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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá expulsó de este sistema especial al exparamilitar Armando Alberto Pérez Betancourth, alias Camilo, la mano derecha del excomandante de las Autodefensas Salvatore Mancuso en el Bloque Catatumbo. La Fiscalía pidió que el hombre perdiera todos los beneficios del sistema con el que se desmovilizaron los paras en el gobierno Uribe, pues se demostró que por casi diez años Pérez sostuvo una identidad falsa para evadir la justicia y con la cual entró a los países vecinos de Venezuela y Panamá, donde fue finalmente capturado en 2014.
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La decisión, que conoció en integridad este diario, recopila la novelesca manera en la que Pérez Betancourth se movió a sus anchas bajo la identidad de José Ignacio Álvarez Díaz. Pero para llegar a ese punto, el Tribunal se remonta primero a los orígenes de Camilo en la vida paramilitar: inicio formándose en el Ejército, a donde ingresó a los 20 años y escaló rápido hasta obtener el grado de capitán en 1996. No obstante, ese mismo año fue vinculado al asesinato del miliciano guerrillero Ricardo Alonso Quiroz, alias Alonsito y se escapó de su centro de reclusión dos años más tarde, cuando fue condenado.
Se contactó con Carlos Castaño, a quien conocía desde pequeño porque era vecino de las fincas de un tío suyo en Córdoba, y ahí ingresó al paramilitarismo. Rápidamente escaló en las filas de las Autodefensas y en 1999 lo designaron comandante del Bloque Catatumbo, que tomaba su nombre de operar en esta subregión de Norte de Santander. Era tal el nivel de confianza y respeto que despertaba Camilo en la organización, que le reportaba directamente a Salvatore Mancuso, su superior inmediato. Luego de la desmovilización paramilitar de Justicia y Paz, Camilo se concentró, como todos los excombatientes, en Santa Fe de Ralito (Tierralta, Córdoba).
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Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió escucharlo en versión libre, como parte de los compromisos que Camilo había adquirido, se encontró con que el exjefe paramilitar había huido del lugar. “Nunca compareció ni respondió a los llamados”, reza la decisión. No se tuvo rastro de él por años, hasta que fue detenido el 25 de agosto de 2014 en Panamá, bajo otro nombre: José Ignacio Álvarez Díaz. El país vecino lo expulsó, regresó a Colombia y, ahí sí, comenzó a colaborar con la justicia para esclarecer lo ocurrido en la guerra, como se había comprometido desde el inicio.
Confesó más de 2.500 hechos, referenció más de 50 nuevos hechos y enlodó con sus declaraciones a policías, militares, autoridades regionales, políticos y funcionarios judiciales. Sin embargo, en consideración de la Fiscalía, “transcurrió un lapso extenso en el que las víctimas no pudieron conocer la verdad de lo acontecido en la zona del Catatumbo durante el conflicto armado, lo que evidentemente afectó también los derechos a obtener justicia y reparación”. Por ende, en junio de 2019 —cinco años después de su regreso al país— el ente investigador pidió que el excomandante Camilo fuera excluido de Justicia y Paz.
Fue así como se conocieron sus viajes entre países vecinos, a los que se entró y salió con tranquilidad con una identidad falsa. Solo entre 2007 y 2009 se tiene registro de, por lo menos, 13 movimientos migratorios entre Venezuela y Colombia. Asimismo, se demostró que con el pasaporte falso que consiguió bajo la identidad de José Ignacio Álvarez Díaz, visitó Panamá cuatro veces, una cada año, entre 2009 y 2012. A su regreso a Colombia, además de su prontuario de la guerra, lo recibió un nuevo proceso por haber suplantado otra identidad.
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En el marco de esa nueva investigación, la Fiscalía encontró otro hecho insólito: en 2007, Camilo, haciéndose pasar por José Ignacio Álvarez Díaz se acercó a la Registraduría de Santo Tomás (Atlántico) para renovar su cédula, como tuvieron que hacer todos los colombianos con el cambio de modelo que se ordenó ese año. Al llegar a la entidad, sin embargo, le informaron que su documento había sido cancelado por muerte. El excomandante paramilitar, no contento con la respuesta, pidió que le tomaran las huellas dactilares para verificar su identidad.
Como era de esperarse, las pruebas no coincidieron con las huellas que había en el documento de José Ignacio Álvarez y la Registraduría se negó a darle la cédula. Camilo, no contento con esto, le pidió por derecho de petición, a la entidad, que le dieran copia del registro de defunción. El documento no apareció por ningún lado y entonces el exjefe paramilitar les puso una tutela, asegurando que se le estaban vulnerando un sinnúmero de derechos al no permitirle tener el documento. El asunto escaló hasta el Tribunal del Atlántico y luego al Consejo de Estado que, como era de esperarse, negaron el recurso.
Se presume que Camilo llevaba un buen tiempo viviendo en Panamá para cuando fue capturado. Según la Fiscalía, el hombre despertó las sospechas de las autoridades de ese país por la vida de lujos y excesos que llevaba allí. Incluso, manifestó el ente investigador, el exjefe paramilitar está siendo investigado en el país vecino por delitos de narcotráfico y lavado de activos, pero como el proceso se encuentra todavía en una fase preliminar no habría posibilidad de acceder al expediente.
Todos estos hechos llevaron al Tribunal de Justicia y Paz a concluir que Camilo “defraudó al Estado, al conglomerado social y a las víctimas que confiaron en su compromiso de reconciliación nacional, ya que se apartó de la zona de concentración en Santa Fe de Ralito y se escondió en Venezuela y Panamá con la intención de eludir permanentemente su responsabilidad en el accionar criminal propio del conflicto armado”. Y, aunque luego de ser trasladado a Colombia comenzó a colaborar con la justicia, este incumplimiento —una de las causales de expulsión— del sistema de justicia transicional, no es subsanable.
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Para el Tribunal es claro que, como “el desacato se prolongó alrededor de 10 años”, se intuye que “el repentino cambio de actitud no fue voluntario ni reflexivo, sino un ardid para no ser excluido del trámite transicional con la consecuente pérdida de beneficios». Y, además, en una audiencia que se celebró para que Camilo tuviera la posibilidad de explicarse, él mismo reconoció que suplantó la identidad de alguien más, lo que para los magistrados de Justicia y Paz “permite inferir incuestionablemente que el plan de Pérez Betancourth (Camilo) era desaparecer para siempre, es decir, no regresar ni contribuir con el proceso de paz”.
Por todo esto, con ponencia de la magistrada Uldi Theresa Jiménez, los togados acordaron expulsar a Camilo. A renglón seguido, además, le solicitaron a la Fiscalía llevarse todos los procesos contra el exjefe paramilitar a la justicia ordinaria e investigar todos los hechos que rodearon los diez años durante los cuales el segundo de Mancuso logró evadir la justicia. A juicio del Tribunal, “la evasión del postulado implicó un andamiaje criminal altísimamente refinado, que garantizó sus salidas y entradas al país con documentos de identidad espurios y el ocultamiento de registros de distintos trámites ante entidades oficiales”.
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