Caso Bula: ¿fallo justo o venganza?

Los hechos que tienen a Bula tras las rejas se remontan a 2007, cuando, actuando como liquidador designado por la DNE de cuatro propiedades incautadas a la familia Nasser Arana, condenada por narcotráfico, alteró los avalúos comerciales de los bienes para recibir una coima de $327 millones, en detrimento de las arcas estatales, que perdieron más de $31.000 millones.

En octubre de 2013, Bula llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que, a cambio de colaborar con la justicia, sólo fue procesado por peculado y se le suspendieron investigaciones por fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento privado y público. Del acuerdo derivó la condena emitida por el Juzgado 25 Penal de Bogotá en julio de 2014 a ocho años de prisión.

¿Qué argumentó el Tribunal para modificar esa pena? El Espectador buscó el fallo y en él leyó que una de las razones para imponerle una sentencia más severa es que Bula tenía una posición distinguida en la sociedad y, habiendo sido fiscal y secretario privado del exministro del Interior Fernando Londoño, se esperaba de él un comportamiento distinto al de defraudar al Estado.

Con la intención de evitar una doble incriminación, el juez en primera instancia descartó agravar la pena por coparticipación criminal. En la apelación de la DNE al fallo quedó consignada la sorpresa por esta decisión: “No se entiende cómo la autoridad judicial la había descartado cuando era fácilmente deducible de los acontecimientos”. Esa noción fue ratificada por los magistrados del Tribunal, que resaltaron que el acusado reconoció la vinculación de otras personas en los sucesos.

Además sostuvieron que el juez no estaba facultado para otorgarle a Bula una rebaja del 45% de la pena sino, máximo, de la tercera parte, que es lo que procede cuando el acusado se allana a los cargos durante la formulación de acusación, como lo hizo el condenado.

Bula sostiene que el fallo es una venganza del magistrado ponente, Juan Carlos Garrido, quien fue su subalterno en la Fiscalía y salió de la entidad por petición suya a Mario Iguarán, entonces fiscal general. “Hay una venganza del magistrado Garrido y de los afectados con mi colaboración. Quieren callarme”, le dijo a este diario.

En la Fiscalía también están preocupados por este fallo del Tribunal y ven con sospecha que un representante de la DNE haya apelado el fallo de primera instancia cuando Bula ya ha aportado para que se abran más de 25 procesos en contra de personas como el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz.

¿Venganza o fallo justo? Eso lo podría decidir la Corte Suprema si selecciona el caso para casación. De no hacerlo, Bula enfrentaría sin remedio la sentencia de 18 años de cárcel.