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El 10 de febrero se sabrá si la justicia declara culpable o inocente al exfiscal delegado ante la Corte Suprema Alfredo Bettín Sierra, por su supuesta participación en el escándalo del cartel de la toga. En octubre de 2019, la Corte Suprema aprobó un preacuerdo con el antiguo alto funcionario de la Fiscalía, en el cual aquél adquirió varios compromisos con la justicia. Investigado por el presunto entorpecimiento de procesos en contra del exgobernador del Valle de Cauca Juan Carlos Abadía, Bettín aceptó testificar en contra del exmandatario regional y de dos cabezas de la supuesta red de corrupción en la Corte Suprema: los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
La colaboración de Bettín a la justicia ya está en marcha. En noviembre pasado, el exfiscal asistió como testigo a los juicios que adelanta un juzgado de Paloquemao contra Ricaurte y ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema para testificar contra Gustavo Malo. El Espectador tuvo acceso a sus inéditas declaraciones, en las que el antiguo funcionario de la Fiscalía da detalles del funcionamiento de la presunta red ilegal que operaba en el interior del alto tribunal para torcer expedientes de excongresistas y exgobernadores. Durante más de tres horas, Bettín también contó cómo conoció a los exmagistrados y su relación con otros protagonistas del cartel de la toga.
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Testimonio contra Ricaurte
El 11 de noviembre pasado, Bettín declaró durante más de dos horas sobre el manejo que dio a la investigación contra el exgobernador Abadía por su supuesta participación en las irregularidades en un contrato de distribución de textos escolares durante su administración, denominado “caso Bibliotecas”, irregularidades que lo llevaron a juicio ante la Corte Suprema en mayo pasado. El testigo dijo que a finales de 2013 se hizo un proyecto de imputación de cargos en contra de Abadía y apenas en marzo de 2017 se realizó esta audiencia. Fue en ese lapso, según Bettín, que el exgobernador nombró como su abogado a Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y ahora testigo estrella del caso.
A renglón seguido señaló que para ese momento, por su amistad de más de 30 años con Francisco Ricaurte, asistía a reuniones con él. En una de ellas, en el apartamento de “Pacho”, como le decían sus amigos a Ricaurte, le comentó que tenía un penalista en la oficina, Luis Gustavo Moreno, y que este iba a ser el defensor de Abadía en el proceso ante la Corte. Ricaurte “me preguntó que ese caso cómo estaba y yo le dije que ese ya estaba para imputación. (…) Posteriormente él me dice: ‘Hombre, Gustavo Moreno estudió el caso, e incluso, el cliente (Abadía) nos comentó que él actuó de buena fe en esa contratación’ (…) y yo le dije que no podía hacer nada, que eso se iba a imputación”, contó Bettín.
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Para ese momento, en 2015, Ricaurte había salido del Consejo Superior de la Judicatura, luego de que en junio de 2014 el Consejo de Estado anulara su elección al señalar que había sido elegido por quienes él eligió cuando fue magistrado de la Corte Suprema y que le estarían devolviendo el favor. El recién destituido Ricaurte empezó a ejercer como abogado y, según dijo la abogada y expresidenta de la Corte Ruth Marina Díaz a la Comisión de Acusaciones, fueron invitados por Moreno a compartir un espacio en el norte de Bogotá. “Como hacen muchos abogados para aminorar gastos”, dijo la antigua togada, quien niega, al igual que Ricaurte, saber de las actuaciones de Moreno.
