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Dicen que el reconocido lago en Calima El Darién, Valle del Cauca, está arropado con los vientos más rápidos en comparación con otros lagos en América. Un paraíso para quienes practican deportes náuticos extremos y para los turistas que se hospedan en una región reconocida como zona de reserva forestal desde 1959. Tan rápido como esos vientos, en los últimos cinco años la Alcaldía ha aprobado centenares de licencias urbanísticas, las cuales, en la mayoría de los casos, se materializaron en construcciones que no tienen permiso del Ministerio de Ambiente para estar en pie. Un juzgado de Buga le puso un tatequieto al crecimiento “desbordado”, en un contexto de deficiencia en los servicios de agua y alcantarillado.
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El Juzgado Segundo Administrativo de Buga decretó medidas cautelares sobre todo el municipio, tras estudiar una acción popular de la Procuraduría Ambiental del Valle. Como medida principal, ordenó al alcalde Martín Alfonso Mejía no otorgar ni una sola licencia de urbanismo, a menos que el proyecto esté fuera del área de Reserva Forestal del Pacífico. Parte de Calima está cobijada allí, así como los municipios de siete departamentos del occidente nacional. Si el proyecto a construir está en la extensa jurisdicción, únicamente podrá tener luz verde si ha sido sustraído de la zona de reserva con la aprobación del Ministerio de Ambiente. Y siempre y cuando tenga disponibilidad de servicios públicos. El despacho, aparte, suspendió la construcción del proyecto Santura Ecoreserva Mística, cuyo dueño tiene en planes desde 2018.
Calima es un entorno natural. De sus cabeceras municipales y corregimientos, 101 se ubican en zona de Reserva Forestal del Pacífico, lo cual resulta una “dificultad” para la Alcaldía al momento de definir los usos del suelo. En ese centenar de lugares, sobre el papel, no se puede poner un ladrillo sin autorización, pues prima la conservación del bosque, las aguas, la vida silvestre y el mismo suelo. El juzgado encontró que, a diferencia de lo que dicta la norma, hay un total de 514 proyectos de urbanismo aprobados en los últimos cinco años, y la mayoría no han sido sustraídos de la zona de reserva. Un trámite que el Ministerio aprueba para cambiar el uso del suelo y si la actividad es pertinente.
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“Como se observa de las manifestaciones realizadas por el municipio de Calima El Darién (…), existe una seria problemática frente al ordenamiento territorial en dicho municipio, a partir del crecimiento urbanístico que se ha acrecentado en los últimos años y que ameritan cambios en la infraestructura de servicios públicos, aunado a la falta de un control serio frente a la aprobación de licencias urbanísticas, a la falta de actualización de un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (E.B.O.T.) y normativas que cumplan con su funcionalidad para los cambios municipales vigentes y a la falta de control ambiental de los entes competenciales”, explicó el Juzgado.
Aunque hay un crecimiento “desbordado”, no se ejecutaron cambios en la infraestructura de servicios públicos. Al juzgado le llamó la atención que, a pesar de que se entregaron una y otra vez licencias, la Alcaldía no ha actualizado su Esquema de Ordenamiento Territorial desde 1999. Se aprobaron proyectos para condominios y centros comerciales, pero el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aprobado en 2013, se encuentra en un 30 % de ejecución y en la zona rural apenas en un 5 %. Lo más grave, según conoció El Espectador, es que “el agua que recorre el acueducto del municipio no es apta para el consumo humano”.
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El juzgado decretó las medidas porque, además, no encontró una real planta de tratamiento de aguas residuales, lo que conlleva a que los desechos terminen en el mismo lago Calima, en cuyos alrededores hay hoteles, glampings y restaurantes. El despacho consideró que no existía una planta de manejo de residuos sólidos. En 2020, justamente, el manejo de basuras significó uno de los primeros dolores de cabeza del alcalde Mejía. El mandatario declaró urgencia manifiesta en el municipio, pues la planta de manejo integral tenía represadas 4.000 toneladas de basura a cielo abierto. La evacuación le costó al municipio $490 millones, según la Contraloría.
El alcalde Mejía pidió al juzgado negar las medidas cautelares, a pesar de que él reconoció ante la Procuraduría, en 2021, falencias como no tener un sitio de disposición de residuos de construcción y demolición. Además, solicitó al juzgado que no tuviese en cuenta sus respuestas allegadas al Ministerio Público en un oficio y no olvidar la afectación por el covid-19, en un municipio cuya principal actividad es el turismo. En general, atribuye los problemas a “fenómenos que vienen de antaño”. Incluso, reconoció ante la Procuraduría que 500 condominios, parcelaciones y centros recreacionales no han tocado la puerta del Ministerio de Ambiente para ser excluidos de la zona de reserva.
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Asimismo, el alcalde Mejía respondió que los desarrollos turísticos cercanos al Lago Calima no afectan zonas boscosas y reservas protegidas, y fueron aprobados con la condición de presentar “soluciones autosostenibles para los servicios de acueducto y alcantarillado”. Por último, la alcaldía, aunque reconoció que su política de ordenamiento sigue desactualizada, aseguró que el nuevo esquema se “encuentra en etapa de formulación, destacándole que dicho proceso fue iniciado por la anterior administración, razón por la cual a la fecha la administración municipal actual se encuentra revisando los productos existentes a efectos de determinar los pasos a seguir”.
La Procuraduría, que amplió la denuncia de la Fundación Forambiental, espera que al final del proceso sean protegidos los derechos de los darienitas al goce del ambiente sano, el equilibrio ecológico, la salubridad pública y el acceso a servicios públicos. Entre las pretensiones del órgano de control está que, luego del estudio final del caso, el municipio reconstruya un archivo completo de licencias de urbanización otorgadas. Y, de ser posible, inicie acciones de nulidad para frenar los proyectos que podrían significar un golpe al ecosistema bajo conservación. Asimismo, que no haya un solo vertimiento más al lago Calima por parte del prestador del servicio de acueducto y alcantarillado Emcalima, que durante el proceso judicial no emitió una sola palabra.
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