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Desde febrero pasado se ha venido cocinando un escándalo de corrupción que ya encendió motores por cuenta de las menciones de altos funcionarios, las denuncias públicas y el abordaje de todas las entidades investigativas al caso. Lo que empezó como una denuncia periodística por sobrecostos en un contrato para abastecer de agua a La Guajira, es ahora un expediente político y judicial por el que ya salieron de sus cargos el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y la exconsejera presidenciales para las regiones, Sandra Ortiz. El exsecretario de Transparencia, Andrés Idárraga, había quedado por fuera del gobierno, el viernes pasado, pero este lunes fue reintegrado por el presidente Gustavo Petro.
Los exfuncionarios de la Ungrd son hoy el centro del debate, pues públicamente han dicho que están dispuestos a negociar con la Fiscalía, contar todo lo que saben, pero solo si les brindan seguridad y a cambio de beneficios penales. En medio de esas declaraciones, ya salieron mencionados, no solo Ortiz e Idárraga, sino también los presidentes de la Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Todos han dicho que nada tienen que ver en el caso, pero ya preparan sus propias defensas judiciales.
El origen del caso carrotanques
En febrero pasado, W Radio denunció las inconsistencias que rodean un contrato de $46.800 millones para la compra y funcionamiento de carrotanques de abastecimiento de agua para la población vulnerable en La Guajira. Cuarenta carrotanques recién comprados estaban completamente abandonados en una base militar. Cuando el medio de comunicación revisó los papeles, encontró que hubo sobrecostos palpables de hasta $20.400 millones en la compra de esos vehículos y reveló que la Ungrd había comprado cada carrotanque acondicionado con su tanque a más de $1.170 millones, cuando debían haber costado $664 millones cada uno.
¿De dónde salen esas cifras? El medio radial conoció la cotización hecha por el fabricante de vehículos Kenworth de La Montaña, que había dado como valor máximo para los vehículos un precio de alrededor de $554 millones. Y que la empresa Romarco, fabricante de los tanques de acero inoxidables, le vendió a la UNGRD cada pieza a $110 millones. Por tanto, en cada uno de esos carrotanques habría un desfalco de más de $500 millones. Esas inconsistencias motivaron a que el pasado 29 de febrero, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, renunciara asegurando que en su contra jugó la “falta de experiencia”. La Procuraduría inició, al tiempo, una investigación disciplinaria en su contra.
La versión de Sneyder Pinilla
Desde febrero pasado, el foco se centró en las labores, al parecer ilegales, de Olmedo López. Sin embargo, hace unas semanas, fuentes cercanas al caso le contaron a El Espectador que el exdirector de la Ungrd estaba buscando espacios para negocias con la Fiscalía. En términos muy sencillos, esto significa que tenía información para confesar delitos o revelar la identidad de otros involucrados. Sin embargo, a este camino de la negociación se le adelantó su colega, Sneyder Pinilla y su abogado, Gustavo Moreno, condenado por el cartel de la toga.
El martes 30 de abril se conoció un documento en el que las partes le presentaban oficialmente a la Fiscalía su solicitud de negociación. La carta incluía la lista de varios personajes, como los presidentes del Senado y Cámara, Name y Calle, quienes, según Pinilla, habrían participado del esquema ilegal en el que habrían ocurrido hechos de corrupción. Sin embargo, no dio más detalles ni pruebas de la relación entre ellos dos y el escándalo. Sus declaraciones subieron de tono, cuando a la revista Semana le contó detalles hasta el momento desconocidos del contrato de carrotanques.
En síntesis, explicó que la razón de los sobrecostos está en, al menos, dos sobornos de $4.000 millones entregados en dinero en efectivo a los presidentes de la Cámara y el Senado, con el objetivo de promover las reformas del gobierno en octubre pasado. Aunque no lo ha confesado formalmente, también dio a entender que él mismo recibió una tajada, así como su jefe directo, Olmedo López. Según Gustavo Moreno, la Fiscalía no ha querido recibir a Pinilla, sin embargo, el ente investigador ha insistido en que sí lo ha citado en varias ocasiones, pero no ha asistido al llamado.
“Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado”, le dijo a Semana el exsubdirector Pinilla.
Además, señaló al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de supuestamente mediar para que ambos sobornos, de $3.000 millones para Name y de $1.000 millones para Calle, terminaran favoreciendo las iniciativas del gobierno en las reformas que se han tramitado en el Congreso.
¿Qué ha dicho Olmedo López?
El exdirector de la Ungrd había guardado silencio desde febrero hasta que, en una comunicación divulgada este fin de semana, sustentó públicamente la hipótesis de que habría recibido órdenes para firmar los supuestos contratos corruptos, lo cual se suma a las palabras de Pinilla de que se trató de “una política de Estado”. “Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo”, dijo López. Y pidió, ante toda la opinión pública, la oportunidad de acceder al principio de oportunidad con la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, para contar “toda la verdad”. Es decir, Olmedo López buscará darle al ente investigador nombres, pruebas y otras verdades de las cuales podrían caer más personas.