Bettín dijo en el juicio que Moreno, Ricaurte y Díaz conformaron un bufete de abogados en el que el primero era el penalista, el segundo el laboralista y la tercera la civilista. Los dos exmagistrados señalan que desde noviembre de 2014 estuvieron buscando una oficina y que en ningún momento se trató de un bufete. En diciembre de 2014, Díaz recibió una llamada de Ricaurte diciéndole que “Moreno había ofrecido dos espacios en un lugar pequeño en la 84” con carrera Séptima. De esa oficina, el arrendatario era Moreno y figuraba como deudor solidario Luis Ignacio Lyons, abogado que también es investigado por el cartel de la toga y tío del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
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En agosto de 2016, el entonces coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, hoy fiscal general encargado, llamó a Bettín para preguntarle por qué había tardado tanto en imputarle cargos a Abadía. El exfiscal señaló en el juicio que el retraso había sido producto de las peticiones hechas por Moreno a través de Ricaurte, para que el exgobernador ampliara su versión del caso, se aportara más documentación y se estudiara una solicitud de archivo del proceso. No imputó cargos “a instancias de lo que Ricaurte me decía sobre escuchar a Abadía y que no me afanara y no se tomara una decisión apresurada”, dijo el testigo Bettín.
En ese momento, entre septiembre y octubre de 2016, el recién posesionado fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió que se priorizara la imputación de Abadía. Paralelamente, Moreno dejó de ser el abogado del exgobernador y fue designado fiscal anticorrupción por Martínez. También, el expresidente de la Corte Suprema José Leonidas Bustos pasó a defender al exgobernador. En marzo de 2017 se hizo la imputación, luego de que el entonces defensor del exmandatario regional pidiera un aplazamiento de la audiencia, el cual fue anunciado, previamente, por Ricaurte a Bettín. Asimismo, dijo el exfiscal, rechazó otra solicitud de estudio de archivo del proceso hecha por Bustos.
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En su testimonio, Bettín contó que Fabio Espitia tuvo en esa época una reunión con Bustos, en la cual este último lo recriminó por unos comentarios que el coordinador de fiscales ante la Corte estaba haciendo a sus subalternos. El exfiscal contó que Espitia les dijo a él y a los demás fiscales delegados “que se cuidaran mucho de él (Bustos) porque iba a llegar a cobrar favores(…) es posible que él pretenda interferir o manipular algunos casos en donde él sea abogado ante la Corte, básicamente fue lo que dijo, no recuerdo con exactitud sus palabras”. Bettin aclaró que este comentario de Espitia fue hecho antes de que Moreno fuera el abogado de Abadía en el caso Bibliotecas.
Bettín también contó que conoció al exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo casi al mismo tiempo que a Ricaurte, ya que todos trabajaron en su momento en los juzgados de Cartagena. Incluso, en algún punto, Malo, como magistrado de Tribunal Superior de la capital de Bolívar, fue superior jerárquico de Bettín. “Fue mi calificador cuando yo era juez”, apuntó el exfiscal, quien también recordó que Ricaurte fue asistente en el despacho de Malo en esa época y que desde entonces compartieron eventos sociales y reuniones.
Una de esas, narró Bettín, fue el festival vallenato en Valledupar de 2015, al cual varios magistrados asistieron, entre ellos “los doctores Botero y Echeverry de la Sala Laboral, entre otros”, y Luis Gustavo Moreno. “Me apunté para ir al festival porque a mí me servía mucho para poder interrelacionarme con los magistrados. Mi aspiración y sueño final era algún día integrar la misma Corte y tener amigos en la corporación”, aseguró Bettín Sierra. Además señaló que no compartió con Moreno durante el festival.
El abogado de Ricaurte, Sebastián Fajardo, contrainterrogó a Bettín, quien negó que su cliente o Bustos le hayan ofrecido mantenerlo en su cargo, o ascenderlo, o remunerarlo económicamente a cambio de favorecer a Abadía. “Tampoco se acordó orientar hacia el archivo otra investigación que tuviera Abadía ante la Corte Suprema ni ninguna que tuviera a mi cargo”, aseguró Bettín, quien rechazó que hubiera pactado con Ricaurte abstenerse de solicitar medida de aseguramiento o de “dejar de imputarle cargos”. Sin embargo, admitió que algunas órdenes de policía judicial que emitió se hicieron con el fin de dilatar el proceso. “No eran necesarias”, apuntó.
