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Cada treinta minutos, un animal muere o queda gravemente herido como consecuencia directa del conflicto armado. Esa es la cifra más contundente del informe “Daños Invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, publicado en abril de 2026 por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en alianza con la Universidad de Essex del Reino Unido. El documento, coordinado científicamente por Juan David Velasco Montoya, revela por primera vez la magnitud de un daño ignorado por la justicia: la guerra no solo ha destruido comunidades. También ha devastado ecosistemas enteros y empujado decenas de especies al borde de la extinción.
El informe, cuyo prólogo fue escrito por Matthew Gillett, profesor de la Universidad de Essex y experto en ecocidio internacional, establece que entre 2017 y 2026 al menos 100.252 animales fueron afectados por el conflicto armado colombiano. La base de datos fue construida por investigadores como Laura Valentina Ojeda Moreno, Alejandra Sofía Rojas Castro, Andrés Felipe Gómez Caro y otros diez relatores, mediante el monitoreo diario de 238 medios de comunicación y 637 cuentas en la red social X pertenecientes a organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades estatales y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Una cifra que los propios autores advierten como punto de partida y no como diagnóstico definitivo.
En el 32 % de los registros, los animales fueron afectados por acciones militares: muertes o heridas en emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos o ataques con drones. En el 27 % de ellos, se identificó abandono forzado de animales domésticos como consecuencia del desplazamiento forzoso de sus cuidadores. El informe clasifica las afectaciones en seis tipos: envenenamiento, abandono forzado, accidentes por artefactos explosivos improvisados, retención ilegal, acción militar y amenaza. Este ejercicio, explican sus autores, no busca agotar el tema, sino dar visibilidad a lo que, por rutina o costumbre, ha permanecido fuera del registro oficial del Estado colombiano y de los sistemas de justicia transicional.
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El daño no se detiene en los animales domésticos. La investigación identificó 44 especies silvestres en estado crítico de extinción cuya situación está vinculada directamente a las dinámicas del conflicto. Antioquia concentra la mayor cantidad de amenazados: el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, distintas ranas arlequín y el mono araña. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali aparece como zona protegida gravemente comprometida, donde ranas de cristal y serpientes endémicas enfrentan la minería ilegal y la producción de cocaína. Colombia alberga 374 especies endémicas de ranas. De ellas, 18 del género Atelopus y 18 del género Pristimantis están hoy en riesgo inminente de desaparecer por el conflicto.
Además, el documento revela nueve formas de instrumentalización de los animales: transporte de combatientes, detonación de explosivos, tortura de civiles mediante serpientes o caimanes, vigilancia territorial, bioterrorismo por zoonosis, propaganda con loros que repetían consignas de grupos armados, rituales esotéricos con sangre animal, y sacrificio masivo de reses como represalia por el no pago de extorsiones. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en mayo de 2022: cuando el Clan del Golfo declaró un paro armado en 13 departamentos, mulas y burros circulaban en municipios de la región Caribe con las siglas del grupo pintadas sobre su piel, como única señal visible de control territorial sobre una población paralizada por el miedo.
La metodología de este informe combina dos bases de datos complementarias, construidas bajo triangulación rigurosa de fuentes. Para identificar las especies en riesgo crítico, los investigadores utilizaron el listado oficial del Ministerio de Ambiente, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Global Biodiversity Information Facility y los libros rojos de fauna. A través del Método Near, que utiliza luz infrarroja, los investigadores pudieron determinar la proximidad entre la ubicación de las especies y registros de actividades como deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna y ataques a infraestructura mineroenergética.
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Así, la clasificación de las 44 especies fue construida con el colectivo La Enredadera, que aportó conocimiento especializado en ecología y biodiversidad colombiana. El análisis apunta a las disidencias de las Farc como el grupo armado no estatal que más amenaza a las especies silvestres en Colombia. El frente Jaime Martínez, al mando de alias “Iván Mordisco”, aparece como la subestructura con mayor incidencia en los territorios donde se concentran las especies en riesgo. Estas afectaciones están ligadas a las economías ilegales que los sostienen: minería ilegal, deforestación, narcotráfico y tráfico de fauna. Un hallazgo que va de la mano de informes de otras entidades, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
En su informe de 2024, esa instancia alertó que los grupos armados han diversificado sus fuentes de financiación hacia el tráfico de fauna silvestre, tratando a los animales como recursos explotables en sus economías de guerra. En este contexto, el informe que hoy presenta la Unidad de Investigación y Acusación, en cabeza de Giovanni Álvarez como director de la entidad, concluye con un llamado que va más allá de las sentencias: “Si los animales son seres sintientes, capaces de sufrir, el derecho colombiano tiene razones para reconocerlos como víctimas”. Para ello, el informe propone estrategias, como la atención veterinaria en contextos de desplazamiento, la inclusión de los animales en los procesos de memoria y verdad, y, sobre todo, medidas urgentes de protección para las 44 especies en riesgo.
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