La salida planteada por Pinilla y López
“Él tiene la plena intención de colaborar ante la justicia. De que la verdad salga a la luz (será) siempre y cuando la protección de su vida y la de su familia se garantice por parte de la Fiscalía”, le dijo a Caracol Radio el abogado José Luis Moreno, quien representa a Olmedo López. Tanto él como su exjefe han tocado las puertas de la Fiscalía, buscando la concesión del principio de oportunidad. Se trata de un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal que únicamente se les puede otorgar a las personas que cometen delitos por primera vez. Pinilla ha sido insistente en que busca esa salida, por cuanto la fiscal general Luz Adriana Camargo ha dicho que quiere buscar este tipo de negociaciones para descongestionar la justicia y llegar a todos los implicados posibles en un expediente.
Ambos, Olmedo y Pinilla, han insistido en que entregarán una “matriz de colaboración” a la Fiscalía, siempre y cuando, en principio, les garanticen seguridad por cuenta de supuestas amenazas recibidas en estos días. En caso de que se cumplan esos requisitos, Olmedo y Pinilla deberán acercarse al despacho del fiscal que lleve el caso y presentar una petición con todas las pruebas que puedan ser del interés del ente investigador. Asimismo, Olmedo y Pinilla deberán presentar una fórmula de arreglo a las víctimas, que en este caso podría ser el Estado. Es decir, como bien lo decía el abogado Moreno, “reparar” devolviendo la tajada del pastel que aparentemente se tomó. En todo caso, un juez de la República definirá si el acuerdo es suficiente y es una garantía para la justicia.
¿Quiénes son los otros mencionados?
De acuerdo con la información de Pinilla, la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, habría sido la “mensajera” a través de la cual se le habrían entregado $3.000 millones al presidente del Senado, Name, en dos días distintos. Según Pinilla, al presidente de la Cámara, Andrés Calle, se le entregaron $1.000 millones en efectivo en su apartamento en Montería (Córdoba). Sobre el ministro Velasco, Pinilla lo mencionó como un supuesto asistente a las reuniones con Olmedo López, donde se habría fraguado el pago ilegal. Velasco, en diálogo con Blu Radio, aseguró que no descarta el hecho de que le hayan sacado plata a la Ungrd, pero que, en todo caso, para ayudar al gobierno en el Congreso no fue.
“Primero tienen que demostrar que realmente repartían el dinero. Tienen que llamar a la gente y decirle, ¿para qué? Porque para ayudarle al Gobierno no fue. Además, sí quiero decirle, y en esto con la mayor firmeza, todas las actuaciones que teníamos con el Congreso yo las hablaba con el señor presidente y el señor presidente es, ha sido y será enfático en no aceptar este tipo de actuaciones. Que haya o no hayan entregado dinero es una cosa, pero decir que se entregó dinero para aprobar las reformas cuando está hundida la reforma de la salud, cuando se demoraron siete meses en agendar de nuevo para debatir la reforma pensional. Suena bastante contradictorio”, dijo Velasco en entrevista.
El caso Idárraga
“Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque si no ahí sí me dirían dictador, y con justa razón, de todas maneras, deben salir por los indicios”. Con esas palabras, el pasado 3 de mayo, el presidente Gustavo Petro apartó de su cargo al secretario de Transparencia, el denominado zar anticorrupción del gobierno, Andrés Idárraga. El abogado José Luis Moreno había pedido su retiro de la Mesa Técnica que conformó el gobierno para investigar los hechos, pues, según la defensa de Olmedo López, habría realizado “varias solicitudes (al exdirector de la UNGRD), entre ellas, la atención de varios alcaldes, en el marco de un posible tráfico de influencias”. Idárraga públicamente se defendió asegurando que él mismo denunció penalmente a Olmedo López el pasado 29 de febrero.
No obstante, este lunes 6 de mayo, el presidente Petro se echó para atrás y respaldó a su secretario de Transparencia. “Luego de una conversación con el Presidente Gustavo Petro, se decidió que el Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, continuará en su cargo, también de mutuo acuerdo. El Presidente de la República personalmente garantizará que todas las entidades de control cuenten con total autonomía para investigar los supuestos hechos en los que se les vincula. El Gobierno no es el encargado de juzgar, ni debe intervenir en ningún proceso judicial”, señaló la Presidencia a través de un comunicado de prensa.
¿Qué pruebas hay?
Desde que estalló el escándalo, son pocas las pruebas documentales que reposan en el expediente. Las más gruesas son los contratos de los carrotanques que mostrarían, no solo sobrecostos, sino también que la empresa a la que se le adjudicó el contrato no tendría la experiencia para desarrollar el negocio. Sobre las pruebas contra personajes como Sandra Ortiz, el ministro Velasco, y los presidentes Name y Calle, por ahora no hay más que la mención de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ante esos vacíos, es clave lo que pueda encontrar la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para soportar las denuncias.
En este momento, el caso es del máximo interés de las autoridades. La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria y ha pedido insistentemente a los exfuncionarios de la Ungrd que entreguen sus pruebas a la entidad. Así mismo, la Fiscalía aseguró tener las puertas abiertas para ambos y, de hecho, ya ordenó seguridad para Sneyder Pinilla, quien tiene cita en el búnker este 8 de mayo. De igual forma, la fiscal Camargo aseguró que seguirá con sus indagaciones con o sin la ayuda de los exfuncionarios públicos. Por último, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación con miras a establecer responsabilidades en el caso de los presidentes Calle y Name, quienes niegan haber recibido un peso.
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