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Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, está a punto de ganar una batalla en la Corte Constitucional: la posibilidad de impugnar la condena de 17 años y cinco meses de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 por irregularidades con tres convenios que suscribió su cartera en el programa Agro Ingreso Seguro. Este caso, que ha sido caballito de batalla en escenarios de la política colombiana, hoy es eje de un debate jurídico histórico que anticipa un choque entre las altas cortes y que podría tener efectos directos desde 39 hasta 232 personas que fueron condenadas por la Corte Suprema a partir de 1991.
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La decisión que está por tomar la Corte Constitucional es para el exministro la opción de que un segundo juez revise su sentencia. Una situación que la Corte Suprema le negó cuatro veces. Las razones, con diferencias, fueron las mismas: que Arias fue juzgado bajo las reglas de juego que existían en ese momento en la ley colombiana, por lo que los procesos de aforados como él (ministros, gobernadores, congresistas y generales) solo tenían una instancia. La Corte concluyó que su condena es cosa juzgada, sin posibilidad de cuestionarse a pesar de que en 2018 haya entrado a regir una reforma que creó la doble instancia para los aforados.
El argumento principal de Arias es que desde 2014 la Corte Constitucional dejó en claro que toda sentencia condenatoria tiene derecho a ser impugnada. Esa decisión dio un plazo al Congreso de dos años para regular en esta materia. Sin embargo, nada hizo, el tiempo venció en abril de 2016, y dejó un vacío jurídico que abrió la puerta a discusiones como el caso Arias. Desde entonces, son múltiples las peticiones, vía tutela, para que se conceda esa posibilidad y la Corte Constitucional ha dejado clara su posición. En sus debates ha resaltado la importancia de dos derechos que parecen similares, pero no lo son: la doble instancia y la doble conformidad.
Como explicó el reconocido jurista Rodrigo Uprimny, la doble instancia permite que una sentencia de un caso cualquiera pueda ser apelada ante un superior, sin importar si fue condena o absolución. En cambio, la doble conformidad da la posibilidad de que una sentencia, cuando es fallada por primera vez, pueda ser examinada por otro juez para analizar si fue correctamente impuesta. La discusión jurídica actual gira alrededor de si esa “primera vez” incluye a personas que, como Arias, fueron condenadas en procesos de única instancia. La respuesta en la Corte Constitucional, al revisar sus pronunciamientos pasados, apunta a que sí.
Por ejemplo, en mayo de 2019, la Corte Constitucional en uno de sus fallos dijo textualmente: “El derecho a la doble conformidad de la sentencia penal condenatoria es un componente del debido proceso penal, que supone que toda persona que se vea afectada por una decisión condenatoria de carácter penal tiene derecho a impugnarla a través de un mecanismo que permita la revisión de todos los elementos que conllevaron a la decisión condenatoria”. Allí, explicaron fuentes, no se diferencia entre ciudadanos de a pie ni ministros de cualquier color político, pues se trata de un derecho fundamental en la justicia que es el debido proceso.
Uno de los argumentos de la Corte Constitucional para proteger el derecho a la doble conformidad es que está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificados por Colombia en 1969 y 1976. Este debate plantea una deuda pendiente de la estructura misma del Estado colombiano. Aunque los aforados tienen doble instancia desde 2018, ¿qué pasa con otras 232 personas condenadas por la Corte Suprema desde 1991 bajo reglas de juego pasadas? ¿Debe permitirse la impugnación de todas esas sentencias que hablan de los episodios como la parapolítica, la yidispolítica o el espionaje del DAS?
Para la Corte Suprema de Justicia, que emitió esos 232 fallos, la respuesta es un no rotundo y en mayúsculas. Un no que tiene como fundamento la defensa de la legitimidad de sus actuaciones y la seguridad jurídica del Estado, pues esas sentencias son cosa juzgada, los procesos penales terminaron, están cerrados y gozan de plena legalidad. Para los integrantes de la Sala Penal es un irrespeto que atenta contra la propia Corte Suprema. “Catástrofe” o “cataclismo” son algunas de las palabras usadas en los pasillos del máximo tribunal de la justicia ordinaria. “Esperamos que gane la sensatez”, dijo una fuente de esa Corte a este diario.
De la forma como la Corte Constitucional falle el caso Arias dependerá la magnitud del choque con la Corte Suprema de Justicia y lo que sucederá con las 39 personas que han sido condenadas entre 2014 y 2018, y las 193 desde 1991. Esto es así porque se espera que el tribunal constitucional aproveche este caso y zanje de una buena vez las dudas que hay sobre si la posibilidad de impugnar las condenas emitidas por primera vez va hasta 2016, cuando se venció el plazo dado por la Corte para regular la materia, hasta 2014, cuando se tomó la decisión de la Corte Constitucional, o desde 1991, cuando se creó la nueva Constitución Política.
Esta discusión es lo que ha provocado diferencias en la Corte Constitucional. La posición del magistrado Alberto Rojas, expuesta en un salvamento de voto en otro expediente, es que este derecho (doble conformidad) “existe desde la Constitución de 1991, debido a que expresamente se reconoció en su artículo 29” y aplica para casos que se adelantaron “bajo la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, sin importar el estado procesal en el que se encuentre”. En la otra orilla está Carlos Bernal, quien aseguró que no es un derecho absoluto que pueda aplicarse de manera retroactiva sin límite de tiemporazonable: “No solo restringe fuertemente la expectativa legítima de quienes, afectados por el delito, confiaron en la justicia penal y en la firmeza de las decisiones en las que entendieron que se habían hecho efectivos sus derechos”.
