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"El Estado colombiano, consistente con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de buena fe, y en concordancia con la decisión de la justicia penal colombiana, la cual condenó a dos agentes estatales como autores materias del homicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el nueve de agosto de 1994, reconoció su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la H. Comisión o la CIDH) por dichos hechos, los cuales rechaza y lamenta", según el comunicado emitido por la Cancillería.
El proceso internacional en relación con la muerte del Senador Cepeda Vargas se adelanta actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CorteIDH), luego de la demanda presentada por la Comisión IDH ante dicho tribunal el catorce de noviembre de 2008. Sin embargo, la ComisiónIDH tramita el caso de la Unión Patriótica –el cual es independiente del caso del Senador Cepeda Vargas-, en el cual se señala por parte de los peticionarios la existencia de más de cinco mil víctimas.
La CorteIDH ha convocado a audiencia pública a las partes dentro del caso Manuel Cepeda Vargas (a saber: la ComisiónIDH, los Representantes de las víctimas y el Estado de Colombia), que se celebrará los próximos 26 y 27 de enero de 2010, en San José de Costa Rica.
De acuerdo con la Cancillería, Colombia reiterará su compromiso con la garantía y protección con los derechos humanos, en particular en sumar esfuerzos para identificar, juzgar y sancionar a todos los partícipes en la muerte del Senador Cepeda Vargas. El avance en las investigaciones de crímenes como el del Congresista Manuel Cepeda es posible en la actualidad gracias a los esfuerzos estatales, dentro de los cuales se resalta la Ley de Justicia y Paz.
Y agrega la diplomacia colombiana que el del Senador Cepeda Vargas es un caso individual que, en opinión del Estado, no puede generalizarse para todos los miembros de la UP, ni señalarse que se cometió como producto de una política de Estado, ni poner en duda la eficacia de la Ley de Justicia y Paz.
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