Cábalas del referendo en la Corte

Y las cábalas sobre el trascendental fallo que se avecina ya están a la orden del día. Si el referendo se votara hoy pasaría, en el más cenagoso de los casos, con seis votos a favor y tres en contra. En las cuentas de los que apoyarían la iniciativa estarían los magistrados Nilson Pinilla —hoy presidente de la corporación—, Humberto Sierra, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Pretelt Chaljub, María Victoria Calle y Mauricio González, ex secretario jurídico en el primer mandato del Presidente.

En el ala del No se ubicarían, por ahora, los juristas Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Juan Carlos Henao, aunque este último sigue siendo un enigma en este escenario para quienes lo conocen de cerca y han trabajado con él. De acuerdo con fuentes consultadas por este periódico, esta sería la apuesta de cómo quedarían repartidos los votos en la Corte Constitucional una vez entre a estudiar si durante el trámite del referendo se cometieron vicios procedimentales insubsanables pero, además, si un eventual tercer mandato de Uribe sustituye la Carta Política.

El 6-3 (curiosamente, la misma votación de la Corte Constitucional que en 2005 le dio el sí a la primera reelección de Uribe) se explicaría por los conceptos jurídicos que han expresado los magistrados tanto en la Corte como en escenarios académicos y, de contera, de la evaluación sobre sus orientaciones políticas y del seno del que provino su postulación al alto tribunal y finalmente su elección. De cualquier manera, la Corte tiene dos parámetros de referencia en los fallos en los que aprobó la primera reelección y el referendo del año 2003, impulsado por el presidente Álvaro Uribe.

Sobre el referendo de 2003, la Corte determinó que es un mecanismo que permite modificar cualquier norma de la Constitución, pero no suprimirla ni sustituirla. Algo que, según los opositores de la nueva iniciativa popular que busca la segunda reelección, ocurrirá de ser aprobada, porque 12 años en el poder desequilibran todo el sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana, que fue diseñada por la Carta Política de 1991 para evitar que los gobernantes tuvieran control absoluto de las tres ramas del poder público.

Textualmente, en el fallo de 2003, la Corte expresó que la razón de ser de un referendo debía entenderse como “un instrumento al servicio de los ciudadanos y no un recurso al servicio del príncipe o gobernante”. Y a renglón seguido añadió que el pueblo “no tiene competencia para destruir la Constitución (…) pues la facultad de reformarla no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su esencia”. Y esa será la tesis central de la discusión en la Corte cuando examine el referendo reeleccionista: ¿Se altera o se sustituye la Carta Magna con un período presidencial ininterrumpido de 12 años?

Cuando la Corte Constitucional aprobó la primera reelección presidencial, dejó constancia de que sólo se podía aplicar esta figura “por una sola vez”, porque así no afectaba el principio de separación de poderes de la democracia, que tiene como fin evitar el poder absoluto. “El hecho de que la Corte haya dejado sentada esta expresión ‘por una sola vez’ se debió a que se entendió tácitamente que una nueva reelección sí alteraría el sistema de pesos y contrapesos que define la Constitución, algo que, seguramente, deberá analizar la nueva Corte”, sostuvo un ex magistrado que participó en la votación de la primera reelección.

En las actas de la Corte Constitucional sobre la discusión de la primera reelección quedó consignado que esa reforma no suprimía los elementos esenciales del Estado Social de Derecho porque no se establecía “la reelección en forma indefinida, sino por un solo período más”. En el acta 67 de la Corte, en la Sala Plena del 19 de octubre de 2005, cuando se aprobó la reelección, el entonces magistrado Jaime Araújo, hoy candidato presidencial, sostuvo que al aprobarla, con seguridad después vendrían un tercer y hasta un cuarto mandatos del presidente Uribe. “Es la estrategia del futuro”, dijo.

Aunque en 2005 la mayoría de estos jueces se inclinaron por la línea de que al aprobar la reelección vía Congreso no sustituyeron la Carta Magna, el término “una sola vez” se repitió una y otra vez en sus argumentos. Marco Gerardo Monroy, por ejemplo, señaló que no se afectaba la separación de poderes ni se destruía el Estado constitucional porque la reelección no se había establecido “en forma indefinida”. Manuel José Cepeda, por su parte, manifestó: “El acto legislativo refiere a la reelección por una sola vez (…) Aquí no hay ninguna prórroga sino que terminado el mandato éste culmina”.

En esas 14 actas, a las cuales tuvo acceso El Espectador, quedaron consignadas muchas de las preocupaciones que, una vez más, serán puestas sobre la mesa. En su momento, magistrados como Alfredo Beltrán recordaron que la Asamblea Constituyente del 91 “lo que precisamente persiguió evitar (fue) la concentración de poder”. Y añadió: “El articulito que se reformó no toca sólo el período del Presidente de la República sino que tiene implicaciones con el resto de la estructura del Estado”. Ahora, cuando las discusiones van a ser por la posibilidad de un período presidencial no de 8 sino de 12 años, el tema de la concentración de poder adquiere más fuerza aún.

