Cabos sueltos que se rastrean en magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Dignidad por Colombia se atribuyó entonces los crímenes del dirigente político, de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera y el atentado contra el abogado de Ernesto Samper, Antonio José Cancino. Una investigación de inteligencia militar de la época estableció que el coronel de la Policía Danilo González fue uno de los fundadores de Dignidad por Colombia, que entonces era conocido como Don Daniel y que tuvo contactos con el capo Víctor Patiño Fómeque y el propio Bochica por cuenta del secuestro de Gaviria. La Fiscalía revisa con lupa estas pesquisas.

Algunos investigadores sostienen que Danilo González —señalado por el capo Rasguño de haber perpetrado el asesinato de Álvaro Gómez—, además de tener enlaces en la mafia del cartel del norte del Valle, también los tuvo en la controvertida Brigada XX de inteligencia, donde era ampliamente conocido. Para la época, Danilo oficiaba como informante de la Policía, del Ejército y de las mafias de Wílber Varela, Jabón, Orlando Henao, El hombre del overol, Carlos Castaño Gil y el propio Rasguño.

Precisamente su abogado, Humberto Domínguez, le metió más sebo al candil al declarar a la W Radio que Rasguño sí financió la campaña Samper Presidente y que el dinero lo envió a través de Orlando Henao, quien fuera asesinado en 1998. En esencia, la Fiscalía anda rastreando todos los cabos sueltos del Proceso 8.000 y otros expedientes conexos, como la tesis de que a través de Danilo González paramilitares, mafiosos y hasta militares se enteraron de que se gestaba el magnicidio contra Gómez Hurtado.

El ente acusador también revisa con lupa a fiscales y autoridades que indagaron el magnicidio hace 15 años. Y, en particular, evalúan información según la cual, en 1996, el CTI allanó la casa de un oficial del Ejército en la que se encontró un documento de tres páginas que hablaba de instaurar una junta cívico-militar, destituir al Contralor y al Procurador, quitarle las facultades de investigación a la Fiscalía, cerrar el Congreso o reactivar la extradición. Dicho documento, según pesquisas de entonces, al parecer, fue material de estudio en tertulias que habrían sostenido en el Hotel Casa Medina los conservadores Roberto Gerlein, Felio Andrade o  Rommel Hurtado.

El Espectador también conoció que la Fiscalía indagará los pasos de la cúpula militar de la época, pues debido al narcoescándalo se dividió el mando. Los generales (r) Harold Bedoya, Luis Bernardo Urbina y Ricardo Cifuentes criticaron con vehemencia la legitimidad del Gobierno, mientras que Camilo Zúñiga, Iván Ramírez y Jesús María Vergara apoyaron a Samper. Las mismas verificaciones y datos que puedan derivarse de estas fricciones serán objeto de estudio en la Policía de la época.

Por último, la Fiscalía busca establecer si políticos del Valle procesados por el 8.000 también habrían instigado el crimen de Gómez Hurtado, e involucra a abogados como Ignacio Londoño, quien según Víctor Patiño fungió como intermediario entre la mafia y los políticos y se encargaba del soborno de fiscales o jueces. Denuncias todas desmentidas por Londoño. Asimismo, se rastrea qué pasó con las investigaciones que señalaban a Luis Fernando Jutinico Trujillo, capturado en Alemania y extraditado a Colombia en 1997, como el eslabón perdido del asesinato de Gómez Hurtado y el atentado a Cancino. La Fiscalía ata cabos y evalúa tesis sin descartar cualquier vía que conduzca a los responsables.