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El expediente por el caso de supuestas violaciones a topes electorales y la presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro en 2022, viene sacudiéndose en los últimos días. El Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga la parte administrativa del caso, le dio una nueva larga al proceso y tendrá que esperar una semana más antes de votar si abren una investigación formal o archivan el caso. Pero, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se lleva el mismo caso por la parte penal, está casi todo listo para que haya decisión, a pesar de los choques que han dejado al CNE como el organismo competente para hacer esas averiguaciones.
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El presidente Petro está buscando a toda costa que cualquier investigación relacionada con la campaña “Petro presidente” quede en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Por eso fue que su abogado de cabecera, Héctor Carvajal, presentó una demanda en el Consejo de Estado para que echaran abajo la decisión de esa misma alta corte, emitida en agosto pasado, en la que señalaron que es el CNE quien debe tener a cargo esos casos. El argumento que principalmente han peleado desde que iniciaron las pesquisas es que por el fuero presidencial, el jefe de Estado solo puede ser investigado por la Comisión, donde el proceso se mueve a toda máquina. El Espectador conoció los documentos con los que los congresistas investigadores ordenaron varias pruebas claves sobre la financiación de la campaña de 2022.
En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es donde se lleva la parte penal de este caso, son congresistas cercanos al gobierno quienes adelantan las averiguaciones relacionadas con posibles irregularidades o delitos cometidos en el marco de la campaña “Petro presidente”. Los congresistas Alirio Uribe Muñoz (Polo Democrático/Pacto Histórico), Gloria Elena Arizabaleta Corral (La Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras) y Wilmer Armando Carrillo Mendoza (Partido de la U), conforman el “triunvirato investigador” que lleva el caso. Ellos, el pasado 29 de agosto, ordenaron la práctica de múltiples pruebas para “dar cuenta de aportes a título de donación a la campaña presidencial por parte de asociaciones, personas jurídicas, organizaciones civiles u otras de igual naturaleza”, señala el documento conocido por este diario. Sin embargo, fueron aplazadas para el próximo 3 de octubre.
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Dentro de lo que busca averiguar el trío de investigadores, al menos en papel, es “cuáles fueron los servicios aéreos contratados por la campaña en las dos vueltas del comicio electoral, quién fue su prestador y cuál fue el valor de dicho servicio”. Todo esto, porque dentro de lo que se ha denunciado sobre la presunta violación de topes en la campaña, se ha señalado que se omitieron en la contabilidad los pagos por más de $2.160 millones en vuelos privados a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). De hecho, lo primero que pidió el “triunvirato investigador” fue un requerimiento a esa empresa para que “allegue los libros de vuelo de servicios prestados a la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022-2026, cuya pertinencia está dada porque es objeto de prueba de esta investigación determinar cómo se prestó el servicio aéreo de transporte a la campaña en mención y sí los pagos hechos por los mismos fueron debidamente reportados al sistema electoral”.
De igual manera, la Comisión de Acusación de la Cámara pidió “por resultar pertinente para la investigación, que la sociedad aérea en mención allegue el reporte total de ingresos y retenciones hechos con ocasión de los servicios contratados por la Campaña Presidencial de la vigencia anual 2022″. Todos esos papeles los quieren en el Congreso para “hacer una verificación contable de los costos que asumió la campaña en relación con los que le reportó al sistema electoral colombiano”, como reza el documento conocido por El Espectador. También, oficiaron a la Fiscalía para que “allegue la relación de las investigaciones que existen en las que se relacione el uso, manejo, compra o cualquier otra actividad comercial del avión de placas HK5328-SUPER KING 300″.
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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue otra de las entidades oficiadas por la Cámara, en medio de las averiguaciones que adelantan. Lo que piden los congresistas en este caso es “el informe en el que se consignen los datos personales y el arraigo del señor Sebastián Betancourth Esquivel quien ejercía como propietario y representante legal de la empresa Daily Cop”, la captadora ilegal de dinero que estafó hace más de dos años a cerca de 200.000 personas en Colombia y Estados Unidos. También, piden que se les informe si Betancourth Esquivel tiene “órdenes de captura a nivel nacional o internacional y si se encuentra a disposición de autoridades colombianas o extranjeras a efectos de establecer su paradero y llamarlo a rendir declaración”.
En la misma línea, la Comisión de Acusaciones ordenó que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) allegue un informe “de manera detallada de los permisos de vuelo otorgados a la aeronave de placas HK5328-SUPER KING 300, durante el periodo comprendido desde el 29 de enero al 19 de junio de 2022″. Además, piden que “remita la información de la empresa que operaba la aeronave en mención durante el interregno enunciado”. Además de la gran cantidad de papeles que piden, también ordenó escuchar varios testimonios. El primero de ellos, se le ordenó a William Henry Velandia Puerto, quien para 2022 era presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), organización que le aportó $500 millones a la campaña “Petro presidente” ese año y que estaría relacionada con la supuesta violación de topes electorales.
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Igualmente, los investigadores pidieron escuchar a César Eduardo Loza Arenas, quien en 2022 era presidente de la Unión Sindical Obrera (USO); también a Dagoberto Quiroga Collazos y Lucy Aidee Mogollón Alfonso, los cuales para la época era representante legal y tesorera del partido Colombia Humana, respectivamente. Finalmente, se espera que escuchen este jueves a Andrea Maya en su calidad de operadora logística de aviación. Así las cosas, la Cámara llevaría ventaja, al menos de tiempo, al CNE, que asegura tener hasta el momento “más de 182 pruebas y más de 9.000 folios”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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