La Corte deberá definir si el Congreso tenía competencia para modificar la pregunta del referendo. Según el texto original, el Presidente podía aspirar a un tercer mandato, pero en 2014, y así se aprobó en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado abrió la posibilidad, al cambiar la pregunta, de que Uribe pueda aspirar en 2010 y así se formalizará en la conciliación del texto. ¿Podía el Legislativo modificar de manera tan sustancial el proyecto? La mayoría de los magistrados de la actual corporación, de acuerdo con algunos de sus allegados, serían partidarios de que el Congreso sí podía hacerlo.

Gabriel Mendoza

Fue postulado por el Consejo de Estado y es de origen conservador. Es de una tendencia formalista, su especialidad es el derecho administrativo y ha trabajado en la rama judicial por más de 26 años. Hasta ahora, sus votaciones han sido favorables a proyectos de ley que han sido impulsados por el Ejecutivo, por ejemplo, en el Estatuto de Desarrollo Rural, la conmoción interior y la emergencia económica votó a favor del Gobierno. Es uno de los más nuevos del alto tribunal. Por sus conceptos jurídicos, estaría en el bloque del Sí.

Jorge Iván Palacio

Antioqueño, con más de 26 años en la rama judicial, fue entre 1987 y 1999 magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tribunal al cual representó en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Recién llegado a la Corte Constitucional (se posesionó como magistrado en febrero de este año), de las primeras posiciones que sentó fue en contra del Estatuto de Desarrollo Rural, una de las leyes claves del gobierno Uribe. Candidato al magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, tiene fama de ser recio e independiente y es hombre de una apertura intelectual para poner sobre la mesa la discusión de si una nueva reelección sustituye la Constitución que se pactó en 1991. Podría inclinarse por el No al referendo.

Luis E. Vargas

Abogado de la Universidad Libre, con 31 años de experiencia, fue quien lideró en la Corte la inexequibilidad del Estatuto de Desarrollo Rural promulgado por el gobierno Uribe. En debates más recientes tuvo una posición muy crítica sobre la emergencia económica decretada por el Ejecutivo en noviembre pasado para conjurar el escándalo de las pirámides. Es pública la defensa que ha hecho de la sentencia de la Corte para mejorar las condiciones de vida de los desplazados. Es un hombre de fuerte sensibilidad social. Fuentes consultadas lo ubican en el No.

Jorge Pretelt

Postulado por el presidente Álvaro Uribe. Fue candidato a la Fiscalía hace cuatro años. Es cordobés, de filiación conservadora y algunos lo califican como el uribista purasangre en la Corte. De hecho, fue el único magistrado que se negó a firmar una carta que la Corte le envió al Jefe de Estado pidiéndole explicaciones por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Su afinidad con el Gobierno quedó aún más explícita cuando, en 2003, publicó el libro ‘Por qué sí votar el referendo’. Se da por descontado que liderará el bloque del Sí.

María Victoria Calle

También postulada por el presidente Uribe. Abogada con especialización en derecho administrativo y laboral. Fuentes cercanas cuentan que en reuniones privadas se ha mostrado a favor de la soberanía que tiene el pueblo para modificar la Constitución. Es muy allegada a la senadora uribista Elsa Gladys Cifuentes, quien ha promocionado el referendo. En algunas discusiones en la Corte, Calle ha mostrado también un discurso social. Estaría en el bloque del Sí.

Mauricio González Cuervo

Fue secretario jurídico del gobierno Uribe entre 2005 y 2007 y postulado por el Presidente para ser magistrado. Tiene 50 años de edad y quienes lo conocen aseguran que, en principio, sostiene la tesis de que los congresistas están facultados para conciliar cualquier proyecto de ley y que la aprobación de un texto en una cámara y otro en otra no constituye un vicio insubsanable de la norma. Estaría en el bloque del Sí.

Humberto Sierra Porto

Integrante de la Corte Constitucional desde septiembre de 2004, ocupó la presidencia de ésta en 2008. Es el único de los nueve magistrados que votó la constitucionalidad de la primera reelección, y lo hizo a favor, con el argumento de que esta reforma no sustituyó la Carta Política y que el Congreso estaba facultado para hacerla. Es partidario, según sus tesis jurídicas, de que el Congreso puede cambiar la Constitución, por profunda que sea la modificación. El hecho de ser el más antiguo de la corporación le otorga un peso sobre cómo llevar la batuta de la discusión. Se presume que estaría en el bloque del Sí.

Juan Carlos Henao Pérez

De origen liberal, con especialización en derecho público francés de la Universidad de Panthéon-Assas París II. Tiene, junto con el magistrado Sierra, la hoja de vida académica de mayor estatura. Considerado una autoridad en materia de responsabilidad del Estado y un jurista de apertura a las nuevas tendencias del derecho constitucional. Comprometido con los valores democráticos, dicen sus más allegados. Votó en contra del Estatuto de Desarrollo Rural y de la extensión de poderes del Presidente durante la emergencia económica de noviembre pasado. Es un enigma, por ahora, su posición frente al referendo.