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Para el próximo jueves y viernes, en los Juzgados de Paloquemao, están citados varios de los testigos de la Fiscalía en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por el denominado escándalo del Cartel de la Toga. El exmagistrado, quien se encuentra en libertad desde agosto pasado, es señalado de ser una pieza clave dentro de una red de abogados y magistrados que cobraban millonarios pagos a congresistas y gobernadores para «torcer» procesos judiciales ante la Corte Suprema.
El ente investigador tiene programado que testifiquen el fiscal general encargado Fabio Espitia Garzón, quien en el pasado se desempeño como coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. También que lo haga el excongresista del Partido de la U, Musa Besaile, quien fue llamado a juicio por este mismo escándalo y quien espera que la JEP se pronuncie si lo acepta en esa jurisdicción especial.
Una fuente cercana al proceso señaló que es posible que ninguno de los dos asista, sobre todo Besaile pues aún la justicia nacida del Acuerdo de Paz se ha pronunciado sobre su caso. Besaile está preso en La Picota desde 2017, después de haber aceptado que pagó $2.000 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para desviar un órden de captura en una investigación por parapolítica.
Vea: Procuraduría pide que ingreso de Musa Besaile a la JEP sea solo por parapolítica
El exgobernador de Córdoba entre 2012 y 2015, Alejandro Lyons Muskus, también fue citado por el ente investigador a declarar en contra de Ricaurte. El testigo clave del Cartel de la Toga fue quien destapó el escándalo de corrupción, luego de que decidiera colaborarar con la DEA y grabara al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y a su socio Leonardo Pinilla. En esas grabaciones, se menciona a los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Camilo Tarquino y a Francisco Ricaurte, así como a varios excongresistas y exfuncionarios. Lyons hoy se encuentra en libertad en Estados Unidos.
El primo del exgobernador Lyons, el abogado Luis Ignacio Lyons España también fue citado a los juzgados de Paloquemao. La Fiscalía también lo investiga por su presunta particpación en el cartel de la toga, sin embargo, su imputación no se ha podido llevar a cabo por varios aplazamientos. Lyons España será señalado por dar sobornos, pues habría dado dineros para que torcer un proceso que se adelantaba contra su primo en la Corte Suprema.
El último de la lista es el represetante a la Cámara Wadith Manzur, hijo del excongresista Julio Manzur. Recién se destapó el escándalo, a mitad de 2017, el menor de los Manzur señaló que nunca le pagaron a Luis Gustavo Moreno para que incidiera en el proceso de su padre por parapolítica. “ Jamás hemos accedido a ninguna petición de nadie para manipular un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, nunca se ha entregado un peso a nadie. Prueba de eso están dos años y medio de detención (de Julio Manzur), pero nosotros no entregamos un peso”, indicó Wadith Manzur.
El juicio contra Ricaurte
El testigo que puso en aprietos a Ricaurte es el exjefe anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, cuya captura, en junio de 2017, es la génesis de este escándalo de corrupción en la rama judicial. Moreno ha señalado que los exmagistrados Ricaurte, Gustavo Malo y José Leonidas Bustos hicieron uso de su poder e influencia en la Corte Suprema de Justicia para torcer investigaciones de congresistas y gobernadores. Para la Fiscalía, los extogados y Moreno formaron una plan criminal que hoy se conoce como el cartel de la toga.
Ricaurte fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y de los cuales siempre se ha declarado inocente. Sin embargo, para el ente investigador, él y Bustos fueron las cabezas del cartel que entre 2013 y 2017 habría manipulado procesos judiciales, como el de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton por parapolítica. En agosto pasado, el exmagistrado recuperó su libertad luego de que se cumplieran los 240 días que permite la ley como límite para empezar el juicio de alguien privado de la libertad. En el caso de Ricaurte, ese plazo se venció el pasado 20 de agosto.
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