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En menos de un año el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, volvió a alertar sobre la presencia en Jamundí (Valle del Cauca) de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco. En este municipio, que queda a solo 30 minutos de Cali, emisarios de estos temidos grupos narcotraficantes se habrían asentado para tomar control de algunas rutas que llevan cocaína hasta México para ser posteriormente vendida en Estados Unidos. El jefe máximo de la Defensoría señaló la semana pasada: “Advertimos que estaban en todo el corredor del narcotráfico: Buenaventura, Tumaco, Caquetá. Ahí están los carteles comprando directamente la droga”.
Aunque el anuncio del defensor causó revuelo, son muy pocas las personas en Jamundí que se atreven a hablar de la presencia de estos grupos narcotraficantes, debido al control territorial y las alianzas que tienen con otras organizaciones criminales. Por ejemplo, El Espectador habló con funcionarios de la administración local, habitantes de la población e instituciones veedoras de derechos humanos en esa región del país, y todos pidieron que sus nombres no fueran revelados por motivos de seguridad. Los testimonios coincidieron en señalar el aumento de hombres armados y con acento mexicano en la zona rural del municipio, así como de laboratorios de procesamiento de cocaína y de cultivos de uso ilícito.
Al parecer, la zona que ocupan estos carteles está al sur del municipio, en zona límites con Buenos Aires (Cauca), y se extiende desde un punto conocido como Villa Colombia hasta Puerto Vélez. Según los testimonios recogidos por este diario, entre 60 y 70 hombres armados estarían trabajando para el cartel de Sinaloa y muchos de ellos son originarios del país azteca. Informes de inteligencia de la Fuerza Pública han dado cuenta de la estrecha relación del Eln con las mafias mexicanas. Estas organizaciones, señala el Ejército, proveen armamento, municiones, material de intendencia, propiedades en otros países y los dólares con que se financian.
Un miembro de una organización veedora le contó a este diario que, desde hace aproximadamente un año, habitantes de Jamundí han visto el aumento de extranjeros con carros de alta gama y fiestas llenas de excesos. “Lo que dicen los comerciantes de algunos sectores exclusivos de la ciudad es que estas personas serían muy cercanas a la cúpula mafiosa de los carteles mexicanos, gente pesada. Ellos (los comerciantes) se extrañan de las cantidades de dinero que gastan estos personajes, pero, claramente, esto implica que algunos sectores de la economía del municipio se vean beneficiados”, dijo el miembro de esta organización.
La Policía y el Ejército han señalado que, en los últimos años, la compra de cemento y gasolina, insumos usados para la elaboración de la cocaína, se ha disparado en Jamundí. Por ejemplo, en febrero pasado, la Fuerza Pública incautó un camión que transportaba ACPM, cal y cemento. Un mes después desmanteló un megalaboratorio de procesamiento de droga en el corregimiento de Villa Colombia, el cual producía cerca de tres toneladas de cocaína al mes y era propiedad de los Pelusos. Esta organización, que tiene un pacto de envío de cocaína con el cartel de Sinaloa en la región del Catatumbo, ingresó a esta región de manera violenta en enero pasado.
Lo que se ha sabido es que un jefe de los Pelusos, conocido como Pácora, envió a hombres armados a que se asentaran en Jamundí (Valle) y Puerto Tejada (Cauca). Producto de esa incursión, cuatro personas de una misma familia fueron masacradas en la vía pública del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, el pasado 11 de enero. El Ejército estima que los Pelusos ya tienen cerca de 80 hombres en armas en la región y están bajo el mando de dos hombres: alias Rojas y el Paisa.
A este difícil panorama en Jamundí se suma la confluencia de grupos armados como las disidencias de las Farc, que estarían lideradas por alias Majinbú, señalado de estar detrás del secuestro del arquitecto Carlos Ómar Ossa Velásquez, registrado el pasado 11 de junio en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí. Las autoridades también señalan al líder de las disidencias del sexto frente de las Farc de controlar los cultivos de droga en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, además del asesinato de la ciudadana argentina Mónica Berenice Blanco en junio de 2018.
Los casos Viáfara y “Olindillo”
Dos casos recientes revelaron los tentáculos que tienen los carteles mexicanos en esta zona del país con el Clan del Golfo. En marzo de 2019, el país se sorprendió con la imagen del exjugador de la selección Colombia Jhon Viáfara, esposado. Hasta el corregimiento de Robles, donde nació el exfutbolista, llegaron miembros de la Policía, quienes, junto a la DEA, llevaban cerca de dos años siguiendo sus pasos. Las investigaciones arrojaron que el exvolante del Once Caldas hacía parte de una red de narcotráfico que trabajaba con el Clan del Golfo y que se reunía con emisarios del cartel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación de la DEA en contra de Viáfara —quien se encuentra preso en La Picota de Bogotá esperando a que se defina si es extraditado—, él hizo parte de una organización narcotraficante que desde 2008 recurrió a lanchas go-fast, buques, embarcaciones pesqueras, sumergibles, aeronaves y camiones para sacar droga del país hacia Centro y Norteamérica “en nombre del Clan del Golfo”. Además de las interceptaciones e incautaciones, la justicia estadounidense cuenta con confesiones de delatores que, se supone, trabajaron con esta red, lo que complicaría su situación.
El segundo episodio ocurrió a principios de mayo pasado, cuando la Policía y la Fiscalía capturaron, en la vía que conduce de Cali a Jamundí, a Olindo Perlaza Caicedo, alias Olindillo, quien alcanzó a formar parte de los listados de las extintas Farc para obtener beneficios jurídicos de la Ley de Amnistía que quedó del Acuerdo de Paz. Según las autoridades, Perlaza es responsable de enviar cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos, Guatemala y México. Las autoridades advirtieron que el narco tendría nexos con el cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo. También señalaron que Olindillo tiene varias propiedades en Jamundí.
Olindillo fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que el Gobierno colombiano comprobara que fue incluido en los listados de la antigua guerrilla tras haber pagado un millón de dólares. “Este sujeto criminal intentó colarse en el proceso de paz, el cual también es conocido como alias Gafas, era un narcotraficante profesional y estuvo asociado a un grupo criminal conocido como los Matamba”, señaló en su momento el presidente Iván Duque.
En medio de todo este difícil panorama, el fin de semana pasado el director Nacional de la Policía, general Óscar Atehortúa, acogió la petición de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, de priorizar la erradicación de cultivos de coca en Jamundí. Así lo anunció el alto oficial durante la presentación de los golpes dados a estructuras delincuenciales en este departamento. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre cultivos de coca en Colombia, Jamundí tiene 300 hectáreas (25 %) de las 1.200 que se han identificado en el Valle del Cauca.
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