El caso Arias también tiene un componente internacional. En noviembre de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que el Estado colombiano vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Comité, toda persona tiene derecho a que un fallo condenatorio sea sometido a un tribunal superior y que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser elegidos. Esta última apreciación la dio en razón a la inhabilidad para hacer política que trae consigo una condena en Colombia. El dictamen concluyó que el Estado debe darle a Arias un recurso y dio un plazo de 180 días para informar su respuesta.
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Fuentes consultadas estiman que la Corte Constitucional concederá la tutela a Arias como cumplimiento del mandato internacional y, con esto, evitará que el choque de trenes con la Corte Suprema se dé en mayores proporciones. En este escenario, el pronunciamiento sería inter partes (entre las partes) y no podría ser usado por todas las personas que fueron condenadas en las mismas condiciones que Andrés Felipe Arias. Entre los 39 nombres que resaltan por condenas entre 2014 y 2018 están, por ejemplo, los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, condenados por la yidispolítica, el escándalo que estalló durante la aprobación del proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe.
También están María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenada junto con Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia, por espiar a periodistas y magistrados; además de Jorge Noguera, exdirector del DAS, también por las denominadas “chuzadas”. Asimismo, excongresistas condenados por parapolítica. Varios de esos casos están ya moviéndose ante organismos internacionales reclamando su derecho a una doble instancia. Fuentes explicaron que incluso estos exfuncionarios esperarían a tener un dictamen internacional a su favor para luego sí pedir la impugnación de sus condenas ante la Corte Suprema.
Si la Corte Constitucional en esta ocasión no zanja los pormenores de este debate, la discusión solo promete profundizarse. Reconocidos abogados penalistas consideran que la decisión que se tome sobre Arias será un precedente que podrán invocar ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar las condenas de sus clientes y que, en caso de no ser así, se estaría violando el derecho a la igualdad de cientos de personas. Más si se tiene en cuenta que es una decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. “Si se restringe a ello (al dictamen internacional), adelantaré acciones para lograr el derecho a la igualdad”, dijo el penalista Iván Cancino.
El abogado dijo que uno de sus casos ante la Corte Suprema es similar al de Arias: la condena al excongresista Pedro Muvdi en 2017 a trece años de prisión por parapolítica. Como defensor, Cancino apeló y el alto tribunal no le concedió el recurso. El jurista Andrés Garzón, a quien la Corte también le negó apelaciones que hizo en favor de sus defendidos, opinó en el mismo sentido. En su criterio, si la Corte Constitucional reconoce el derecho a la doble conformidad de Arias, lo debe hacer para todos quienes han sido condenados y no se les ha reconocido la posibilidad de que un segundo juez revise la decisión.
Si se concede la tutela al exministro, Garzón anunció que acudirá a los estrados en favor de sus clientes, entre quienes están el excongresista Rubén Quintero Villada, condenado por parapolítica; Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, condenado por un peculado; y Salvador Arana, exgobernador de Sucre, condenado por desaparición forzada y homicidio, entre otros. “Hay personas que no tienen la posibilidad de acudir a tribunales internacionales, principalmente por plata. Sería discriminatorio. Que haya revisión de sentencias en nada afecta la Corte, porque sus decisiones se presumen legales y acertadas”, agregó Garzón.
El abogado Jaime Granados, quien representó a Bernardo Moreno, dijo que la decisión de la Corte, por más que se refiera solo a Arias, podrá ser usada por todos los aforados. En lo que también coinciden los abogados es en que esta decisión no necesariamente implicará que los casos prescriban y sean, en consecuencia, archivados. Y ese es el temor que ha sido expresado públicamente por algunos juristas que consideran que si una persona condenada por parapolítica en 2014, o antes de esa fecha, solicita una segunda instancia, sus casos podrían estar prescritos. Un debate que ha sido eje central en la discusión del caso Arias en la Corte Constitucional.
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En la Corte Suprema la preocupación sobre el tema de la prescripción es latente, pues afectaría a decenas de expedientes de un proceso clave: la parapolítica. Los abogados consultados y personas que conocen de cerca el expediente Arias insisten en que no habría riesgo de que eso pase y que lo importante es establecer criterios claros al respecto. “Lo mejor que se podría hacer ahí sería que no operara la prescripción. Tendría que volverse a contar a partir del día que activen el derecho (a impugnar la condena)”, dijo, Cancino. Garzón agregó que tampoco hay posibilidad de que haya prescripción, pero que sería razonable que la Corte Constitucional se pronuncie sobre ello.
En esta materia, de hecho, hace falta regulación sobre varios temas, como los plazos para presentar la impugnación y la definición de quién resolverá los recursos. Hasta el momento, la Corte Suprema modificó su reglamento y dispuso que una Sala de tres personas de la Sala Penal (que no hayan tomado decisiones en esos casos) sea la que defina las impugnaciones especiales, como ya avanza en los casos de Martín Morales Diz, Bernardo Elías Vidal, Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno, todos condenados en el 2018.
El futuro del caso de Andrés Felipe Arias en la Corte Constitucional marcará un hito histórico en la justicia colombiana. Si bien su proceso estuvo cruzado con intereses políticos, hoy es la punta de lanza para que más de 232 personas puedan solicitar que un segundo juez revise sus sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Las consecuencias de que esto suceda marcarán las relaciones entre estas dos altas cortes, que terminaron perjudicadas ante la inactividad del Congreso para legislar sobre el debido proceso en los casos de aforados. La última palabra la tienen los magistrados de la Corte Constitucional.
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