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Desde Nicaragua, después de la fiesta organizada por la Embajada colombiana en la que fue captado bailando vallenatos y jurando no haber desviado ni un solo peso del erario público, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reapareció para la audiencia de acusación en su contra. El exalto funcionario y alfil del presidente Gustavo Petro fue llamado a juicio el 29 de enero, para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La Fiscalía lo señala de ser el cerebro detrás del millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia de acusación fue ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. González, hoy prófugo en Nicaragua, reapareció durante la diligencia en la que la Fiscalía se referió al documento de 60 páginas con el que reseñó cuál habría sido su rol en el escándalo de corrupción más grande del gobierno actual. “Se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”, señala la acusación.
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Las movidas de González
Para la Fiscalía, Carlos Ramón González habría dado la orden de intentar comprar al Congreso por medio de pagos de coimas provenientes de sobrecostos en contratos de la Ungrd. La acusación expuso que a mediados de septiembre de 2023 el exdirector del Dapre le habría dado la orden a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, de entregarles contratos por COP 60.000 millones y COP 10.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. El objetivo de esos pagos sería destrabar los proyectos claves del gobierno Petro que estaban en la cuerda floja en el Legislativo, especialmente las reformas pensional y a la salud.
La oferta inicial cambió, según explicó la Fiscalía en su acusación, por cuenta de la premura con la que los congresistas Name y Calle habrían pedido “variar la oferta” y que se les entregara menos dinero, pero en un tiempo más corto. El ente investigador señaló directamente a González de haberle ordenado a Olmedo López inflar los costos de una orden de proveeduría de la Ungrd para comprar carrotanques y abastecer de agua a las comunidades más vulnerables del departamento de La Guajira. Los sobrecostos, producto de esa movida ilegal, habrían terminado desviados a los bolsillos de los presidentes del Senado y de la Cámara. Al primero le habrían dado COP 3.000 millones y al segundo lo habrían sobornado con COP 1.000 millones.
En la acusación, el ente investigador hizo énfasis en el rol que habría tenido González sobre Sandra Ortiz, la entonces consejera presidencial para las Regiones, hoy presa en una guarnición policial de Bogotá. Según el escrito presentado por la Fiscalía, el exdirector del Dapre habría “acordado” durante un almuerzo que sería Ortiz quien mediaría la entrega de los dineros en efectivo a los congresistas. Concluye señalando que los crímenes por los que fue llamado a juicio son más “graves” y “reprochables” por su rol como político. “Carlos Ramón González tiene una importante solvencia económica; por más de 30 años ha construido un significativo poder político y experiencia en el sector público”, señaló la Fiscalía.
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Los peros del exdirector del Dapre
Durante la audiencia de acusación, la magistrada Barreto Ardila también adelantó el reconocimiento de las presuntas víctimas acreditadas para el caso. La Ungrd, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), la Contraloría General de la República, el Movimiento Indígena Nación Wayúu y la Comunidad Pororu Sector Murujuy fueron reconocidas por el daño que habrían sufrido por cuenta del presunto desvío de recursos públicos. Esto, a pesar de los reparos del representante de Carlos Ramón González, el abogado Iván Cancino, quien argumentó que ni las organizaciones del Estado, ni el ente de control, ni las comunidades indígenas de La Guajira lograron sustentar en qué habían sido afectadas.
González, por su parte, se pronunció al final de la diligencia cuando la magistrada que presidió la jornada le preguntó si había comprendido la acusación hecha por la Fiscalía. “Hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. Yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Para mí no es una acusación clara, porque está llena de vacíos y de falsedades”, expresó el exdirector del Dapre. Sin embargo, para el ente investigador, la información daría cuenta de un panorama completamente distinto, en el que González aparece como supuesto cerebro detrás del entramado criminal que desangró con millones y millones el erario público, con el objetivo de destrabar los proyectos que el gobierno Petro veía naufragar en el Congreso.
Aunque en contra de González ya hay una circular roja de Interpol, sigue prófugo en Nicaragua y protegido por el beneficio del asilo político, asilado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su nombre aparece en las declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, también condenado por su participación en el entramado de corrupción. Según la Fiscalía en su acusación, su poder “lo llevó a desempeñar uno de los cargos más importantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, con una oficina al lado de la del presidente de la República, desde la cual daba órdenes que deberían ser para administrar bien el país y no para desviar millonarios recursos públicos a los bolsillos de terceros de forma ilegal.
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Por Gustavo Montes Arias
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