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Sin embargo, la defensa de Ricaurte le recordó a Bettín que, en su interrogatorio de mayo de 2019 con la Fiscalía, en donde exponía los hechos que aportaría como parte de su preacuerdo por el delito de prevaricato por omisión, nunca dijo que alguna de las órdenes de policía judicial que pidió se hubieran hecho para dilatar. “¿No se acordaba, señor Bettín? ¿Su memoria sobre estos hechos es mejor hoy de como lo era en el momento del interrogatorio?”, le preguntó el abogado Fajardo. El exfiscal contestó afirmativamente. El defensor de Ricaurte también le preguntó si era usual que con el paso del tiempo recordara más cosas de las que olvidaba, a lo que el exfiscal contestó: “Sí, es posible”.
Otro hecho que rememoró Bettín en el juicio fue la supuesta solicitud que le hizo Ricaurte para que se le permitiera a Abadía ampliar su versión de los hechos ante el ente investigador. La defensa de Ricaurte resaltó que en su interrogatorio tampoco mencionó este episodio. “Doctor Bettín, usted en mayo de 2019 mencionó que aceptó esta petición por solicitud de Luis Gustavo Moreno y no por el doctor Ricaurte”, aseguró el abogado Fajardo. A lo que el exfiscal señaló que “no, lo dije acá (en el juicio del exmagistrado)”. Asimismo, Bettín señaló que en el interrogatorio de la Fiscalía no dijo que “había omitido imputar cargos a Abadía, pese a que era lo que debía hacer”.
En su defensa, ante algunas contradicciones de Bettín entre su interrogatorio con la Fiscalía y lo declarado en el juicio, este señaló que, luego de su declaración al ente investigador en mayo de 2019, encontró un documento de la Fiscalía sobre el caso Bibliotecas en su archivo personal, con el que logró, según él, “una rememoración más específica del tiempo en que sucedieron los hechos sobre el proceso”. Por ejemplo, en el interrogatorio aseguró que la primera vez que Ricaurte le empezó a hablar sobre el proceso de Abadía fue a finales de 2013, pero que con este documento precisó que sucedió a finales de 2014.
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Testimonio en el juicio a Malo
El 27 de noviembre de 2019, durante una hora, el exfiscal fue interrogado por el entonces presidente de la Sala Especial de Primera Instancia, Ramiro Marín, y el abogado del exmagistrado Gustavo Malo, Antonio Luis González. Durante el juicio contra Malo, quien es investigado por supuestamente recibir sobornos a cambio de torcer los procesos penales de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, también declaró Ricaurte y negó su participación en el cartel de la toga. Con su testimonio, Bettín negó tener conocimiento sobre los hechos por los que hoy es enjuiciado el exmagistrado Malo y que este tampoco participó o medió en el proceso en contra del exgobernador Abadía.
En esta audiencia se retomó el episodio del Festival Vallenato de Valledupar de 2015, en donde Bettín señaló que Luis Gustavo Moreno no compartió con los magistrados que viajaron a ese festival, entre ellos Ricaurte y Malo, y que con este último no coincidía en las reuniones que el primero hacía en su casa. Sin embargo, dijo que durante esos días se hospedó en una casa que le habían prestado a Ricaurte y que allí mismo se quedó el exfical anticorrupción Moreno, pero no junto a los magistrados. “El doctor Ricaurte también me compró el tiquete aéreo, sin embargo, posteriormente le devolví dinero, era algo que hacíamos habitualmente”, concluyó Bettín.
El juicio del exmagistrado Ricaurte se reanudará el 20 de enero con los testimonios de Musa Besaile, Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que es probable que los dos primeros no lo hagan hasta que sus situaciones jurídicas sean definidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía, respectivamente. Ocho días después se reactivará el juicio contra Malo con el testimonio del exsenador Álvaro Ashton, el cual estaba previsto para el 12 de diciembre de 2019, pero por cuestiones de salud del exmagistrado no se pudo llevar a cabo.
Por David Escobar Moreno
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