, pero en medio de denuncias de supuestas irregularidades y presiones de diferentes sectores, la entidad suspendió el proceso, declaró una urgencia manifiesta para contratar, otra vez, de manera directa hasta agosto de este año, y a ese contrato le inyectó una prórroga que acaba este mes. Pero el proceso se abrió de nuevo en septiembre y ha transcurrido con normalidad, lo que indica que se logrará adjudicar el contrato a alguno de los cuatro oferentes.
El contratista que gane el pulso este jueves se compromete a ir casa por casa de las 5.044 personas privadas de la libertad a instalarles el brazalete y enseñarles cómo funciona. Este proceso de transición comenzará en diciembre, se espera, e irá hasta finales de febrero de 2020. Una vez encendido, el dispositivo envía una señal constante a alguno de los dos Centros de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), uno en Medellín y otro en Bogotá, donde un total de 36 dragoneantes vigilan de manera constante cualquier anomalía que reporten los dispositivos de vigilancia. Ese es precisamente el meollo del asunto: que el aparato avise de todo lo que suceda.
(Lea también: Declaran «urgencia manifiesta» por la alimentación en cárceles de Cesar y La Guajira)
El director de la Uspec, Ricardo Varela, le explicó a El Espectador que en este nuevo proceso de contratación quisieron “dejar claro lo que falló en el pasado”. Varela se refiere, por un lado, a la licitación misma, que en esta ocasión se construyó con una metodología que ha recibido el nombre de pliegos tipo, que consiste en poner condiciones estándar de escogencia y calificar, el día de la audiencia de licitación, alguna característica con mayor puntaje que el resto, basándose en la tasa representativa del mercado (TRM) del dólar de ese día. Un método reconocido como estrategia anticorrupción en la contratación pública.
Por otro lado, Varela se refiere a la intención de mejorar el servicio mismo de los brazaletes electrónicos, pues su funcionamiento viene siendo problemático desde hace tiempo. El año pasado, por ejemplo, en Barranquilla se supo que Elizeniz Muñoz, alias la Diabla, burlaba la vigilancia poniendo su brazalete sobre la nevera para que imitara su temperatura y sensación de movimiento. Un ejemplo aún más claro fue el de Fabio Ramírez Realpe: la Policía lo capturó en marzo del año pasado en Popayán, pocos minutos después de haber cometido un homicidio. Al llevarlo al centro de detención, las autoridades notaron que Ramírez tenía un brazalete electrónico en su tobillo.
(Le puede interesar: Uspec pagó $2.100 millones en brazaletes electrónicos que no habían sido instalados: Contraloría)
Este año también se presentó un caso muy sonado: el del excongresista liberal Alberto Santofimio, condenado por el asesinato del dirigente liberal Luis Carlos Galán. Aunque Santofimio también debía portar un brazalete electrónico, en imágenes de cámaras de seguridad se le vio haciendo mercado tranquilamente en el norte de Bogotá, desde luego por fuera de su casa. Todos estos episodios, unidos a otros requerimientos, los tuvo en cuenta la Uspec —según asegura— para elaborar los pliegos de condiciones. La entidad instaló mesas técnicas con el Inpec para preguntarles a los funcionarios a cargo de la vigilancia electrónica cómo se podría mejorar del servicio.
El pulso entre cuatro Cuatro empresas se postularon por el contrato, acordando una remuneración de $25.000 por día por cada brazalete utilizado: Unión Temporal Vigilancia Electrónica (Utvelec), en la cual la multinacional inglesa Buddi Limited tiene el 75 % de participación; Unión Temporal Vigilancia Electrónica PPL 2019, en la que la multinacional suiza Meltec tiene un 70 %; Unión Temporal Brazaletes 2021, con participación más o menos equitativa entre tres empresas que presentaron tecnología de Israel, y Henan Costar Group Co., empresa de tecnología china que se presentó sola a la licitación.
Buddi y Meltec ya son conocidas en Colombia, pues en 2017 se unieron en la Unión Temporal Sistema Electrónico de Seguridad (Utses) y tuvieron el millonario contrato de los brazaletes hasta el año pasado. En su momento se presentaron varias denuncias sobre el funcionamiento de los dispositivos y la Contraloría llegó a alertar sobre un incremento injustificado del valor del contrato, principalmente por una razón: en el contrato quedó pactado que la Uspec pagaría una suma diaria por los dispositivos recibidos y por que emitieran una señal, sin importar si estaban o no instalados o si la señal realmente llegaba al Inpec.
(Le puede interesar: Exdirectora de la Uspec, María Cristina Palau, va a la cárcel mientras avanza investigación en su contra)
Según le dijo la Uspec a este diario, ese aspecto es uno de los que tuvieron en cuenta en la nueva licitación, pues ahora el Estado solo pagará por los brazaletes instalados que, además, registren la señal en el Cervi del Inpec. Asimismo, la entidad agregó que los nuevos brazaletes, de la empresa que sean, incorporarán una alarma automática que se activará cuando el recluso salga del perímetro que se le permite o cuando intente vandalizar el brazalete, y además se enviarán reportes periódicos a los jueces de ejecución de penas sobre la ubicación y el historial de movimientos de la persona. En últimas, no se puede evitar que las personas que gozan de este beneficio intenten quitárselo con cuchillos o quemándolo, pero Varela insiste: “Lo que le pedimos a la tecnología es que avise”.
Conoce más