Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Entre los miles de despojos, masacres, y desplazamientos que dejó el imperio paramilitar de Salvatore Mancuso en Córdoba, permanecía escondida, además, la historia de una promesa fallida. Se trata de la ilusión de tener una finca propia del campesino Priciliano Iglesia, a quien, en 2001, su patrón le regaló una parcela en el municipio de Puerto Escondido, a cambio de 23 años de fiel trabajo como jornalero. El sueño se desvaneció cuando hombres armados asesinaron a su patrón y se apropiaron de la finca. Después de 20 años, un juez de Restitución de Tierras le devolvió al campesino la finca Villa Cielo y lo declaró víctima de la avaricia de Mancuso.
Iglesia tiene 65 años y todavía vive en un municipio de Córdoba. Otro patrón le da trabajo como mototaxista, una labor que apenas le deja para comer y pagar el arriendo. No tiene casa, pensión y, aparte, un núcleo familiar. Si la vida fuese justa, desde hace dos décadas sería un hacendado más. Sin embargo, la misión paramilitar de apropiarse de tierras ricas para la ganadería y, aparte, funcionales como rutas de narcotráfico, lo obligó a deambular por Colombia buscando trabajo. Y a la espera de, por fin, ser el jornalero de su propia tierra. Cultivar el maíz, el arroz y el ñame que alimenten su bolsillo y, a la vez, su idea de una vida digna, feliz y tranquila.
(En contexto: Las propuestas para que el Gobierno Petro destrabe la restitución de tierras)
Esta historia comienza a finales de los años 70, cuando el ganadero Manuel Amador conoció a Iglesia. Lo invitó a trabajar como administrador de cultivos en más de 300 hectáreas. Amador era un empresario reconocido y fue presidente de la Liga de Sóftbol de Córdoba. “Enseguida, me consiguió una máquina, preparamos la tierra y sembramos maíz. Sembramos después algodón y le fue bien. Nos amañamos los dos”, dijo Iglesia a El Espectador. Tal era la relación que ambos comían en la misma mesa. Esa mano mágica de Iglesia, que aumentó la productividad de los predios, terminó una relación laboral de 23 años.
En 2001, Iglesia se enteró de que estaban vendiendo Villa Cielo cerca los predios de Amador. El patrón no solo lo dejó negociar la tierra, sino que le dejó la escriturara a su nombre. “Me dijo: ‘Docto, eso póngalo a nombre suyo, que el día que usted no quiera trabajar más conmigo, eso es suyo’”. El negoció quedó hecho y, por primera vez, Iglesia fue dueño. No obstante, no se instaló allí por la cantidad de hectáreas que seguía administrando. Todo cambió el 4 de diciembre de 2003. En el marco de un plan pistola de Mancuso, Amador fue crudamente asesinado y paramilitares tomaron la promesa de Iglesia como suya y la defendieron con fusiles.
(También puede leer: “Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”)
“El trabajo de mi vida me lo quitaron los paramilitares”, agregó Iglesia. Según el juzgado que conoció el caso, a partir de informes de la Fiscalía, Mancuso buscaba colaboración económica de los ganaderos de Córdoba para financiar los bloques asentados desde los años 90. “Se dio la toma a la fuerza de los predios estratégicos que servían como corredor para el narcotráfico por su salida al mar”, se lee. El Tribunal Superior de Medellín, en un fallo de Justicia y Paz, agregó que los retenes y el cobro de extorsiones allí, incluso, superaba las rentas del narcotráfico. El Centro de Memoria Histórica reporta, en Córdoba, 2.503 homicidios selectivos entre 1995 y 2005. A la fecha, 952 predios despojados han sido restituidos a víctimas en ese departamento.
“Así las cosas, y como se ha podido ver en otros casos que comportan idéntica índole, la venta acá cuestionada hizo parte del fenómeno de concentración de tierras que fungió como estrategia de control económico, social y militar de zonas donde se radicaron los grupos ‘contra insurgentes’ (paramilitares). En ese orden, es preciso concluir que en este caso se ocasionó un desprendimiento anómalo de la parcela; se le produjo al acá actor, un daño traducido en la privación injusta de explotar y usufructuar en beneficio propio el predio reclamado y se le obligó a desvincularse jurídicamente del predio”, concluyó el Juzgado.
(Le recomendamos leer: La finca que no será restituida porque ahora es botadero de una mina de carbón)
Por otro lado, en junio de 2008, Iglesia vivió la peor de sus tristezas. Después de decenas de amenazas de muerte y de ser perseguido en cuanta finca prestaba sus servicios, Iglesia acudió a la Notaría Primera de Montería. Ese día, según la hipótesis de la investigación, la finca Villa Cielo quedó a nombre de Jairo Jaramillo Franco, en presencia del poderoso ganadero Luis Jerónimo Berrocal. Una vez puesta la firma, el trabajo de la vida de Iglesia, su predio, quedó reducido a irrisorios $600.000 en efectivo. Eso fue lo que le entregaron. “La plata se me fue en comidita. Compré ropita porque qué más. ¿Qué iba a hacer? Recibirlos. Y seguía pagando arriendo”, agregó Iglesia.
En la solicitud de la Unidad de Restitución, se lee que Berrocal era conocido por haber estado preso en Medellín, dado que pudo haber “asesinado a unos señores de alto rango de la ley”. El Tiempo, de hecho, registró en 1991 la captura de Berrocal en Venezuela, días después de que en Córdoba le incautaran más de 10 toneladas de cocaína. Para agosto de ese año, estaba preso en la cárcel de Bellavista (Medellín) y vinculado a una investigación por la desaparición de un policía antinarcóticos de la Dijín, el capitán Pedro Rojas. En octubre de 2009, Berrocal fue asesinado en Puerto Escondido, el mismo municipio donde está ubicada la finca Villa Cielo.
(En contexto: Tras 11 años de labor, la restitución de tierras un ejemplo para el mundo)
En esta historia queda otro perdedor. Mientras se programa la restitución a favor de Iglesia, Villa Cielo seguirá ocupada por el ciudadano Narciso Posada, un médico pensionado quien compró la finca en 2013 de buena fe. A pesar de que cuidó la tierra, presentó su recurso de oposición de manera extemporánea, por lo que no pudo defenderse. “Yo vi mucha tranquilidad por ahí, oyó, mucha tranquilidad y los ocho años que viví fueron años de completa tranquilidad”, dijo en entrevista. Aunque Posada se descuidó judicialmente, el Juzgado ordenó l Fondo de Gestión de Restitución de Tierras que le reconozca económicamente las mejoras al lugar.
Al final, el Juzgado ordenó a la Policía garantizar el regreso y la seguridad de Iglesia a Villa Cielo. El Fondo de Gestión de Restitución de Tierras pondrá la plata si existen deudas por servicios públicos y una dependencia hermana implementará un proyecto productivo a favor de la víctima, para que no empiece de ceros. El Sena lo capacitará laboralmente y la Secretaría de Salud de Córdoba lo afiliará al régimen subsidiado. “Voy a trabajar en la parcelita. Los amigos me han dicho: ‘Hombe, qué bueno. Tu vida va a cambiar, para que no andes en esa moto arriesgando la vida. Ya te vas a dedicar a tu parcelita, a lo que te gusta, a sembrar. Cuando estés instalado te vamos a visitar’”, concluye Iglesia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más