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Según las investigaciones adelantadas por los organismos de seguridad, los miembros de la Fuerza Pública presuntamente pedían de forma ilegal sumas de dinero que iban desde 300 mil hasta 500 mil pesos a los comerciantes de esta parte del Urabá antioqueño.
Los afectados interpusieron de forma individual doce denuncias ante las autoridades competentes.
El general José Ángel Mendoza, comandante encargado de la Región Seis de la Policía, dio a conocer que las investigaciones tomaron más de cuatro meses para reunir los soportes probatorios de las actividades ilegales de cuales eran señalados los agentes.
“Fue la misma Policía Nacional la que puso la situación y las irregularidades en conocimiento de las autoridades (judiciales) por las reiteradas denuncias y quejas de los ciudadanos, y es la misma Policía Nacional la que a través de instancias investigativas los deja a disposición de los entes pertinentes”, sostuvo el general Mendoza a Caracol Radio.
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